Las condiciones en las que Tecnoradio consiguió estas concesiones hace crecer las dudas sobre quién o quiénes están detrás; se sospecha de un prestanombres: el implicado sería Radio-rama.
Regeneración, 29 de marzo de 2017.- Tecnoradio, un grupo que, se pensaba, no tenía recursos, concursó por licitaciones de radio con tal fuerza que elevó dramáticamente los costos; un 22 por ciento. El grupo radiofónico se hizo de 37 concesiones.
Las condiciones en las que Tecnoradio consiguió estas concesiones hace crecer las dudas sobre quién o quiénes están detrás, no sólo en términos legales, porque pueden ser testaferros, sino en términos reales.
A mediados de febrero concluyó el proceso licitatorio de más de 200 estaciones de radio comercial en FM y AM. La ultima parte de este concurso fue una subasta: por vía electrónica, los participantes, identificados por un número y sin nombre, presentaban sus ofertas por cada lote en el que tenían interés. La subasta arrancó con el valor mínimo de referencia, es decir, con el monto mínimo que podían ofrecer por cada lote.
Estas ofertas económicas estaban previamente topadas en mínimos y máximos, de esta manera un participante no podía hacer cualquier oferta, sino que los límites iban aumentando progresivamente por cada ronda que duraban media hora cada una. Los integrantes calificados, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), contaban con 15% más de puntos. Los interesados, desde el inicio, presentaron la lista de los lotes por los que querían participar, por cada uno de ellos entregaron al IFT una carta de garantía doble del valor mínimo de referencia, con el fin de asegurar que su participación sería legal y que sí pagarían en caso de ganar, so pena de cobro de la garantía.
Cuando inició el proceso de la subasta, «Tecnoradio», conocida en ese momento con el número 05324, tuvo un comportamiento agresivo con sus ofertas y marcó, en muchas de las plazas, el curso de la subasta. Además otro hecho que influyó en este proceso, fue la caída del sistema electrónico que contrato el Instituto de Telecomunicaciones.
En su columna de opinión para El Universal, Irene Levy expresa su postura con respecto a este caso; dice que Tecnoradio ganó, con la calidad de nuevo entrante, con 37 estaciones (34 de FM y 3 de AM) por ellas tendrá que pagar la cantidad de más de 277 millones de pesos para el mes de mayo.
Además de todo lo dicho, el columnista Javier Tejado y la reportera Carla Martínez, también de El Universal, dieron a conocer que esta empresa fue creada en 2011 por Alfonso Amilpas, que tenía 51% de las acciones y Carlos Lara el 49%. Amilpas fue funcionario público en la Dirección de Radio y Televisión de la SCT por muchos años y actualmente es un empresario de televisión por cable, también opera la estación 99.7 FM en Chilpancingo y además es asesor de varios concesionarios de radio.
Por su parte, Carlos Lara es director general del Insituto Mexicano de la Radio (IMER), ante los recientes cuestionamientos, dió una entrevista a Joaquín López Doriga en Radio Fórmula, en la cual aclaró que el 26 de julio de 2016 cedió sus acciones de Tecnoradio, que no sabia quienes eran los compradores y que no había obtenido ni un centavo por su venta.
Hasta el momento Amilpas no ha dado declaraciones, y Alejando Navarrete, jefe de la Unidad del Espectro del IFT y responsable de la licitación, sostiene que ni Lara ni Amilpas eran accionistas cuando Tecnoradio entró al proceso de subasta.
También, el columnista del periódico El Financiero, Raymundo Riva Palacio escribió que la prensa especializada lleva dos semanas mostrando lo que parece una proclividad a apoyar a esas dos empresas que han florecido durante el gobierno de Peña Nieto.
Tecnoradio ha sido cuestionada por el hermetismo con el que las autoridades cuidan la identidad de sus socios. Fundada en 2011, de la nada se presentó en el concurso público del Instituto Federal de Telecomunicaciones para obtener 191 frecuencias de radio FM y 66 en AM, y se quedó con 34 FM y tres AM en 18 estados, por las cuales ofreció pagar 287 millones de pesos, 37 millones más que el segundo lugar, Grupo Radio Centro, de largo historial en la industria.
El debate se ha centrado en Lara Sumano, ante un posible conflicto de interés. ¿Cómo puede un funcionario, cuya área de competencia es la radio, participar en un concurso de licitación de frecuencias de radio?. La prensa reveló que Lara Sumano tiene 249 de las 600 acciones de Tecnoradio, mientras que Amilpa tiene otras 306. Quién tiene las 45 restantes es otro misterio, porque Bañuelos sólo aparece como el representante legal.
Explicó Lara Sumano que la semana pasada que si bien él fue uno de los fundadores de Tecnoradio, vendió sus acciones en septiembre, sin mostrar ningún documento que avalara su dicho, ni tampoco aclaró por qué, si desde febrero pasado apareció esa empresa como la ganadora del concurso público, no hizo del conocimiento público su retiro como accionista hasta que el escándalo lo comenzó a quemar. El gobierno ha dejado solo al director del Imer. La Secretaría de Gobernación, bajo cuya jurisdicción se encuentra ese instituto, no ha dicho absolutamente nada. La Secretaría de la Función Pública no ha abierto ninguna averiguación que se sepa, hasta este momento. Las autoridades judiciales competentes tampoco han intervenido, ni siquiera informalmente, para que Lara Sumano les aporte las pruebas de que, en efecto, no es accionista en la empresa. Este funcionario tampoco ha presentado una denuncia penal por el mal uso de su nombre y el abuso de confianza por haber existido, en dado caso, usurpación de su nombre para actividades que serían ilegales, que obligaría a la cancelación del concurso.
Este tema se ha vuelto muy caliente. De Tecnoradio nadie quiere hablar. Este grupo, que según Lara Sumano no tenía recursos, concursó con fuerza y elevó dramáticamente los costos. En general subió en 22 por ciento el precio del mercado con respecto a los valores mínimos, según Fernando Mejía Barquera, un experto en el tema. Empresarios de la industria aseguran que lo que pagó Tecnoradio hace inviable el modelo de negocios, con lo cual crecen las dudas sobre quién o quiénes están detrás, no sólo en términos legales, porque pueden ser testaferros, sino en términos reales.
Con información de: El Universal y El Financiero