* En los últimos 25 años se ha extraído más oro en nuestro país, que en los tres siglos de la Colonia y el Virreinato
A continuación un discurso pronunciado el domingo 2 de junio de 2013, firmado por colectivos y organizaciones de la sierra norte de Puebla, en rechazo tajante a los "megaproyectos de muerte" que en últimos años han proliferado en la región.
Puebla, Pue. a 2 de Junio de 2013
¡POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO, NUESTROS RECURSOS NATURALES Y POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y POPULARES!
“ Para producir un anillo de oro de 10 gramos,
se utiliza un kilogramo de cianuro,
suficiente para matar a 30 mil personas.”
Observatorio de conflictos mineros en América Latina.
Primeramente, quiero manifestar mi malestar y el de mis compañeros que suscribimos el presente documento, por el hecho ominoso sucedido el pasado 4 de abril pasado en la Cámara de Diputados, en dónde los representantes populares se regalaron un pin de oro, con brillo de espejo de 14 kilates y con un valor unitario de $ 3,310.00 y un valor total de $ 1 millón 655 mil pesos.
Con el auto regalo, los Diputados -salvo honrosas excepciones- mostraron una gran falta de sensibilidad política y social, por decir lo menos, y una mínima ética republicana, ofendiendo con este acto a la gran mayoría del pueblo de México, que vivimos en la pobreza y en especial, ofendieron a nuestros hermanos indígenas, los más pobres de los pobres de éste expoliado y saqueado país.
PREÁMBULO
Considerando que la reforma salinista al artículo 27 Constitucional, fue la firma de defunción de la lucha por la tierra heredada de la Revolución Mexicana y que dicha reforma abrió las puertas a la mercantilización y privatización de la misma, así cómo a la tierra, agua, energía, bosques, ríos, arroyos, en los territorios indígenas y campesinos. Con la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, se da nuevamente una vuelta de tuerca en contra del pueblo de México al abrirse las puertas de par en par a las inversiones extranjeras y nacionales dando como resultado actualmente que el 77% de las empresas mineras en México sean de capital Canadiense y 16% Norteamericano.
Considerando qué esta reforma abrió la puerta y ventanas para la elaboración de leyes secundarias, tales como la de inversión extranjera, minería o aguas para citar sólo tres casos. En la primera ley se señala que en el territorio nacional se permite la inversión extranjera en 100% y en la segunda ley (artículo sexto de la ley minera), se menciona que “la minería es una actividad de interés público”, cuando en realidad se trata de una actividad exclusivamente privada. También se reformaron la de energía, medio ambiente, etc.
El artículo 6to de la ley Minera menciona que la minería es una actividad económica preferente sobre todas las demás, lo que ha dado pie para llevar a cabo, una tremenda presión sobre las comunidades indígenas y campesinas en el territorio nacional para despojarla de sus tierra y recursos naturales, donde subyace el tesoro minero. Un daño inherente de los proyectos de muerte llamados: “minería a cielo abierto”, “carreteros”, “hidráulicos” o “termoeléctricos”, es el surgimiento de graves conflictos sociales y la pérdida paulatina del tejido social y en especial, el deterioro del medio ambiente.
Considerando que en los últimos 25 años- cómo lo han señalado algunos especialistas y estudiosos- se ha extraído más oro en nuestro país, que en los tres siglos de la Colonia y el Virreinato.
De acuerdo con el informe de 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, las multinacionales mineras tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, y sólo pagaron 6 mil 500 millones de pesos en impuestos; esto es, poco más de 1% de sus ganancias. Son empresas buitre que se llevan nuestro oro negro, verde o amarillo.
Considerando que se han concesionado, para tenerlo en una perspectiva histórica, de 1993 a 2000, más de 38 millones de hectáreas y que durante los 12 años de los gobiernos panistas encabezados primero por Vicente Fox y luego por Felipe Calderón, se concesionó una superficie superior a 56 millones de hectáreas. Más de 30 millones de hectáreas fueron repartidas solamente durante el sexenio de Felipe Calderón, lo que ha traído el despojo y desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, empobrecimiento de las poblaciones y destrucción, en muchos casos irremediable e irreversiblemente, del ambiente y los ecosistemas y múltiples conflictos sociales. Hasta mediados del año pasado, Felipe Calderón había dado 312 concesiones en el Estado, un estado que tiene 217 municipios, esto es, 95 concesiones más que el total de los municipios que conforman la entidad.
Considerando que es un espejismo el que la minería genera muchas fuentes de empleo, tal y cómo lo señalan cifras oficiales. La generación de empleo en la minería le da trabajo actualmente a 309,722 personas que representa el 0.6% de la Población Económicamente Activa. Es un trabajo que dura unos cuantos años, lo que dura el proyecto, entre 10 y 15 años, dejando tras sí, desolación social y un gran pasivo ambiental.
Considerando que somos el segundo país en América Latina en cuanto a diversidad cultural sustentada en sus 68 pueblos originarios y que estamos en los 12 primeros lugares a nivel mundial de países biológicamente más diversos y entre los cinco principales en América Latina.
Considerando que Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional como estado pluriétnico y multicultural, sustentado en sus siete pueblos originarios (Nahuas, Tu´tunakuj, hamaispini o tepehua, ñhañhu, ñuu-davi o mixteco, nguíva o popoloca o Xotan´dayajan o mazateco) y que somos el 7mo. estado con mayor biodiversidad a nivel nacional.
Considerando que en el estado se han concesionado un poco más de 60 mil hectáreas a los proyectos de muerte, entre proyectos de minería, hidroeléctricas, termoeléctricas, ciudades rurales, gasoductos, proyecto integral Morelos, eólicas, siembra de maíz transgénico, construcción de autopistas y libramiento, urbanización salvaje, etc. y considerando que la Cámara de Diputados Federal intentó dar una vuelta de tuerca más en días pasados, con una nueva reforma al artículo 27 Constitucional con el propósito de privatizar las playas.
Los que suscribimos el presente documento con el ánimo de coadyuvar a resolver ésta problemática compleja y difícil problemática, proponemos lo siguiente:
1) Cancelación definitiva de los proyectos de muerte en todo el territorio nacional, en especial de la minería a cielo abierto. Como muestra de voluntad y compromiso real con las comunidades, Enrique Peña Nieto, tiene en sus manos la facultad de cancelar dichas concesiones y revisar puntualmente los otros proyectos asociados a la minería a cielo abierto.
2) Integración de una comisión integrada por el Gobierno Federal a través de la Comisión que Usted preside, con la representación de la Cámara de Diputados y las representantes de las comunidades, pueblos y organizaciones afectadas y defensoras de nuestro Patrimonio Natural, con la intención y el objetivo, de reformar el artículo 27 Constitucional y devolverle su espíritu social, popular y nacional.
3) Proponemos que el gobierno federal, conjuntamente con la Cámara de Diputados y Senadores, en función de sus atribuciones, y en consulta con los pueblos y comunidades indígenas y mestizas afectadas por los mega proyectos, revisen y renegocien los capítulos del Tratado de Libre Comercio, en los rubros de inversión extranjera, agricultura, minería, aguas, telecomunicaciones y llamamos y convocamos al Gobierno Federal a que conjuntamente, defendamos la soberanía nacional y popular, tal y como lo señala el artículo 39 en la Constitución General de la República. Estamos en tierra de hombres y mujeres valientes, que dieron su vida en la defensa de la patria en contra de la invasión francesa. Tierra de los cuatro Juanes.
4) Proponemos que se incorpore al artículo segundo de la Constitución, la letra y espíritu del artículo sexto del Convenio 169 de la OIT sobre la consulta, previa, libre e informada a las comunidades y pueblos originarios y no que solamente quede en una ley secundaria cómo hasta ahora se pretende. Exigimos al gobierno Federal, respeto y reconocimiento a los acuerdos de San Andrés Larráinzar incorporándolos a la Constitución General de la República. Manifestamos nuestro rechazo a la reforma foxista del 2001 y a quienes la hicieron posible sobre derechos de los pueblos indígenas.
5) Incorporar y considerar en la Ley de Desarrollo Social, los estudios de impacto social y cultural de dichos proyectos, ausentes hasta ahora de las leyes y no solo considerar los de impacto ambiental.
6) A través de su mediación, le proponemos establecer mesas de trabajo entre la federación, el estado y los municipios sobre los siguientes temas:
Análisis y revisión del Impacto social y ambiental que los proyectos de muerte están teniendo o puedan tener en las comunidades de la Sierra Norte. Revisar los casos críticos de deforestación en la Sierra Norte y Sierra Negra de Puebla, con representantes de Conafor, Semarnat, Reforma Agraria, SAOT entre otras.
Como es de su conocimiento, la gran mayoría de estos proyectos rebasan y con mucho, las fronteras estatales y se están convirtiendo en una problemática regional, tales son los casos de Tlapacoyan, Jalacingo y Atzalan, Ver: Huexca, Morelos o bien con el estado de Hidalgo.
Debemos tener una visión amplia e integral del problema y abordarlos en toda su complejidad regional.
Manifestamos nuestro rechazo a la bioprospección de las plantas, raíces o semillas de los pueblos originarios, llevado a cabo por empresas transnacionales y nacionales. Demandamos se les ponga freno a ésta práctica. ¡No al maíz transgénico en nuestro estado! El estado de Puebla es considerado como el centro de origen del maíz.
Que se reconozca y proteja social y económicamente la propiedad intelectual de los pueblos indígenas de nuestro país.
Le proponemos integrar una mesa de trabajo entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipales, y representantes de ONG´s de Derechos Humanos y una comisión de los afectados, para revisar y solventar los casos de hostigamiento y represión a nuestro compañeros y compañeras. Pongo como ejemplo el caso de nuestros compañeros de Olintla y el caso de la Mtra. Gabriela Molina.
Le pedimos establecer una mesa de trabajo con la Delegación Estatal del INAH y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para revisar casos puntuales de destrucción del Patrimonio Histórico y Cultural (centros sagrados y ceremoniales) como consecuencia de dichos proyectos.
Igualmente le pedimos que impulsemos un programa de desarrollo social con el sector social del Gobierno Federal (SEDESOL; SAGARPA; ECONOMÏA; FONART; CDI, etc.) y con la participación de nuestros hermanos indígenas; para elaborar un programa de desarrollo de la Sierra Norte, partiendo de su identidad, cosmovisión, saberes y tradición. Rechazamos cualquier programa o proyecto elaborado en las rodillas de un funcionario o burócrata, en una fría y deshumanizada oficina, ajeno a los problemas de la vida diaria de las comunidades serranas. Rechazamos cualquier programa asistencialista. Partimos que debemos valorar, reconocer y respetar los saberes de los pueblos originarios y no quererles imponer como ha sido desde hace 520 años, una visión occidental del progreso, la modernización o el desarrollo. Los invitamos a voltear los ojos al México profundo de nuestros país, región y estado.
Integrar una mesa de trabajo con las representaciones estatales de la CDI, INAH, Culturas Populares, Fonart, SEDESOL, entre otras, para elaborar un proyecto de Documentación, Investigación, Salvaguardia y apoyo del Patrimonio Cultural Inmaterial de los Pueblos Originarios de la Sierra Norte.
Establecer talleres de capacitación para la elaboración de proyectos productivos en especial y en particular, impulsar proyectos de capacitación, con apoyo del Gobierno Federal a través de la CDI sobre Derechos de los Pueblos Originarios así como convocar a diversas instituciones (Universidades, INAH, etc.) para revisar casos puntuales de destrucción de nuestro Patrimonio Histórico y Cultural.
Finalmente, y no queremos dejarlo pasar y manifestar nuestro repudio a una burla más en contra de los pueblos y comunidades que luchamos en contra de los proyectos de muerte y es la supuesta Ley Minera aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril pasado, que nuevamente, los diputados, no tomaron en cuenta a los pueblos indígenas ni al sector campesino para su modificación. Dicha Ley viola tratados internacionales firmados por México, y en especial el artículo primero de nuestra Constitución. Es una Ley que pretende la imposición de un gravamen o derechos sobre la minería de 5%, que sólo pueden ser de disposición federal en la cuál, se les pretende dar sólo migajas a los estados y municipios y nada para las comunidades indígenas a las cuales se les marginó nuevamente.
Los que suscribimos el documento, no podemos firmar ningún acuerdo, sin antes ver que es lo que vamos a firmar, cuáles son los puntos de la agenda y en especial, cómo se integrarán las mesas de trabajo: Esto implica elaborar una agenda con los compañeros, su consulta y aprobación de los puntos a tratar y ver los alcances de las mesas de trabajo. Le preguntamos ¿qué disposición tiene Peña Nieto de agarrar el toro por los cuernos y no será este un evento mediático más? Señor comisionado, ¿a qué se compromete Usted realmente?
Benito Juárez García
¡POR LA DEFENSA DE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL, ENERGÉTICOE HISTÓRICO!
¡LA SIERRA Y LA PATRIA NO SE VENDEN, SE AMAN Y SE DEFIENDEN!
Colibrí: Publicación en Lenguas Originarias
Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular CNPA-MN
Cronistas, Historiadores y Narradores de la Sierra de la Norte de Puebla A.C
Ciudadanos comprometidos de Zacapoaxtla