El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) emitió recomendaciones para proteger la libertad de expresión en México dirigidas al Presidente.
Regeneración, 3 de mayo 2017.- En el informe especial del Comité para la Protección de Periodistas una organización internacional se afirma que “la prensa mexicana está atrapada en un ciclo letal de violencia e impunidad y los periodistas del estado de Veracruz, en particular, corren el riesgo de ser secuestrados y asesinados”.
La organización señaló que “la falta de voluntad política para acabar con la impunidad convierte a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo”.
A continuación, las recomendaciones emitidas por el CPJ
Al Presidente Enrique Peña Nieto:
-Comprometerse públicamente a abordar la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión, comprometerse a resolver estos delitos y dar prioridad a la seguridad y la protección de los periodistas en la agenda de su gobierno durante el período restante de su mandato.
-Utilizar las plenas facultades del cargo para asegurar que todos los ciudadanos, entre ellos los integrantes de los medios de comunicación, puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión conforme está garantizado en los Artículos 6 y 7 de la Constitución.
-Asegurar que los funcionarios federales encargados del cumplimiento de la ley se hagan cargo con responsabilidad de todos los ataques contra la prensa que ocurran en sus respectivas jurisdicciones y ordenar a los funcionarios federales investigar estos casos exhaustivamente, enjuiciar a los autores y hacer que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley.
-Utilizar su influencia para asegurar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) tenga suficiente autoridad y recursos para aplicar la ley con efectividad.
-Asegurar que el mecanismo de protección proporcione asistencia efectiva a los periodistas en riesgo y fortalezca la prevención para evitar ataques letales.
Al Procurador General de la República:
-Responsabilizar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que rinda cuentas de cualquier omisión en la investigación de estos delitos y que procese en la justicia a los autores.
-Asegurar que los funcionarios federales encargados del cumplimiento de la ley se hagan cargo con responsabilidad de todos los ataques contra la prensa que ocurran en sus respectivas jurisdicciones actuales según lo previsto por la ley.
-Ordenar a los funcionarios federales encargados del cumplimiento de la ley investigar estos casos exhaustivamente, enjuiciar a los autores y hacer que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley.
-Utilizar los plenos recursos del cargo para lograr procesamientos exitosos en los casos de José Moisés Sánchez Cerezo, Gregorio Jiménez de la Cruz, Marcos Hernández Bautista y otros periodistas asesinados, en los cuales se han identificado sospechosos y se han obtenido avances en las investigaciones.
-Proporcionar capacitación a los fiscales asignados a los delitos cometidos contra la libertad de expresión. Asegurar que esta capacitación aborde los problemas únicos en su tipo que enfrentan los periodistas y que destaque el papel vital que desempeña una prensa libre.
-Cooperar plenamente con la Procuraduría General de Justicia de cada estado en las investigaciones en curso de ataques contra la prensa.
-Exigir que las autoridades estatales cooperen y se comuniquen plenamente con su organismo.
-Asegurar que se persiga y condene a los autores intelectuales de los asesinatos de periodistas, además de a los autores materiales.
A las autoridades del estado de Veracruz:
-Exigir que la fiscalía del estado coopere plenamente con la Procuraduría General de la República en las investigaciones en curso de ataques contra la prensa.
-Asegurar que la policía investigue plenamente las amenazas contra los periodistas y los medios de comunicación y que la oficina de derechos humanos estatal disponga de los recursos necesarios para realizar investigaciones oportunas en el terreno.
-Asegurar que las investigaciones de los asesinatos de periodistas se abran en forma inmediata y que las solicitudes de cualquier grabación de video se efectúen ante C4, el organismo de seguridad pública que gestiona la red de vigilancia estatal, en los tres días de plazo límite previsto.
-Recabar el testimonio de testigos inmediatamente, inclusive bocetos, solicitar grabaciones de video y demás materiales de manera oportuna, realizar registros de sospechosos de manera eficaz, e investigar exhaustivamente las denuncias de intimidación.
-A la Organización de los Estados Americanos
-Responsabilizar al gobierno federal de México para que rinda cuentas de conformidad con el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión
-Interamericana de Derechos Humanos. El Principio 9 declara: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
-Fijar objetivos específicos para asegurar que México cumpla con las recomendaciones formuladas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El relator especial ha urgido a México a investigar plena, efectiva e imparcialmente estos crímenes, esclarecer los motivos y determinar los vínculos con el periodismo y la libertad de expresión.
Fuente: Aristegui Noticias