El informe de la Cuenta Pública 2016 detalla que las universidades subcontrataron a otras empresas para que realizaran tareas por las que el gobierno les pagó.
Regeneración, 4 de noviembre de 2017.- De acuerdo con los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2016 realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las universidades contrataron proveedores externos y desviaron más de 100 millones de pesos de las finanzas federales.
El informe de la Cuenta Pública detalla que las instituciones usaron el mismo método del año pasado y contrataron a otras empresas para que realizaran tareas por las que recibieron dinero de dependencias del gobierno.
Por ejemplo, la ASF detectó irregularidades en dos universidades: la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), que fue contratada por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); además de la Universidad Tecnológica de Salamanca, en Guanajuato.
En el caso específico de la Universidad de Zacatecas, se alertó que no tenía la capacidad técnica para hacer los trabajos y subcontrató la totalidad de los servicios pactados, además que tampoco pudo comprobar que hubiera pagado por esos servicios.
“La Universidad no contó con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con los servicios convenidos y contratados con la Conapesca y la Sagarpa, por lo que subcontrató el 100% de los servicios pactados, los cuales ascendieron a 154 millones 796 mil pesos, monto nueve veces superior al presupuesto de la universidad”, dice el informe de la ASF.
Asimismo, se encontró un sobrecosto por un monto de 37 millones 452 mil pesos “entre el monto de los recursos que la UPSZ cobró por sus servicios, y lo que se comprobó que pagó a los prestadores de servicios”.
También se detectó que 78 prestadores de servicios no estaban vinculados con ninguno de los convenios o anexos técnicos y contratos suscritos con las dependencias, por los que la universidad les pagó 8 millones 692 mil pesos.
En el otro caso, el de la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS), la Auditoría encontró que suscribió “diferentes” contratos con “entidades de la administración pública federal”, donde aseguró que tenía la capacidad material y financiera para realizar los trabajos, pero, terminó contratando a “17 prestadores de servicios, siete empresas, un organismo descentralizado y a 59 becarios, lo que representó el 78 por ciento de subcontratación”.
La ASF determinó que la Universidad hizo pagos injustificados a diversos proveedores y expertos técnicos contratados para la ejecución de los trabajos convenidos por un total de 32 millones 637 mil pesos. Además, que tampoco cuenta con la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos.
Con información de El Financiero