La compra de votos -a cambio de dinero, comida o leña para la calefacción- y la intimidación de los votantes son moneda corriente en Bulgaria, un país con un 20% de la población bajo el nivel de pobreza
30 de septiembre de 2014.-Empleada de limpieza, Maya Ivanova subsiste con el salario mínimo de 340 leva (174 euros) al mes, por lo cual dice que no dudaría un segundo en vender su voto en las elecciones legislativas del domingo en Bulgaria.
«¿Quién va a rechazar 50 leva (25 euros) hoy en día, con semejante miseria?», pregunta esta gitana, de 51 años, en la ciudad minera de Bobovdol.
Pero a «nosotros, los gitanos, sólo nos dan unas albóndigas de carne y dos rebanadas de pan por ir a votar», en vez de dinero. «Los 50 leva se los quedan los organizadores», critica.
Hace unos meses, un reportaje de la televisión privada Nova, grabado con cámara oculta, mostraba cómo los directivos de una mina de esta ciudad presionaban a los obreros antes de las elecciones europeas, diciéndoles a qué candidato debían votar si querían conservar el empleo. El caso causó un revuelo en el país, el más pobre de la Unión Europea (UE) y objeto de críticas de Bruselas por su nivel de corrupción, pero no se llegó a abrir un procedimiento judicial.
La compra de votos -a cambio de dinero, comida o leña para la calefacción- y la intimidación de los votantes son moneda corriente en Bulgaria, un país con un 20% de la población bajo el nivel de pobreza.
«Alrededor del 6% de los electores reconoce haber vendido su voto y otros tantos se declaran dispuestos a hacerlo», afirma Antony Galabov, de la ONG Transparencia Internacional.
Sanciones para los que se resisten
Según otra organización, el Centro de Análisis y de Marketing, el 10% de los electores está dispuesto a dar su voto a un partido que les pague entre 50 y 500 leva (25 y 250 euros) por él.
«No lo hacen por gusto, sino que están entre la espada y la pared», asegura Antony Galabov.
«En los guetos gitanos, la gente depende de un usurero al que nunca consiguen reembolsar completamente. Los partidos se dirigen a él», explica Vania Nucheva, experta del instituto de estudios IMRI.
La minoría gitana no es la única afectada. «Se espera un número determinado de votos de tal barrio o empresa. Si alguien no ha seguido la consigna, todos son sancionados». describe el IMRI. Por sanción, se entiende incluso el despido o golpes.
De camino a los ascensores que bajan a las entrañas de la mina de carbón de Bobovdol, sólo hay carteles de un partido, una nueva formación populista apoyada por el propietario.
– Ni pruebas ni testigos –
«Siempre es así», comentan dos mujeres que piden permanecer en el anonimato. «En el trabajo, dicen a nuestros maridos y a nuestros hijos por quién debe votar la familia», cuentan.
El gobierno no niega el problema. «Los propios empresarios están sometidos a chantaje de los partidos, que les dicen cómo deben votar sus obreros para que la empresa siga teniendo pedidos y siga en actividad», explicaba recientemente Rumen Bogoev, un responsable del ministerio del Interior.
Los tribunales tropiezan con la falta de pruebas y de testigos. Las miles de denuncias presentadas tras las legislativas de 2013 desembocaron en una única condena condicional.
Bajo presión de Europa, Bulgaria ha tomado esta vez medidas preventivas para vigilar a unas mil personas sospechosas de amañar el tráfico de votos. La ley también obliga a incluir en los carteles y vídeos electorales la mención: «la compra y venta de votos son ilegales»