Por Tania Campos Thomas
“La Ley no se consulta, se aplica”, como mantra se repitió hasta el cansancio; habrá quien considere que en la enunciación continua se alcanzó incluso el decreto, ése que al repetirse una y otra vez modifica la realidad (aseguran los que saben de superación personal que no supera lo personal).
Lo cierto es que a la consulta del pasado 1 de agosto no acudió la cantidad de gente necesaria para que fuera “vinculante”, es decir, para que la voluntad ahí vertida por mayoría simple fuera un mandato. Como en este tema la confusión reinó desde el principio, vale aclarar aquí que se trataba de decir si queríamos o no que se iniciaran investigaciones en torno a la responsabilidad de anteriores presidentes (y funcionarios en general) en hechos sobre los que, ¿qué cree?, la ley no se ha aplicado.
Resulta una paradoja que precisamente sea aplicación de la ley haber realizado la consulta, cuando ésta es precisamente un derecho de la ciudadanía que, se supone, debe garantizarse constitucionalmente. Es de llamar la atención también que quienes se sienten en riesgo de dictadura inminente, no duden en pronunciarse contra el uso de uno de los instrumentos fundamentales de la democracia participativa. Otra rareza digna de mención es que crean que hay consultas que no son legítimas, pero otras que sí… ¿o estarán también en desacuerdo con opinar sobre el desafuero el próximo marzo? No creo.
Si nos parece bien o no que se investigue la responsabilidad de pasados presidentes y funcionarios en hechos que constituyen delitos es algo que se podía responder en la consulta. Incluso era posible mostrar desacuerdo con la pregunta que se hacía anulando la papeleta. Llamar a no participar es incongruente en quienes se rasgan las vestiduras en nombre de la democracia.
Los flamantes defensores del “derecho a la libre expresión” (en “feisbuc”) creen que no tenemos derecho a pensar y decir distinto. Los opinantes perpetuos (con o sin conocimiento de causa) aseguran que no hay para qué opinar en este caso. Los jueces del severo “tuit” llaman a no “linchar” a los expresidentes y a otros funcionarios. A los que consideran que el debido proceso no tiene ningún caso, a los que les parece poca cosa la tortura y el montaje televisivo porque “los delincuentes no merecen derechos humanos”, nos dicen que lo nuestro es prejuicio y venganza.
La ley se aplicó al realizar la consulta, así sea a disgusto del titular del Instituto Nacional Electoral y a pesar del boicot de diversas formas a la misma. Lo que no se aplica es el respeto a la gente que decidió participar… Pero a quién puede sorprender esto si el desprecio, el racismo y el clasismo del Consejero Presidente Lorenzo Córdova es conocido públicamente desde por lo menos 2015, cuando por teléfono contó cómo había sido una reunión con un representante de pueblos originarios: “Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones (…) O vio mucho Llanero Solitario, con eso de toro, cabrón, cabrón, no mames”.
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