Por Alfredo Méndez
Regeneración 04 de enero del 2016.- En caso de que la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero resuelva esta semana en favor de Nestora Salgado García, su libertad no sería inmediata, ya que existen otras órdenes de aprehensión pendientes de ser cumplimentadas, lo que alargaría varios meses la estancia en prisión de la activista, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.
Si la apelación resulta favorable, serviría de precedente para que sus abogados puedan aportar la sentencia como prueba ante los otros jueces que han librado medidas cautelares contra Salgado, ya que todos los juicios están basados en los mismos hechos, añadieron los funcionarios entrevistados.
Nestora Salgado García, defensora comunitaria y dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del municipio de Olinalá, en la región de la Montaña, en Guerrero, tiene pendiente que se cumplimenten en su contra tres órdenes de aprehensión.
Esta dilación de la policía ministerial de Guerrero puede dar lugar a un escenario donde, de ser absuelta de las acusaciones que actualmente la tienen en la cárcel, agentes policiacos podrían cumplimentar de inmediato las aprehensiones pendientes para que Salgado no abandone el penal de Tepepan, en Xochimilco.
A la fecha, contra la ex líder de la policía comunitaria de Olinalá están abiertos tres procesos por secuestro agravado, pero la fiscalía sigue sin ejecutar igual número de órdenes de aprehensión, de acuerdo con documentos judiciales que fueron consultados.
Según oficios de juzgados del fuero común, hay tres mandatos de captura girados entre octubre de 2013 y octubre de 2015, en los que la fiscalía no ha buscado que se inicie un proceso a Salgado, para impedir que por ahora ella conozca las acusaciones y pueda defenderse.
En agosto pasado Salgado García cumplió dos años en prisión, sin que se prevea el final de los juicios y con ello su posible liberación.
Exculpada desde marzo del año pasado, la defensora comunitaria todavía enfrenta tres causas penales del fuero común por el delito de secuestro agravado.
En dos años de proceso, ninguno de sus 53 acusadores se ha presentado ante los juzgados a ratificar sus denuncias.
Para múltiples organizaciones de la sociedad, el de Nestora es un caso de criminalización contra defensores de los derechos humanos.
Original de La Jornada