Por Jenaro Villamil | Homozapping
Regeneración, 3 de agosto 2014.-La inclusión de dos transitorios en la Ley General de Deuda Pública, discutida en la Cámara de Diputados en el marco de la reforma energética, generó una de las polémicas más agrias por la pretensión de absorber una parte de la obligación del pago de pensiones de los trabajadores de Pemex, cuyo monto total asciende a casi 1.7 billones de pesos, cifra cercana al 10 por ciento del Producto Interno Bruto mexicano, según admitió el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Sin embargo, para un grupo de asesores de la bancada del PRD en el Senado, el verdadero problema no está en absorber los 1.7 billones del pasivo laboral sino la pretensión de crear un “dumping fiscal” que afectará las finanzas de Pemex y beneficiará a los contratistas privados, a través de los mecanismos establecidos en el nuevo Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, aprobado finalmente en San Lázaro por 336 votos a favor y 114 en contra.
En el caso de los pasivos laborales, la decisión se incorporó en el transitorio tercero de la Ley General de Deuda Pública que propone que el gobierno federal asuma una parte de la obligación del pago de pensiones y se cambia el contrato colectivo para que cada trabajador individualice sus pensiones.
En el transitorio cuarto se establece que el gobierno federal también asuma una parte del pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad correspondiente a los trabajadores contratados antes del 18 de agosto de 2008, ya que después de esa fecha pasaron al régimen individualizado.
La aprobación de estos dos transitorios provocó que los legisladores de las izquierdas –PRD, PT y MC- bautizaran a este nuevo rescate como el Pemexproa, así como un airado contraataque del PRI y del PAN para advertir que no se trataba de una nueva deuda y su impacto negativo en las finanzas públicas.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, afirmó que “el impacto neto sobre las finanzas públicas nacionales sería positivo” ya que “debemos tener en mente que Pemex ya es, y seguirá siendo, parte del sector público federal”.
“Todos los gastos que hace Pemex, incluyendo los gastos de pensiones y jubilaciones, ya son parte del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo tanto, trasladar un peso de pago de pensiones de Pemex al gobierno federal no modificaría el gasto público, simplemente sería un cambio en el lugar en que se registra el presupuesto federal”, argumentó Videgaray en un artículo publicado el 28 de julio en Milenio Diario.
El senador del PRI, David Penchynna, presidente de la Comisión de Energía, afirmó esta semana que el escándalo generado por los pasivos laborales es una “trampa mediática” y resultado de “verbalizar mal las cosas, como si fuera una deuda”.
“No trasladar esa tercera parte de la deuda, hacerla deuda soberana, es dejarla en la panza de Pemex, que generará dos problemas: que sea más cara financiarla, la cual sería una tontería, y dos, echaría por suelo la voluntad de un Pemex fuerte”, insistió el principal responsable de la dictaminación de la reforma energética en el Senado.
Ni el secretario de Hacienda ni los legisladores del PRI que han salido a defender esta decisión han mencionado que las estimaciones del pasivo laboral de Pemex puede sufrir cambios, al grado de que en lugar de decrecer pueden incrementarse, tal como confirma el informe del auditor externo de la paraestatal y los informes presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Tan sólo un dato de los informes financieros de Pemex: en 2012 el pasivo laboral de la petrolera era de 731 mil millones de pesos, pero en 2013, este pasivo se incrementó a 1 billón 288 mil millones, es decir, 76 por ciento más con sólo un año de diferencia.
El informe del auditor externo señala que este aumento no se debió a la modificación del esquema de beneficios para los trabajadores, sino al cambio de las hipótesis o supuestos de cálculo. Entre esos factores mencionó los siguientes: disminución de la tasa de descuento y rendimiento de los activos del plan de 8.65 a 6.90 por ciento; aumento de la tasa de incremento de la gasolina de 4.50 a 7.10 por ciento; disminución de la tasa de incremento del costo de la canasta básica.
El análisis del auditor indica también que Pemex no ha sido capaz de generar ahorros ni reservas suficientes, ya que tan sólo en 2013, sólo tenía 4,318 millones de pesos, es decir, el 0.4 por ciento del monto equivalente al pasivo. Estos recursos sólo alcanzarían para cubrir el 12.4 por ciento de las pensiones que deben pagar en un año.
Para la senadora Dolores Padierna, del PRD, el problema no está en absorber el pasivo laboral sino en modificar el régimen fiscal de Pemex. En su respuesta al análisis del secretario de Hacienda, la legisladora argumentó que “una buena idea para Pemex sería disminuir la carga fiscal futura para la empresa paraestatal”, algo que se han negado en las discusiones de la reforma energética los legisladores del PAN y del PRI.