“Esto es el infierno, me torturan, pero yo no me rajo. Hijos, dejen que me pudra en la cárcel, pero no quiero que ustedes la pisen, porque me están amenazando que los que siguen son ustedes”, fueron las palabras del edil de Canoa narradas por su hijo Javier, entre sollozos
Regeneración, 10 de noviembre de 2014.-Organizaciones sociales y familiares del alcalde de Canoa, Raúl Pérez Velázquez, denunciaron que está siendo torturado física y psicológicamente por otros reos del penal de San Miguel a nombre del gobierno de Puebla, a fin de que sus hijos Javier y Rocío Pérez desistan de la lucha legal y defensa del pueblo náhuatl; de lo contrario, habrá cárcel también para sus vástagos.
La denuncia la hicieron Javier y Rocío Pérez, con el respaldo del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), y pobladores de las comunidades de La Resurrección y San Bernardino Chalchihuapan, quienes no descartaron que de fondo esté la disputa del pueblo de Canoa para tener el control de las tierras donde se instala la planta armadora de automóviles de lujo Audi.
Expusieron que la noche del jueves los custodios del penal sacaron a su padre de la celda y lo presionaron para detener el movimiento social en la comunidad. Al día siguiente, señalaron que casualmente recibieron una llamada de la Secretaría General de Gobierno el estado (SGG) para invitarlos a dialogar.
Pese a la protección de un amparo, un grupo de 15 agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla (PGJ) detuvo el pasado 31 de octubre al alcalde de Canoa, al salir de unas oficinas del gobierno capitalino, donde fue citado para realizar trámites en materia de obra pública.
El 2 de noviembre Pérez Velázquez fue trasladado al penal de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla, acusado supuestamente de incurrir en los delitos de amenazas, usurpación de funciones, robo agraviado y privación ilegal de la libertad.
Los pobladores señalaron que el encarcelamiento de Raúl Pérez también se debe a la oposición que mostró por el retiro del servicio del registro civil de Canoa, tal como lo ordenó el gobernador Rafael Moreno Valle en más de 600 comunidades de la entidad.
Javier y Rocío informaron que su padre les llamó por teléfono desde el reclusorio y les pidió que desistan del juicio de garantías que se interpuso para que recupere su libertad bajo caución.
“Esto es el infierno, me torturan, pero yo no me rajo. Hijos, dejen que me pudra en la cárcel, pero no quiero que ustedes la pisen, porque me están amenazando que los que siguen son ustedes”, fueron las palabras del edil de Canoa narradas por su hijo Javier, entre sollozos.
Los jóvenes, quienes asumieron la defensa de Canoa, expusieron que ahora más que nunca continuaron con la lucha legítima de Canoa por recuperar el servicio del registro civil, que atenta contra la identidad y los usos y costumbres de los pueblos.
Javier Pérez dijo que en vez de sentirse intimidado, siente rabia y coraje, por lo que solicitó a los demás pueblos romper el silencio por los abusos cometidos en su contra por el gobierno del estado.
Rocío Pérez, quien primero habló en lengua náhuatl y después su hermano Javier hizo la traducción, exigió la intervención del gobierno federal para que en Canoa no se viva un caso similar a Atenco, en el estado de México.
“Que el presidente Enrique Peña Nieto ponga atención a los pueblos indígenas de Puebla, en donde la autoridad está violando nuestros derechos, o aquí va a pasar otro Atenco”, declaró la joven.
Notoriamente conmovidos hasta las lágrimas, los informantes dejaron en claro que Canoa no es un pueblo violento, como ahora la autoridad del municipio de Puebla pretende encasillarlos por el caso que ocurrió en esta comunidad hace medio siglo.
Finalmente culparon al gobierno de Rafael Moreno Valle y al del alcalde Antonio Gali Fayad de lo que pueda pasarle a su padre y a su familia.
La denuncia se efectuó previo a la realización de un Foro de Organizaciones Sociales contra la Represión y por la Liberación de Presos Políticos que se efectuó este domingo en la comunidad de Chalchihuapan, donde hace cuatro meses se vivió un enfrentamiento entre pobladores y policías estatales que dejó el saldo de un niño muerte y cerca de un centenar de personas lesionadas.
El pasado jueves los hermanos Pérez acudieron a la Cámara de Diputados para denunciar la detención arbitraria de su padre, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dejar precedente de las violaciones a sus garantías.