FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM
Grandes intereses empresariales y políticos detrás del proyecto, indican los sacerdotes Raúl Vera y Pedro Pantoja.
Conferencia de prensa en el Centro Prodh
Regeneración, 29 de julio de 2015. Con amenazas, sabotajes a reuniones pacíficas, dádivas y división entre los habitantes de General Cepeda, uno de los municipios más empobrecidos de Coahuila, autoridades federales, estatales y el empresario Daniel Calvert pretenden imponer la construcción de un basurero tóxico, denunciaron hoy ejidatarios, habitantes del lugar y los sacerdotes Raúl Vera y Pedro Pantoja.
De concretarse el Centro Integral para el Manejo de Residuos Industriales (Cimari), de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte -filial de Grupo Ecolimpio, que cuenta con accidentes industriales en su historial-, una zona de tan sólo 200 kilómetros cuadrados contaría con tres instalaciones de este tipo, pues ya hay una en Mina, Nuevo León, y otra en Ramos Arizpe, Coahuila. Quieren hacerlo ahí porque es un pueblecito incomunicado y ellos piensan que también indefenso, señalaron los activistas. De acuerdo con información del Manifiesto de Impacto Ambiental concedido, en este basurero tóxico se confinarían metales pesados y lodos impregnados con hidrocarburos, a tan sólo 2.5 kilómetros del poblado más cercano. .
La empresa adquirió un terreno de 500 hectáreas para construir, en 30 de ellas, las instalaciones del Cimari. En los alrededores se encuentran, entre otros, los ejidos Noria de la Sabina, Hipólito, Saucedo y La Rosa, todos a no más de 15 kilómetros.
Entre las afectaciones a los 6 mil habitantes más próximos al proyecto, los denunciantes prevén la dispersión de tóxicos por aire, al ser una zona de viento; la contaminación del agua, incluyendo a la presa El Tulillo -en una zona semidesértica en la que los poblados dependen del abastecimiento de pozos artesianos-; enfermedades por contaminación que los campesinos no tendrían capacidad de afrontar económicamente, y la pérdida de valor de las tierras y un consiguiente desplazamiento, pues de acuerdo con Martín Torres, “ya nadie querría invertir en donde hay un confinamiento tóxico”.
Los denunciantes señalaron que la empresa consiguió el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “en lo oscurito”. De la misma forma le fue otorgado el cambio de uso de suelo municipal; está pendiente el permiso de construcción municipal. Además, precisaron, la empresa pasó por alto la consulta previa que debe hacer.
La ley ambiental establece que para poder realizar un proyecto como el Cimari es necesario promover una consulta pública, y que el resumen del proyecto debe publicarse en un periódico de gran difusión. Grupo Ecolimpio lo hizo en un periódico de escasísima circulación, El Heraldo de Saltillo. Así, el 18 de octubre de 2014 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat otorgó la autorización en materia de impacto ambiental. Hasta ahora, 22 autoridades ejidales han manifestado su oposición al proyecto, incluso de manera escrita.
“Dudamos que el MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental) y el resolutivo de la Semarnat cuenten con los estudios técnicos que la ley exige”, sostuvo José Luis García Valero, habitante de la zona.
De acuerdo con un documento enviado por las autoridades ejidales de la zona, la forma de proceder del empresario Calvert ha sido a través de sobornos, engaños y amenazas, incluyendo el intento de boicot a reuniones pacíficas para provocar violencia. El campesino José Santos Pérez detalló que les fueron hechas promesas y les invitaban carnes asadas ara convencerlos de aceptar el tiradero tóxico. Otro habitante de la zona, Eduardo Alonso, informó que inclusive un comisariado ejidal se quitó la vida como consecuencia de las presiones a las que fue sometido para que aceptara el Cimari.
Los ejidatarios denunciaron que dentro del entramado de intereses económicos y empresariales se encuentra Eglantina Canales Gutiérrez, secretaria del Medio Ambiente de Coahuila, cuyo hijo Alberto Luna Canales es cercano al empresario Calvert. Además estaría detrás del proyecto el exgobernador Rogelio Montemayor, quien hace 20 años intentó construir un tiradero similar. “Ya basta de que unas cuantas familias se enriquezcan a costa de la vida humana y de daños al ambiente”, sentenció el obispo Raúl Vera.
Los ejidatarios lamentaron que México no cuente con regulación estricta sobre residuos tóxicos ni con funcionarios competentes y honestos, además de que por la corrupción existente “lo que hay queda en letra muerta”, valoró García Valero.
Durante la conferencia de prensa, irrumpió Carlos Álvarez Flores -acompañado por un grupo de golpeadores que dijeron ser enviados del diputado Alberto Cinta, del Partido Verde Ecologista de México-, quien insultó a los ejidatarios y a sus acompañantes y señaló que “ni siquiera son ejidatarios ni son ecologistas, son pagados”. Carmen Almaguer respondió que “no tenemos que ser ecologistas para defender nuestras tierras”, y el obispo Raúl Vera señaló que “así hace las cosas el señor (Calvert), así es de honesto”. Álvarez Flores, quien se ostenta como especialista en medio ambiente,fue opositor del empresario Calvert por un tiempo; ahora, entre otras actividades, imparte conferencias patrocinadas por el PVEM y promueve el Cimari, de acuerdo con testimonios de los ejidatarios.
El abogado y político Jesús González Schmal, originario de Coahuila, sostuvo que mientras los campesinos resisten desde su territorio, desde la defensa interpusieron recursos legales para intentar detener el tiradero tóxico.