Por: Jenaro Villamil | Homozzaping
Una intensa y soterrada disputa en el seno de la Comisión de Justicia del Senado se ha agudizado en los últimos días por las reformas al Código de Justicia Militar y otras leyes secundarias, por el tema del fuero militar, uno de los más delicados y que ha merecido una evaluación negativa del Examen Periódico Universal, elaborado en estos días por el Consejo de Derechos Humanos de las Organizaciones de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, frente al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, encabezadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) rechazan la redacción propuesta por la iniciativa del Código de Justicia Militar ya que consideran que los alcances del fuero militar, tal como está redactado, permitirá la impunidad de elementos castrenses en las violaciones a los derechos humanos contra civiles, cuyas denuncias se han incrementado a raíz de la participación del Ejército y la Secretaría de Marina en el combate al crimen organizado.
Del otro lado, la Secretaría de Marina se ha mostrado muy reticente a incorporar la redacción propuesta por la ONU-DH al fuero militar, apoyándose velada o abiertamente en los sectores más cercanos a las fuerzas armadas dentro de las bancadas del PRI, PAN y PRD.
De acuerdo con informes proporcionados a Proceso, en el seno de la comisión de Justicia, presidida por el panista Roberto Gil Zuarth, se “congeló” el intento por aprobar sin mayor discusión el paquete de justicia militar, después del intento de aprobarla de manera fast track el pasado 6 de marzo.
La eventual parálisis legislativa, de acuerdo con las fuentes consultadas, se agudizó por la fractura del grupo panista liderado por Ernesto Cordero, a raíz del escándalo de Oceanografía, y por la intención del gobierno federal de “no hacer demasiadas olas” mientras está en curso la evaluación en Ginebra del Estado mexicano en materia de derechos humanos.
El punto más delicado del desacuerdo entre la ONU-DH, las organizaciones de derechos humanos y los dictaminadores de la iniciativa es la redacción del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Este artículo establece que son delitos contra la disciplina militar aquellos del orden federal, y aquellos “que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivos del mismo”. La última propuesta de las comisiones modifica este ordenamiento, pero organismos de derechos humanos consideraron que el dictamen y este artículo, en específico, “no se ajusta por completo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Aumentará la impunidad militar
Organizaciones como FUNDAR, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Tlachinollan, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia advirtieron que el proyecto otorga a las autoridades militares hacer “investigaciones preliminares, generar actos de molestia en perjuicio de civiles al investigar delitos y además, decidir por sí y ante sí, respecto de qué delitos no son considerados contra la disciplina militar, a efectos de que sólo después de la decisión del ministerio público militar o del tribunal militar, surta efectos la competencia de las autoridades civiles para investigar, procesar y castigar dichos civiles, y no al revés”.
El documento donde fijan su posición estas organizaciones, fechado el 11 de marzo y cuya copia tiene Proceso, advierte la preocupación de que esta reforma aumente la impunidad de los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares en funciones de combate contra el crimen organizado.
Asimismo, expresan su preocupación “por la creación de un ámbito especializado dentro de la jurisdicción militar para conocer de delitos cometidos por menores de edad que se encuentren prestando servicio en las fuerzas armadas”.
El Alto Comisionado también envió su posicionamiento a las comisiones dictaminadoras del Senado y propuso que la redacción del artículo 57 en disputa quede de la siguiente manera:
“Artículo 57.-Son delitos contra la disciplina militar, siempre que no se trate de civiles o de violaciones de derechos humanos, los siguientes…”
El organismo de las Naciones Unidas aclara en su documento, cuya copia tiene Proceso, que de aceptarse esta propuesta “se estarían incluyendo los dos criterios de delimitación de la competencia de la jurisdicción militar, el ratione personae (víctima civil) y el ratione materiae (violaciones a los derechos humanos). Además, con dicha propuesta, al incorporar la palaba ‘siempre’ se estarían garantizando que los dos criterios de exclusión operen en todo momento y circunstancia”.
Además, “la ventaja de incorporar los dos criterios de excepción desde el inicio del artículo 57 radica en que su fuerza normativa irradiaría al resto del precepto y tendría efectos transversales a lo largo del Código de Justicia Militar”.
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