Por Guillermo Castillo Ramírez* en Revista Contralínea.
Hoy día el campo mexicano enfrenta una severa crisis. Por lo menos desde hace varias décadas, y en el marco de los cambios políticos y económicos relacionados a la inserción de México en la globalización neoliberal –particularmente con la incorporación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)–, en el campo ha aumentado de manera constante la pobreza y hay una notoria reducción de la población en las localidades rurales [1]. Asimismo, se observa un severo decaimiento de la producción de alimentos y de forma paralela una disminución sostenida de la cantidad de empleos [2]. En este contexto, en el transcurso de los últimos lustros se ha consolidado una “erosión generalizada del campo” [3], siendo el ámbito del país donde más se concentran la pobreza, la marginación y la exclusión social a nivel nacional.
Este adverso escenario remite, aunque no sólo, a cuatro complejos procesos de deterioro socioeconómico y político del sector rural que se han agudizado en los últimos años. a) Por un lado, la acelerada y creciente falta de apoyos, subsidios y políticas oficiales de desarrollo e incentivación de la actividad productiva de los diversos actores y grupos del sector agropecuario –principalmente el subsector agrícola de las comunidades indígenas, los campesinos y pequeños productores– [4]. b) Por otra parte, las recurrentes caídas de los precios de los productos agrícolas clave –como el maíz, fríjol y café– en los mercados nacionales e internacionales, situaciones que acentúan la inestabilidad de la producción agrícola relacionada a la precariedad y pauperización de las poblaciones rurales [5] [6]. c) Junto a los dos puntos anteriores, ante las pocas oportunidades laborales y de vida que ofrecen ciertos nichos del sector rural, durante las últimas décadas se consolidó una creciente migración nacional e internacional de centenas de miles –y probablemente millones– de jóvenes campesinos y agricultores en edad laboral [7]. d) Finalmente, y no menos importante, la desregulación de las actividades productivas en el sector agropecuario y la creciente ausencia del Estado como árbitro que controla y regula la vida social y económica, particularmente en lo que respecta a la equidad de los intercambios de mercancías y la efectiva garantía de los derechos sociales –especialmente con relación a los grupos menos favorecidos y con las condiciones de existencia más adversas.
¿Todo tiempo pasado fue mejor?
Lejos y enterradas están las épocas en las que, en el marco histórico de algunos de los gobiernos revolucionarios y posrevolucionarios de la primera mitad del siglo XX y dentro del contexto de un país que concentró el grueso de su población en el ámbito rural por buena parte de la pasada centuria, los campesinos, aún sin haber tenido resueltas a cabalidad y con justicia sus necesidades y demandas, fueron algunos de los actores claves de los cambios sociales y procesos políticos sobre los cuales se edificó y surgió el Estado mexicano del siglo pasado –particularmente en las zonas rurales–.
No obstante, hoy día, los campesinos no sólo ya no son uno más de los grupos de interlocución privilegiados para los regímenes tecnócratas en turno, sino que además ahora son vistos y tratados por diversas instituciones gubernamentales como un lastre anacrónico y premoderno que obstaculiza las políticas de desarrollo rural de corte neoliberal. Más allá de los discursos y los marcos jurídicos normativos, dichas políticas en los hechos propician el despojo y la privatización de la tierra y el territorio, la desregulación económica que favorece a los grandes propietarios y a las corporaciones agroindustriales transnacionales, la extracción acelerada de los recursos naturales sin miramiento de la contaminación y el impacto socio-ambiental generados, y, finalmente, la flexibilización de las condiciones y relaciones laborales que ha producido la explotación de centenas de miles de jornaleros agrícolas.
Los avatares del cambio y la creciente exclusión
Desde el limitado e ideológico punto de vista de los gobiernos mexicanos neoliberales de cambio de siglo, la infundada y poco atinada política oficialista de relegar a ciertos grupos sociales del campo –como los campesinos e indígenas– de la tendencia de remodernización del libre mercado tuvo que ver con un proceso de exclusión mucho más amplio respecto de a qué grupos privilegiar y sobre a qué sectores socioeconómicos dirigir las políticas de desarrollo de corte agropecuario. No obstante, ante un escenario así, emergen preguntas silenciadas pero muy presentes. ¿Más allá de los escasos grupos de beneficiarios, a quiénes se dejó de lado y omitió? ¿Quiénes son esas centenas de miles y millones de personas a los que de facto se marginó del proyecto nacional y no se les hizo participes del cambio de rumbo? El viraje de qué hacer con el sector agropecuario se hizo sobre un cálculo reduccionista que no contempló a cabalidad el peso y significación del campo y los campesinos en la vida nacional.
Es cierto que para inicios de la década de 1980 el campo mexicano, derivado de un histórico proceso de abandono oficial y ya con un severo y estructural deterioro, no aportaba mucho al Producto Interno Bruto –su contribución era menor al 10 por ciento–. No obstante, su significación residía, más que en términos de los montos totales efectivos de dinero aportados por el sector agropecuario, en la capacidad de producción de alimentos para consumo nacional –con el consecuente ejercicio de la casi total soberanía alimentaria [9]– y en la cantidad de fuentes de empleo que generaba entre la diversa y dispersa población rural del país; y, de no menor trascendencia, la reproducción de un modo de vida mucho más respetuoso con el medioambiente natural y con una profunda valoración sociocultural por la tierra como sustento de la vida. El efecto de las políticas de reestructuración no se hizo esperar y, en un muy breve lapso de tiempo, la adversa situación de los campesinos se recrudeció aún más y condujo a drásticos cambios sociodemográficos: mientras los jóvenes salieron y salen en busca de oportunidades laborales, las mujeres y los adultos mayores se quedaban y permanecen en las localidades rurales. Como han señalado algunos especialistas, se presentó una fuerte reducción demográfica, así como un envejecimiento y feminización de la población.
Entre el despoblamiento y la dependencia
Para 2014, a poco más de 20 años de la entrada en vigor del TLCAN, y según lo denunciaron diversas organizaciones sociales y políticas en defensa de los pequeños agricultores, el balance de la actual situación del campo mexicano no sólo es negativo, sino devastador: se estima que se perdieron cerca de 4.9 millones de empleos en el rubro de la agricultura familiar; vinculado con esto se calcula que alrededor de 6 millones de personas del sector rural en edad laboral salieron del campo y migraron a otras latitudes del país y a Estados Unidos [11] –principalmente jóvenes hombres en edad laboral–. Además, en este lapso de tiempo el aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto se redujo de un 5 a un 1.5 por ciento y el país incrementó exponencialmente su dependencia alimentaria: para 2014 se tuvo que importar cerca del 42 por ciento de los alimentos que se consumen en el país, lo que convirtió a México en el tercer importador a nivel mundial en este rubro [12] y el primero en el ámbito latinoamericano [13]. Sin duda el “vaciamiento-despoblamiento” del campo como metáfora del gran éxodo de campesinos, la creciente pérdida de la soberanía alimentaria nacional, en tanto ya no se produce lo suficiente para el consumo nacional, y el acentuado deterioro-reducción de las actividades productivas que acarrea un desempleo rural generalizado son tres de los principales problemas que hoy día aquejan y desangran al campo mexicano.
Es un hecho que el Estado nunca cumplió a cabalidad a los campesinos la promesa del pacto revolucionario de un México más justo y equitativo que, concretamente y desde el marco jurídico de la Constitución, se tendría que haber manifestado en el ejercicio y la realización de los derechos sociales –de educación, salud y trabajo–. Sin embargo, actualmente la situación del campo es mucho más intrincada y, en comparación con otras épocas de la historia y la vida sociopolítica de México, los grupos menos favorecidos de los entornos rurales enfrentan un panorama mucho más deteriorado y desolador.
Resistencia y acción social, campesinos organizados
No obstante, frente a esta situación de clara adversidad, diversas organizaciones sociopolíticas y agrupaciones de campesinos e indígenas han hecho y hacen frente a estos embates mediante diversas estrategias y acciones: desde el seguimiento de cauces legales y denuncias penales y mediáticas sobre las problemáticas que viven, hasta la acción social y la protesta en defensa de sus territorios y sus propios modos de vida. Asimismo, y a nivel de las familias y las comunidades, muchas de las personas que tuvieron que dejar sus localidades rurales han mantenido y preservan un vínculo con sus parientes en los lugares de origen y envían, de acuerdo a sus posibilidades, diversos bienes y recursos monetarios que, en cierta medida, contribuyen a reproducir las condiciones de vida de aquellos que se quedan en el campo.
Notas
[1] Castillo, Guillermo (2014). “Migración internacional de campesinos mexicanos a Estados Unidos: entre las carencias histórico-estructurales y la ausencia de derechos”, Revista Argentina Margen, 75, diciembre de 2014, Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
[2] Bartra, Armando (2002). “Los derechos del que migra y el derecho de no migrar, dislocados”, Seminario Remesas y Desarrollo 26 y 27 de septiembre, Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, Estados Unidos.
[3] Bartra, Armando (2014). “El derecho a quedarse”, en Crisis económica y migración ¿impactos temporales o estructurales? UNAM, México, página 63.
[4] Calva, José Luis (2000). México más allá del neoliberalismo. Plaza y Janes, México.
[5] Basurto, Saúl y Roberto Escalante (2010). “Impacto de la crisis en el sector agropecuario en México”, Economía UNAM, volumen 9, número 25, páginas 51-73.
[6] Calva, José Luis (2004). “Ajuste estructural y TLCAN: Efectos en la agricultura mexicana y reflexiones sobre el ALCA”, El Cotidiano, volumen 19, número 124, páginas 14-22
[7] Castillo, Guillermo (2014). Op cit.
[8] Castillo, Guillermo (2014). “Entre la marginación y la resistencia. Migrantes: los ‘ausentes explotados’ y las artes de la subsistencia”, Rebelión, 26 de septiembre de 2014.
[9] En este sentido, Bartra señala que para 1980 la dependencia alimentaria era de 15 por ciento. Bartra, Armando (2014). “El derecho a quedarse”, en Crisis económica y migración ¿impactos temporales o estructurales? UNAM, México, página 65.
[10] Florez, Nelson (2015). Economía y trabajo en el sector agrícola. FLACSO, México.
[11] Pérez, Matilde (2014). “Campo devastado”, La Jornada, 20 de febrero de 2014.
[12] Pérez, Matilde (2014) Ídem.
[13] Bartra, Armando (2014). Op cit.
* Guillermo Castillo Ramírez: Maestro y doctor en antropología; autor de proyectos de investigación posdoctoral en antropología con líneas de trabajo en migración nacional e internacional y procesos de movilidad geográfica de grupos indígenas y campesinos en México.