Semanat aprobó construir una hidroeléctrica sobre el río Zempoala o San Antonio, pese al rechazo de la población. Ahora pretende cubrir el trámite de consultar a la población y para llevar esa tarea, designó a la misma empresa del megaproyecto, lo cual es rechazado por la población porque es la parte interesada. Denuncian que el gobierno de Puebla presiona a las autoridades locales para aprobar el proyecto. Documentaron el clima de represión y hostigamiento hacia los movimientos sociales ambientales
Por: Consejo Tiyat Tlali
Regeneración, 12 de junio de 2014. En el mes de diciembre del 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó de manera condicionada la manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa Generación Eléctrica San Antonio SA de CV (GESA), esto a pesar de las reiteradas manifestaciones de oposición de las comunidades nahuas y totonacas a la construcción del proyecto hidroeléctrico San Antonio, en los municipios de Zoquiapan y Xochitlán. Uno de los condicionamientos consiste en la realización de la consulta a los pueblos indígenas nahuas y totonacos cuyos derechos se verían afectados por la construcción de dicho proyecto. Es importante señalar que la SEMARNAT primero otorga el permiso y luego pide la consulta a los pueblos indígenas, lo cual viola el principio de la consulta previa, como obligación de Estado.
Haciendo caso omiso del rechazo de las comunidades a la hidroeléctrica, la Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla ha estado presionando a autoridades locales y representantes comunitarios a que reciban a funcionarios de la empresa GESA, a fin de que aprueben su proyecto. Con este respaldo del Gobierno del Estado, la empresa ha presentado un protocolo para su firma y aceptación a los ayuntamientos en donde pretenden realizar la supuesta consulta, el cual incluye una serie de irregularidades como el designar a la empresa como el “Órgano Responsable” de realizarla. Lo anterior representa una grave violación a los estándares de consulta a los pueblos indígenas, que establecen que la consulta es una obligación del Gobierno, sin la intervención de las empresas en su responsabilidad.
Estos hechos no sólo evidencian que tanto la SEMARNAT como el gobierno del estado están actuando como promotores de proyectos de capital privado que buscan la generación de ganancia y la profundización de la privatización de la generación y distribución de la energía eléctrica, en lugar de actuar para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Por las razones expuestas, exigimos al gobierno federal y estatal que se respete nuestro derecho a la autodeterminación y cese el hostigamiento a autoridades y población de la Sierra Norte debido a nuestra total negativa al proyecto hidroeléctrico y a todos los proyectos de muerte que se pretenden imponer.
Señalamos que estamos viviendo un clima de represión y hostigamiento a la lucha social contra los megaproyectos en Estado de Puebla. Estos hechos de hostigamiento han ido desde la intimidación a ciudadanos y autoridades que se oponen a estos proyectos, así como el atentar contra la integridad de sus vidas. Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros que se oponen a la construcción del gasoducto Morelos y exigimos la liberación de los compañeros Enedina Rosas, Abraham Cordero y Juan Carlos Flores, así como el esclarecimiento y justicia del asesinato del compañero Antonio Esteban Cruz.
Finalmente, queremos expresar nuestra indignación ante la aprobación de la mal llamada “Ley para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla” pues criminaliza el legítimo derecho a la protesta social, motivo por el cual exigimos su abrogación. Exhortamos a las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, para que tomen en sus manos la abrogación de esta ley.
Hacemos responsables al gobernador Moreno Valle, al Gobierno Federal y a quienes intentan imponer estos proyectos, de la integridad física y moral de los aquí presentes y de los habitantes que exigimos nuestros derechos en la Sierra Norte de Puebla. Llamamos al gobierno del Estado a una audiencia pública para que sea a través del diálogo político como se resuelvan estos conflictos sociales y que no sea pretexto de violaciones a derechos humanos y constitucionales.
Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad poblana y al pueblo de México, a su solidaridad para evitar un ecocidio y desplazamiento forzado de decenas de comunidades de la Sierra Norte y exigir que se termine este clima de violencia, represión y hostigamiento en contra de comunidades indígenas y defensores de los derechos humanos, académicos y estudiantes en el estado de Puebla.
Ciudad de Puebla, 11 de junio del 2014
Comité de Defensa del Territorio de Zoquiapan
Comité de Defensa del Territorio de Xochitlán
Consejo Tiyat Tlali
Tetela Hacia el Futuro