Cuando el actual presidente del PRI “renunció” a CFE, recibió un millón 200 mil pesos como si fuera una liquidación. Al tratarse de una renuncia voluntaria, solo tenía derecho a recibir 230 mil pesos como «compensación».
Regeneración, 25 de septiembre 2016.- La renuncia de Enrique Ochoa Reza a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), costó al erario un millón 206 mil 271 pesos, por concepto de liquidación, tras trabajar apenas 2 años con 155 días. En otras palabras, recibió nueve meses de sueldo al renunciar.
Sin embargo, no le tocaba todo ese dinero, ya que se separó voluntariamente del cargo, afirmó el abogado, Manuel Fuentes Muñiz, especialista en derecho laboral.
En la fracción primera del artículo 33 del Manual de Trabajo de Servidores Públicos de mando de la CFE, se establece que “en casos de separación voluntaria por cualquier causa”, la empresa otorgará una “compensación” al funcionario sólo después de haber cumplido tres años de servicio, los cuales, Ochoa Reza no completó.
Se constata en la carta enviada a Enrique Peña Nieto, el pasado 8 de julio que la separación del cargo fue voluntaria:
“El día de hoy le solicito con todo respeto me permita concluir este ciclo (como director de la CFE), por lo cual le presento a usted mi renuncia a dicho cargo”, expuso.
“El motivo de mi renuncia obedece a la aspiración de participar en el proceso interno para la elección de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi Partido, el Revolucionario Institucional”, agregó.
No obstante, el mismo día, Ochoa Reza, quien acusa de mentiroso a AMLO por su declaración 3 de 3, acordó con CFE un dictamen de terminación laboral, a través del cual, obtuvo una cantidad de dinero 5 veces mayor a la que le correspondía.
“El pago a Ochoa Reza fue indebido. De acuerdo con el Manual le tocaba ser liquidado con base en el supuesto de la renuncia voluntaria, no de la liquidación”, afirma Manuel Fuentes Muñiz, catedrático de la UAM y especialista en derecho laboral.
Además, señala que el Órgano Interno de Control de la CFE debe tomar cartas en el asunto y, en su caso, “fincar responsabilidades” a los funcionarios que cometieron esta “falta administrativa”.
Considera, que la Secretaría de la Función Pública “tendría que intervenir y plantearse el ejercicio de acciones penales, dado que existe la presunción del uso indebido de recursos públicos”.
Por su parte, Ochoa Reza sostiene que su liquidación fue legal e idéntico al aplicable a sus predecesores en los últimos 15 años.
En realidad, Ochoa debió recibir un finiquito equivalente a 48.49 salarios diarios, es decir, 330 mil 168 pesos brutos y 231 mil 118 pesos ya sin los impuestos.
Ante esto, Fuentes Muñiz afirma que “los funcionarios que designaron el pago de liquidación están cometiendo una falta grave que puede ser incluso sujeta a un proceso legal porque ellos solamente pueden hacer lo que está permitido en las normas”.
Con información de Proceso.