Esta subordinación, además de otros factores como la falta de una estrategia clara para la persecución de delitos, les quitan eficacia y confianza ante la procuración de justicia.
Regeneración, 11 de diciembre de 2017.- Pese a la reforma que obliga la transformación de las procuradurías locales, 15 de las 33 procuradurías locales no han hecho cambio alguno, mientras las demás sólo simularon hacer el cambio pero siguen dependiendo financiera y políticamente del titular del poder ejecutivo de cada estado.
Según un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), la implementación del nuevo modelo de justicia penal tiene un pendiente en el ámbito estatal, lo que además de quitarle autonomía, subordinándolas al ejecutivo estatal y otros interesas, las mantiene con baja eficacia en la investigación de delitos.
“Las transiciones hacia esquemas de Fiscalía no se han traducido necesariamente en mejoras significativas en la procuración de justicia”, establece el estudio, titulado Lineamientos para un modelo homologado de investigación criminal.
“De hecho, muchas fueron meramente nominales o bien de un tipo que se ha denominado de autonomía relativa; es decir, aunque formalmente la Fiscalía cuenta con autonomía técnica y de gestión, pero continúa subordinada financiera y políticamente al titular del Poder Ejecutivo del estado”.
Tal es el caso de organismos estatales de como los de Morelos, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Durango y Jalisco, donde se realizaron cambios, pero el nivel de autonomía todavía no es pleno.
En el estudio se establece que la falta de independencia en los organismos locales de procuración de justicia viene acompañada de falta de políticas criminales y planes de persecución de delitos, además de una sistemática violación de derechos humanos a víctimas e imputados, y nula credibilidad y confianza ciudadana en esas instituciones.
“Las fiscalías son manipuladas por intereses externos, no solo el gobernador, sino otros intereses que vulneran la institución y los resultados que se tienen”, indicó María Novoa Cancela, investigadora del Cidac- México Evalúa.
“Lo que se busca es darle una independencia técnica al Ministerio Público para el proceso del delito”, planteó la especialista.
Un ejemplo de ello, podría ser Veracruz, en donde el fiscal, Jorge Winckler Ortiz fungió como abogado del gobernador Miguel Ángel Yunes y de su hijo Ángel Yunes Márquez en un expediente sobre enriquecimiento ilícito, abierto en 2015; lo que prueba la cercanía entre ambos e incluso una relación de subordinación del fiscal estatal.
Vía Reforma