Red por los derechos de la Infancia*.El 30 de abril debería ser un motivo de celebración para niñas y niños. Sin embargo, existen aún grandes pendientes para garantizar los derechos de la infancia en México. Estos pendientes implican, entre otros factores, la armonización legislativa y el desarrollo de políticas públicas que deben estar sustentadas en los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
El pasado 20 de abril como parte de los compromisos adquiridos a nivel internacional, México debió entregar al Comité de Derechos del Niño su informe sobre el cumplimiento de la Convención. A la fecha, dicho informe no ha sido entregado. Ante ello, y a fin de brindar un balance de la situación que viven niñas y niños en México, en la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) hacemos una revisión de aquellos ámbitos que demandan atención inmediata para garantizar el pleno cumplimiento de sus derechos:
Es preocupante la ausencia de una Secretaría de Estado especializada en infancia y adolescencia que articule y promueva políticas públicas integrales. Actualmente, existen acciones públicas desarticuladas, opacidad en la inversión destinada a la infancia y un diseño institucional obsoleto. Por otro lado, la inexistencia de un sistema de información sobre infancia, impide valorar realmente los avances o retrocesos en la aplicación de las políticas públicas y dificulta la supervisión de los programas y sus impactos.
Hemos expresado desde el año pasado preocupación por la “narco explotación” de que son víctimas niñas, niños y adolescentes socialmente excluidos quienes están siendo reclutados de manera forzada por la delincuencia organizada. Esto como consecuencia de la ausencia de oportunidades y de medidas de protección del Estado (en sus tres niveles) que eviten su involucramiento en los grupos del crimen organizado. En este sentido, datos publicados el día de ayer señalan que en México tiene la tasa de pobreza infantil más alta de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pues 1 de cada 4 niñas y niños vive en condiciones de pobreza. Ante ello, resaltamos la importancia de reconocer que la inequidad y la pobreza extrema son factores que impiden garantizar los derechos de la infancia.
Ejemplo de ello es que de 2008 a 2009 la tasa de mortalidad por homicidio en la población menor de 18 años se incrementó en 40% pasó de 2.3 defunciones por cada 100 mil habitantes en 2008 a 3.2 en 2009. Si se desagregan los datos por rangos de edad, se puede observar que el incremento ha sido general. No obstante, en el rango de 15 a 17 años, el aumento de la tasa ha sido mayor, pasando de 5.3 defunciones en 2007 a 10.7 en 2009, esto representa un incremento de más del 100% en sólo dos años. Esto se muestra en la siguiente gráfica:
Otros datos recopilados por la REDIM desde enero de 2010 a través de fuentes hemerográficas, de los homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes dan cuenta de un incremento del 30% en el número de decesos, que paso de 60 muertes (enero a abril 2010) a 84 (mismo periodo, 2011) como se indica en la siguiente gráfica:
Al contexto de violencia que vive la infancia en nuestro país, se suman otras problemáticas como la normalización y justificación social del castigo corporal (maltrato infantil) el cual, es la expresión más común de violencia contra niñas y niños. Cada año, más de 20 mil denuncias de maltrato infantil son comprobadas por el DIF, de los cuales solamente una cuarta parte son presentadas ante el Ministerio público. En 2009, esto representó más de 17,000 casos que quedaron impunes.
Exaltamos el incremento de la criminalización y el estigma contra las y los adolescentes que se ha dado como medio para promover la reducción de la edad penal y los “castigos severos”, en contrasentido de un Sistema de Justicia para Adolescentes que contemple medidas alternativas de reinserción social. Dicho Sistema de Justicia está inconcluso en los Estados y sin Ley a nivel Federal, lo cual representa un incumplimiento a la obligación del Estado establecida en el artículo 18 Constitucional.
La ausencia de una legislación federal en materia de justicia adolescente ha ocasionado que niñas, niños y adolescentes quienes han incurrido en algún delito federal sean juzgados por autoridades estatales que no resultan competentes y bajo reglas procesales de los diferentes códigos locales. En este aspecto, el Estado Mexicano no ha cumplido con la recomendación de elevar la edad mínima de responsabilidad penal de los 12 hasta los 14 años de edad.
En razón de lo anterior, la REDIM exige al Estado Mexicano:
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Avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia, entendido como la existencia de un órgano articulador de alto nivel para el desarrollo de políticas públicas, programas y acciones que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en México.
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Adoptar medidas suficientes para combatir la impunidad y frenar la violencia de la que son víctimas niños, niñas y adolescentes, en la familia, la comunidad, o las instituciones que tienen la responsabilidad de cuidarlos, así como alcanzar las reformas legislativas que prohíban explícitamente el castigo corporal y obliguen al desarrollo de políticas públicas integrales que promuevan el buen trato, medidas disciplinarias positivas, acciones participativas y el uso de la resolución no violenta de conflictos en los procesos educativos.
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Crear un Sistema Nacional de Información sobre Infancia, desagregado por grupos de edad y sexo, con indicadores para evaluar los progresos en la aplicación de la Convención sobre los derechos del niño.
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Armonizar las legislaciones federales y estatales con la Convención sobre los Derechos del Niño para mejorar el sistema jurídico nacional que enfrenta serios rezagos en la defensa de los derechos de la infancia.
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Finalmente, exhortamos de manera importante al Estado Mexicano a retomar las Recomendaciones que diera a conocer el pasado 4 de febrero, el Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC-UN) con respecto al Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados” en las que: “El Comité expresa su gran preocupación por el elevado número de niños víctima (alrededor de 1000 en los últimos 4 años) como resultado de la lucha contra el crimen organizado, violaciones de derechos humanos y falta de investigación de los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas” Ante ello, el Comité insta al Estado Parte a que:
a. Recopile datos sobre el número de niños detenidos, heridos o asesinados en la lucha del Ejército y las fuerzas policiacas contra los grupos armados no estatales;
b. Investigue todos los delitos cometidos contra los niños y se asegure que las cortes civiles tengan jurisdicción sobre los delitos contra los niños (…);
c. Evite la impunidad, asegurándose que los responsables sean procesados y sancionados (1)
Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo
Red por los Derechos de la Infancia en México
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