La privatización de la industria eléctrica también alteró sustancialmente el modelo laboral y sindical construido sobre el monopolio estatal energético.
Por José Antonio Almazán G.
Regeneración, 14 septiembre 2017.- La privatización de la industria eléctrica no solo trastocó radicalmente el proyecto de nación asentado en el monopolio estatal y la exclusividad nacional sobre el petróleo y la prestación del servicio público de energía eléctrica, también alteró sustancialmente el modelo laboral y sindical construido sobre el monopolio estatal energético. Tal es el caso del SME, pero no solo. De ahí que sus resultados avizoran el porvenir tanto en CFE como en PEMEX cuyos modelos laborales contenidos en sus Contratos Colectivos de Trabajo son muy similares al que tenía el SME; no así en lo relativo a sus estructuras sindicales (petroleros y electricistas) cuyas normas garantizan un férreo control charro y en lo relativo al SME posibilitaban una rotación periódica, mediante el voto universal, secreto y directo, y la duración de 2 años en los cargos sindicales, hoy ampliados a cinco años, que impedía su charrificación más no su burocratización.
En el caso del SME no solo se barrió un Contrato Colectivo de Trabajo con elevadas conquistas obreras (ahorro, aguinaldo, vacaciones, prestaciones en especie, salario remunerador, despensa, transporte, renta y programa habitacional, atención médica, derecho a la jubilación, seguro sindical, derecho a la energía eléctrica, derechos de la mujer trabajadora, reconocimiento de riesgos de trabajo, particularmente riesgo eléctrico, etc.). Se eliminaron también formas embrionarias de control y gestión obrera en el último CCT 2008-2010 tales como: Turnos y trabajadores de clase A, B y C, condiciones laborales, derechos escalafonarios, jornadas de trabajo, regulación en materia de seguridad e higiene, trabajo permanente. La Cl 10 Materia de trabajo, que le permitió al SME enfrentar las lacras del contratismo que permea en el sector estatal. La CL 30 que posibilitó al SME incrementos salariales basados en el aumento de la calidad y cantidad de trabajo, independientemente de los incrementos anuales.
Junto con el CCT se eliminaron decenas de convenios laborales, que permitieron a miles de trabajadores electricistas ejercer control y vigilancia sobre sus condiciones de trabajo y sus dirigentes sindicales. En su lugar la dirección del SME negoció un raquítico contrato colectivo con apenas los mínimos de la LFT para 541 trabajadores y un futuro precario, parcial y temporal para el resto de 14 mil trabajadores, hoy convertidos en cooperativistas sin empleo. De tal nivel fue el golpe propinado, iniciado por Calderón y coronado por Peña Nieto, que incluso contratos colectivos o de obra determinada bajo el control charro como en Ferrocarilles y el SUTERM están por encima del SME. Este nuevo modelo laboral es la contraparte de la nueva estructura corporativa con la que se sustituyó al monopolio público LyFC en la región central del país. Por un lado la empresa privada Generaradora Fénix, subsidiaria de la trasnacional Mota Engil y por otra la Cooperativa del SME LyF del Centro, en la que se agrupan alrededor de 14 mil ex trabajadores de LyFC que se liquidaron en agosto de 2016 y que a la fecha en más de un 95% carecen de empleo.
De acuerdo a su acta constitutiva la Generadora Fénix es un Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, S.A.P.I de C.V., con Folio mercantil 536499 y Escritura 128360 del 23 de septiembre de 2015, inscrita en en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, cuyo objeto social es la generación eléctrica con posibilidad de expandirse mediante asociación al suministro y comercialización eléctrica, a través de subsidiarias y filiales, como también incursionar en la transmisión y distribución. Su Capital Social, con información actualizada al 18 de julio de 2017, asciende a 100,000, sin valor nominal. De las cuales 9 acciones por un monto de 9000 son propiedad de la Cooperativa del SME, 40 acciones por un monto de 40,000 son propiedad del SME y Mota Engil es propietaria de 51 acciones por un monto de 51,000. Con una Administración colegiada en la que aparece como Vocal Martín Esparza Flores, Secretario General del SME.
Conforme a su acta constitutiva, la Cooperativa LF del Centro con Folio mercantil 538215 y fecha de inscripción del 23 de junio de 2015 en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, cuenta con un Capital Social de 25,000 pesos. Con acciones suscritas por 25 miembros de la dirección del SME encabezados por Martín Esparza Flores. Su Objeto Social está enfocado al sector energía, pero considera una amplia variedad de participación y asociación con sociedades mercantiles tanto nacionales como extranjeras, así como con sindicatos.
En esta reconfiguración del modelo laboral energético los Estatutos sindicales del SME no quedaron al margen. Para dar cuenta de los radicales cambios en la estructura corporativa se promovió en septiembre de 2015 una reforma a los estatutos sindicales del SME, para adecuarlos a la nueva realidad de un sindicato nacional de industria paradójicamente integrado por 541 trabajadores, más de 14 mil socios cooperativistas y 19 mil jubilados. Dicha reforma buscó incorporar como miembro activo del SME al nuevo sujeto de los socios cooperativistas mediante una adición a su artículo 7. Sin embargo dejo pendiente la adecuación de decenas de artículos que continúan definiendo derechos y obligaciones sindicales de los miembros activos exclusivamente a partir del concepto de trabajador y trabajador de planta, y en demérito de los socios cooperativistas.
La otra reforma a los históricos estatutos sindicales del SME consistió en ampliar el tiempo de duración en los cargos sindicales de 2 a 5 años y aplicar retroactivamente estos cambios. Esta reforma además de violentar el artículo 14 constitucional va en sentido contrario a la historia del SME desde su fundación en 1914 y solo favorece una mayor burocratización, autoritarismo e intolerancia en la dirección del SME; alienta la corrupción en la administración de los bienes y patrimonio del sindicato y obra en contra de su democracia sindical; lesionando el voto universal, secreto y directo, que durante décadas frenó la charrificación del SME.
La dirección del SME modificó los Estatutos del SME para ganar tiempo y poder consolidar sus proyectos de políticos. Saben bien que en la resistencia del SME hay un descontento generalizado, apenas contenido por el clima de posibles represalias como la que aplicaron en contra de más de 20 compañeros a los que se les negó el derecho de ser socios de la Cooperativa. La dirección del SME tiene muy claro que el regreso al trabajo será parcial, (pues no habrá empleo para todos los 14 mil socios de la Cooperativa), temporal (pues los que alcancen a trabajar lo harán solo por algunos meses al año) y será precario, (pues los salarios serán bajos y sin prestaciones sociales como las que se tenían en el CCT del SME-LyF). Ampliaron el tiempo de duración en los cargos de la dirección del SME a 5 años para ganar tiempo, aplastar cualquier crítica al interior del SME y consolidar sus fracasados proyectos políticos como la OPT. Después de los 5 años, que concluyen en 2019 y 2020, irán por la reelección siguiendo los pasos del charro mayor Fidel Velázquez.
Como ha anunciado la dirección del SME a partir de estas nuevas estructuras corporativas, se crearán nuevas empresas eléctricas privadas, resultado de la asociación del SME con Mota Engil, lo mismo para el suministro eléctrico básico que para usuarios eléctricos calificados. Desde esta perspectiva que muestra que la ampliación y profundización de la privatización eléctrica sigue su curso, la pregunta clave es, ¿puede la electricidad constituirse en una herramienta para el desarrollo nacional?, como pregona la dirección del SME, para justificar su aval a la privatización. ¿O declararse a favor de la renacionalización de la industria eléctrica pero desde la lógica de los negocios eléctricos privados?
Lo cierto es que, pese al plantón de 40 días en la Segob, sigue pendiente la firma del contrato de compraventa entre Generadora Fénix y la CFE; a 996 pensionados el gobierno federal les sigue adeudando desde hace tres años el 50% de sus liquidaciones y aguinaldos; no ha concluido la entrega de predios y terrenos debidamente titulados al SME; y a punto de cumplirse 8 años del decreto de extinción de LyFC 14 mil electricistas siguen preguntando ¿y el trabajo para cuándo?
