El informe de la inteligencia militar destacaba que al menos cinco millones de pesos del total que obtenían Los Zetas en el Topo Chico se destinaban a los sobornos de custodios, jefes de guardia comisarios y los directivos del centro de reclusión. En los círculos militares se rumoraba que los sobornos también llegaban a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Regeneración, 14 de febrero 2016.-La Sección Segunda de la Séptima Zona Militar advirtió a Rodrigo Medina de la Cruz que gracias a la complicidad de autoridades penitenciarias, Los Zetas obtenían en la prisión de Topo Chico unos 15 millones de pesos al mes por cobro de cuotas, venta de droga y otros negocios, fondos que permitían financiar la narcoguerra que asolaba al estado de Nuevo León en ese periodo.
La advertencia ocurrió a la mitad de la administración de Medina de la Cruz. Pero no fue la única: investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León publicaron el libro Prisión y familia: retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI, en el cual se documentaba la tragedia que viven las familias de los reos en los penales del estado.
Además, organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la bomba de tiempo que amenazaba a las cárceles al juntar peligrosos reos del crimen organizado con internos detenidos por delitos comunes.
El informe de la inteligencia militar destacaba que al menos cinco millones de pesos del total que obtenían Los Zetas en el Topo Chico se destinaban a los sobornos de custodios, jefes de guardia comisarios y los directivos del centro de reclusión. En los círculos militares se rumoraba que los sobornos también llegaban a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.
El penal de Topo Chico operaba de manera similar al resto de las prisiones controladas por el crimen organizado en la región, entre los que destacan Altamira, donde salen el 80 por ciento de las llamadas de extorsión que se hacen en el noreste.
A pesar de la advertencia que le hacía el Ejército, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz no movió ningún dedo para retomar el control del penal, incluso cuando los asesinatos de custodios y jefes de guardias ocurrían cotidianamente.
El penal del Topo Chico albergó hasta antes de la masacre de la madrugada del pasado jueves a más de 3 mil 900 reclusos y su capacidad máxima es para unos 2 mil 500.
Este sistema es posible gracias a la complicidad de las autoridades penitenciarias, pero también debido al gran déficit de custodios que alcanza un 84 por ciento. Es decir, actualmente a cada guardia le toca vigilar por lo menos a 100 prisioneros.
Afirmó que los familiares de los internos pagan esas extorsiones semanal o mensualmente con “abonos” que rondan entre los 500 ó 2 mil pesos. Enfatizó que Cadhac tiene evidencias que cerca del 60 por ciento de los internos pagan esas extorsiones.
Si el gobierno de Medina no intervino en Topo Chico, el gobierno federal tampoco hizo nada para sacar a los peligrosos presos del crimen organizado, quienes han sido los que controlan esa y otras cárceles.
Tras la derrota del PRI en Nuevo León, el nuevo gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón solicitó a Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, el traslado de los reos del fuero federal a cárceles federales.
Renato Sales y El Bronco acordaron el traslado paulatino de reos, pero el convenio sólo se quedó en papel y se reactivó hasta que ocurrió la matanza de los 49 internos del Topo Chico.
En un intento de evadir su responsabilidad, El Bronco aseguró que heredaba de Rodrigo Medina la bomba de tiempo que le explotó al cumplir 120 días de su administración.
Con información de Chihuahua Noticias.