Desde 2009, la policía ha matado a más de 2 mil 600 personas, solo a 124 en los últimos tres meses. Se presentaron más de 120 mil firmas para reclamar seguridad que respete y proteja los derechos humanos.
Regeneración, 03 agosto 2016.- Según el Instituto de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, la policía desplegada en la ciudad mató a 49 personas en junio, 40 en mayo y 35 en abril: más de una persona al día.
Desde 2009, cuando triunfó la candidatura de Río para organizar los Juegos Olímpicos, la policía ha matado a más de 2.600 personas en la ciudad.
“Justo cuando pensábamos que los índices de brutalidad policial no podían ser más alarmantes, vemos que lo son. Brasil ya ha perdido los Juegos Olímpicos antes de empezar. El aumento de los homicidios cometidos por la policía, aparentemente imparable, pone en serio compromiso cualquier posibilidad de un legado olímpico positivo en materia de seguridad pública”, ha afirmado Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil.
“Una sombra de muerte se ha instalado sobre Río de Janeiro, pero a las autoridades sólo parece preocuparles el buen aspecto del Parque Olímpico. Se ha acabado el tiempo para las promesas y los discursos huecos. Las autoridades brasileñas deben adoptar con urgencia medidas significativas que impidan cometer nuevas violaciones de derechos humanos y permitan llevar ante la justicia a los causantes de tanto dolor.”
“La ausencia de protocolos inequívocos de control del uso de los medios letales por la policía, sumada a unos planteamientos erróneos sobre la seguridad pública, están llevando a Brasil a repetir los fallos cometidos en la Copa Mundial de Fútbol de 2014.
Los homicidios policiales aumentaron entonces un 40% sólo en el estado de Río de Janeiro, y las autoridades apenas han tomado medidas para cambiar de rumbo. La fiscalía estatal, encargada de controlar la actividad policial y de presentar cargos en los homicidios cometidos por la policía, tiene su parte de responsabilidad.”
Amnistía Internacional ha publicado hoy también el primer informe mensual de la aplicación colaborativa CrossFire. Lanzada el 5 de julio, esta aplicación recopila la información facilitada por personas que viven en la ciudad de Río de Janeiro sobre tiroteos y violencia armada.
Sólo en julio se denunciaron 756 tiroteos con 51 víctimas mortales a través de la aplicación. Las notificaciones aparecen señaladas en un mapa colaborativo en www.fogocruzado.org.br.
La aplicación lleva ya más de 35.000 descargas. Desde el lanzamiento de la aplicación, en algunos sitios como Complexo do Alemão y Caxias (Baixada Fluminense) ha habido notificaciones casi a diario. En Complexo da Maré hubo asimismo numerosos informes de violencia armada. Estas comunidades están situadas entre el aeropuerto internacional de Río de Janeiro y las sedes olímpicas.
“La aplicación CrossFire sitúa en un mapa lo que miles de personas sufren todos los días en comunidades de todo Río de Janeiro. Ya es hora de que las autoridades brasileñas tomen medidas efectivas para dejar de centrarse en operaciones con agentes fuertemente armados y, en su lugar, promuevan políticas de seguridad pública concebidas para proteger a todas las personas”, ha afirmado Renata Neder, asesora en derechos humanos de Amnistía Internacional.
“La aplicación demuestra también que las autoridades brasileñas, así como los organizadores olímpicos, están incumpliendo claramente su promesa de un legado de seguridad pública y una ciudad segura para todas las personas.
A principios de junio, Amnistía Internacional publicó el informe La violencia no es parte de estos Juegos, en el que se explicaba con detalle de qué manera un gran evento deportivo como los Juegos Olímpicos eleva el riesgo de violaciones de derechos humanos. La organización hizo un llamamiento global a los organismos organizadores de las Olimpiadas y a las autoridades brasileñas para que se adopten medidas preventivas destinadas a impedir que las fuerzas de seguridad cometan más violaciones de derechos humanos.
La semana pasada se presentaron más de 120.000 firmas procedentes de más de 15 países al Comité Organizador de Río 2016 para reclamar una política de seguridad pública que respete y proteja los derechos humanos.
Con información de Amnistía Internacional