Sus familiares denunciaron que las autoridades judiciales intentan implicar a Gustavo Castro en el asesinato de Berta Cáceres. “Está en total indefensión’’, declaró su hermano a la prensa. La ONU pidió al gobierno de Honduras proteger al ambientalista
Regeneración, 11 de marzo de 2016. Óscar Castro Soto, hermano de Gustavo Castro, sociólogo mexicano que sobrevivió al atentado que costó la vida a la defensora hondureña Berta Cáceres, demandó que la juez del tribunal de La Esperanza, en Intibucá, Victorina de Flores, ‘‘reconsidere’’ la prohibición que emitió hace unos días, la cual impide que el director de la ONG ambientalista Otros Mundos pueda regresar a México.
Según los familiares de Berta Cáceres, el proceso judicial que las autoridades de Honduras llevan a cabo por el asesinato de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), donde resultó herido el ambientalista mexicano, Gustavo Castro Soto, “ha estado caracterizado por la violación de los derechos humanos y garantías procesales”.
Castro Soto ha sido sometido a “largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, a la falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a sus fotocopias de todas las diligencias, falta de asistencia médica y sicológica como víctima de un delito grave, retención de sus pertenencias y sobre todo la prohibición de salir del país, medida que la propia jueza del caso Victorina Flores, reconoce en su resolución como no prevista para testigos”.
Los familiares de Bertha Cáceres y de Gustavo Castro, así como el Copinh, aseguraron que además, la jueza Flores, del Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, Intibucá, resolvió el jueves “negar el recurso de reposición interpuesto contra la prohibición de que Castro Soto salga del país por 30 días”.
La jueza argumenta que el mexicano “incumplió un citatorio”, el cual él “nunca tuvo por recibido cuando se suscitó el incidente del aeropuerto”, para negarle su salida del país centroamericano, ya “las autoridades policiales y fiscales se limitaron a impedir su salida sin hacerle entrega alguna de citación”.
Respondieron que la jueza “aduce que incurrió en el delito de desobediencia y que podría haber librado una orden de captura” en su contra.
“Las irregularidades cometidas se suman a las del proceso general de investigación administrativa y judicial que se ha llevado a cabo en el esclarecimiento del asesinato de Bertha Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro”, ocurridos el 3 de marzo en La Esperanza, Intibucá, agregaron.
Dijeron temer que “con estos indicios la jueza esté predispuesta para fincar responsabilidades penales a Gustavo Castro, víctima, testigo y defensor de derechos humanos”.
Expresaron que “del mismo modo, las actuaciones de la Fiscalía y del Juzgado, han dejado en un estado de indefensión total a las víctimas y testigos, limitándose documentación fundamental para su representación en el proceso como la copia de todas las diligencias en las que han participado y al constituir una práctica inhibitoria para el ejercicio de la representación legal por cualquier abogado que quiera representarlas”.
Los familiares de Cáceres y Castro Soto consideraron que la embajada de México en Honduras, “debe de redoblar los esfuerzos para restituir los derechos de Gustavo Castro y proteger su integridad física y sicológica, de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos, frente a una detención ilegal en Honduras y el peligro de su criminalización”.
Gustavo Castro en total indefensión, lo quieren implicar en el crimen
Según el diario La Tribuna, Óscar Castro y varios colectivos de derechos humanos aseguran que, por la forma en que las autoridades judiciales están llevando a cabo la averiguación previa, puede señalarse una ‘‘predisposición’’ para fincar responsabilidades penales al ambientalista mexicano, quien acompañaba a Cáceres el día de su asesinato. La defensora expiró en brazos de Castro y por ello es considerado testigo clave.
Sin embargo, advirtió su hermano, se le está tratando como sospechoso, no como víctima o testigo. ‘‘Intentan acusar a Gustavo. Está en total indefensión’’, señaló, ya que a su defensa legal no le han entregado documentos de ninguna de las actuaciones judiciales ni de las prolongadas declaraciones ministeriales que ha presentado. Tampoco tienen constancia de que hasta la fecha la policía hondureña retiene las pertenencias de Castro.
Los defensores y Castro Soto anunciaron que pedirán que se cambie el expediente de juzgado debido a las múltiples irregularidades cometidas por este primer juzgado. ‘‘Si es por torpeza o por dolo y mala fe, no sabemos. Pero ahí no tenemos ninguna posibilidad de defenderlo’’.
La ONU pide a Honduras proteger a Gustavo Castro
La ONU solicitó hoy al gobierno de Honduras que proteja de forma inmediata al activista mexicano Gustavo Castro Soto, que fue testigo del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, y se le permita regresar a su país.
El relator especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst, pidió a las autoridades hondureñas «garantizar que la vida del Sr. Castro Soto no corra más riesgos».
En un comunicado, Forst manifestó preocupación por la seguridad de Castro Soto, quien se encontraba en la casa de Cáceres en la localidad de La Esperanza cuando fue asesinada el 3 de marzo por personas armadas. El mexicano resultó herido en el ataque.
Tras el incidente, las autoridades hondureñas interceptaron al activista en el Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa cuando éste quería abordar el avión de regreso a México la madrugada del domingo y emitieron una alerta migratoria por 30 días, que sin embargo aún está pendiente de confirmación.
El relator especial de la ONU consideró que el asesinato de Cáceres es una trágica llamada de atención al Estado hondureño para que prevenga estos actos de violencia y proteja a los defensores de derechos humanos llevando a los responsables ante la justicia.
Previamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México había pedido emitir medidas cautelares para la protección de Castro Soto.
Forst también instó al Gobierno de Honduras a investigar de forma «inmediata, independiente e imparcial» el asesinato de la dirigente indígena.
Cáceres, de 45 años, dedicó su vida a la defensa de los indígenas lencas y fue asesinada en las primeras horas del jueves en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, por sicarios que irrumpieron violentamente en su residencia y la atacaron a balazos.
La dirigente era coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (Copinh), que aglutina a la mayoría de las tribus lencas, la principal etnia del país con 400.000 miembros.
El pedido de Forst fue apoyado por el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derechos a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox.