Denuncian corrupción e inseguridad en Lima e interior. Exigen investigación de manifestante muerto por presunto disparo de policía encubierto
Regeneración, 16 de octubre de 2025. Multitudinaria manifestación en el centro de Lima contra el Gobierno interino de José Jerí y el Congreso de la República se torna trágica la noche del miércoles 15 de octubre de 2025.
Muere un joven manifestante a causa de un presunto disparo de arma de fuego, confirmaron autoridades e instituciones de derechos humanos.
Este lamentable suceso intensifica el clima de tensión social y política que atraviesa Perú, marcado por la inestabilidad y el descontento popular, exigiendo una respuesta inmediata y transparente.
Víctima
El fallecido fue identificado como Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años de edad, quien fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza con una herida a la altura del tórax, donde se certificó su deceso.
La Defensoría del Pueblo confirmó la muerte.
Sin embargo, su adjunto para la prevención de conflictos sociales, Fernando Lozada, evitó precisar la causa exacta sin la necropsia legal correspondiente.
Por otra parte, la congresista Ruth Luque indicó que la herida habría sido producida por el impacto de un proyectil, en un contexto de represión policial con gases lacrimógenos y perdigones.
El incidente fatal ocurrió alrededor de las 23:30 hora local en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el centro de Lima.
Terna
Según testigos, Ruiz habría muerto por un disparo ejecutado supuestamente por un «terna», un agente policial encubierto sin identificación.
El cual al ser descubierto por un grupo de manifestantes, en su huida abrió fuego hacia sus perseguidores. Lo que genera profunda indignación en la población.
La CNDDHH expresó su «profunda indignación y solidaridad con su familia» y demandó una «investigación inmediata, exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos y determine responsabilidades».
Saldo de Violencia y Reacción Oficial
La jornada de protesta, son la más grande en años y con réplicas en varias ciudades del país.
Misma que congregó a miles de personas que salieron a las calles para protestar contra la corrupción y el auge del crimen organizado.
Como resultado de los enfrentamientos, la Defensoría del Pueblo reporta un saldo de más de 100 heridos.
Esto es, incluyendo 78 policías y 24 manifestantes, además de diez detenidos, en una muestra de la desproporcionalidad en la respuesta del Estado.
El presidente interino José Jerí, tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, lamentó el suceso a través de un mensaje en redes sociales:
«Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades».
Previamente, el mandatario había calificado a los responsables de actos violentos como «delincuentes».
E incluso, prometiendo que caería «todo el peso de la ley para ellos», una declaración que ha sido criticada por su parcialidad.
Por otro lado, el flamante ministro del Interior, Vicente Tiburcio, declaró a la emisora RPP que dispuso «de forma inmediata que se realicen las investigaciones» para esclarecer la muerte.
El ministro Tiburcio, quien es miembro del cuestionado Gobierno de transición nombrado por Jerí, aseguró categóricamente que «en ningún momento nuestras fuerzas han estado en esa zona» de la Plaza Francia, y que «no hay personal ‘terna’» asignado al dispositivo policial.
Además, añadió que algunas personas se han «disfrazado con cascos y tapándose, llevando mochilas y objetos contundentes sacados de la vereda», una afirmación que busca deslegitimar la protesta popular.
Profunda Desconfianza
Esta manifestación y el trágico desenlace recuerdan la ola de protestas de finales de 2022 y principios de 2023, que exigían nuevas elecciones y que dejó un saldo de al menos 49 civiles muertos tras la llegada al poder de Boluarte.
La muerte de Eduardo Ruiz Sanz, en este nuevo estallido social, eleva el nivel de tensión en la capital y en todo el país.
De esta manera, organizaciones civiles y políticos de oposición han alzado su voz exigiendo un esclarecimiento completo y transparente de las circunstancias, urgiendo a la Fiscalía a liderar las investigaciones con celeridad y rigurosidad.
La necropsia al cuerpo de Ruiz Sanz será clave para definir responsabilidades penales o administrativas en un Perú que exige justicia ante la represión.
