Socavón de Paso Exprés y Odebrecht son casos cerrados para la SFP: Arely Gómez

Arely Gómez, titular de la SFP, aseguró que los casos de Odebrecht y el socavón en el Paso Exprés no quedaron impunes. La CNDH había pedido a la secretaría una investigación integral sobre la tragedia ocurrida en Cuernavaca por negligencia

 

Regeneración, 10 de octubre de 2018. La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, informó que no realizará ninguna investigación integral sobre el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, tal como se lo pidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues, consideró, «al día de hoy es caso cerrado».

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Otro tanto dijo sobre el escándalo de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, pues aseguró que su secretaría no dejó el caso impune, de acuerdo con El Financiero.

Respecto al socavón, aseguró que la SFP ya aplicó sanciones sanciones administrativas por negligencia u omisiones en el caso y que también hubo casos de inhabilitación de funcionarios hasta por diez años.

Dijo que la secretaría a su cargo sólo «sanciona administrativamente», y no se dedica a «temas penales».

Cuando le cuestionaron sobre la petición de la CNDH, Gómez aseguró que va a «revisar y analizar», pero reiteró que la SFP «hizo un trabajo verdaderamente integral y exhaustivo».

Siguió defendiéndose y aseguró que el trabajo que hizo su secretaría «fue impecable y está abierto al escrutinio público».

Recordó que hubo ocho servidores públicos inhabilitados como consecuencia del socavón que se abrió el día 12 de julio de 2017 y cobró la vida de dos personas.

Precisamente a esos funcionarios se refirió la CNDH en un comunicado oficial y agregó que «salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas».

Por ello este mismo miércoles, el organismo de defensa de los derechos humanos pidió a la Secretaría de la Función Pública que «investigue el caso de manera integral y no dispersa, basada en todos los componentes que provocaron la falla, tanto de las empresas como de las personas servidoras públicas involucradas.