Los indígenas deben estar informados y ser consultados sobre los megaproyectos que se planean para sus tierras, indicó la ONU
Por Leticia Ánimas
Regeneración, 14 de agosto de 2018. Huauchinango, Pue. Antes de otorgar concesiones, licencias, permisos y otras autorizaciones que pudieran afectar derechos y generar conflictos en los pueblos indígenas, el Estado mexicano debe consultarlos sobre el concepto de desarrollo que quieran instrumentar en sus territorios, recomendó la relatora de la Organización de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz.
En el informe que la relatora especial presentará el mes próximo ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo y que fue elaborado con base en la visita que Tauli realizó a México entre el 8 y el 17 de noviembre de 2017 pasado, donde incluyó entrevistas con habitantes de la Sierra Norte de Puebla, donde existen 440 concesiones mineras, el territorio de 35 municipios está comprometido para el fracking, se proyecta la construcción de 11 hidroeléctricas y se construye el gasoducto Tuxpan-Tula de la empresa TranCanada, se considera que los megaproyectos de la industria extractiva son un «reto mayúsculo» para los derechos de los habitantes de los pueblos originarios.
«Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo, constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas», por lo que recomendó diálogos en condiciones de igualdad para definir sus propuestas de desarrollo.
La relatora de Naciones Unidas indicó que deben adoptarse medidas para que los pueblos indígenas cuenten con estudios del impacto sobre los derechos humanos que pudieran ocasionar los proyectos propuestos en sus territorios, realizados por entidades independientes de acuerdo a los estándares internacionales y tomando en cuenta el conocimiento de las comunidades sobre su hábitat.
Además de que el gobierno debe fortalecer las instituciones gubernamentales encargadas de fiscalizar las actuaciones de las empresas y de investigar y sancionar los daños ambientales y de salud que puedan sufrir los pueblos indígenas.
En cuanto al tema de la consulta indígena prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo consideró que “debe ser previa y se debe proporcionarles información adecuada sobre los impactos sociales, ambientales y culturales de dichos proyectos, y posibles medidas de mitigación, indemnización y beneficios. No debe procederse sin que se hayan implementado dichas garantías y se haya obtenido su consentimiento libre, previo e informado. Los pueblos indígenas cuyos derechos hayan sido vulnerados por dichos proyectos deben obtener justicia y una reparación integral”.
Tauli-Corpuz consideró que a la fecha “a la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos».