El colectivo Seguridad Sin Guerra, en el que participa Diego luna, acudió a la SCJN para solicitar audiencias públicas ciudadanas sobre la Ley de Seguridad Interior
Regeneración, 2 de octubre de 2018.- En el marco de la conmemoración del 2 de octubre, el Colectivo Seguridad Sin Guerra, que integra el actor Diego Luna, entre otros activistas, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la realización de audiencias públicas y ciudadanas para discutir la ley aprobada el año pasado en medio de una gran movilización.
Esto debido a que la Suprema Corte revisará la constitucionalidad de la Ley. Esa legislación fue propuesta por el PRI para legalizar la presencia de las fuerzas armadas en las calles y su intervención con civiles.
Al pie de las escalinatas del recinto judicial, el actor y activista Diego Luna señaló que es fundamental que la decisión de la Corte se tome con base en la evidencia empírica y de frente a la sociedad.
“La corte demostró que el desahogo público de posturas y opiniones expertas favorecen la comprensión de su de liberación y la aceptación de la resolución por parte de la población. La resolución de los casos referentes a la Ley de Seguridad Interior, sea cual sea su sentido, sólo puede beneficiarse y fortalecerse con un ejercicio de transparencia y deliberación pública como lo serían las audiencias públicas”, puntualizó.
Por otro lado Alfredo Lecona, vocero de Seguridad Sin Guerra, indicó que saben que el retiro de las fuerzas armadas será gradual, y que la tarea es fortalecer a las policías.
“Nadie ha dicho que el primero de diciembre tienen que salir las fuerzas armadas de las calles, sabemos la problemática que tiene el país. Pero también sabemos que no se puede avanzar a ese retiro si no se fortalecen primero las policías. Y la Ley de Seguridad Interior lo que hace es dejar de lado ese anhelo de fortalecer las policías y dejar las labores de seguridad pública en el poder civil. Así como perpetuar este modelo militarizado de seguridad pública que ya no puede ser”, indicó.
Pese a la resolución de la Corte, los integrantes de Seguridad Sin Guerra, esperan que el nuevo gobierno tome responsabilidad y abrogue la Ley.