Los indígenas acudieron a la sede del poder Ejecutivo estatal para notificar los acuerdos tomados y exigieron no ser criminalizados ni reprimidos por esta causa
Regeneración, 16 septiembre 2016, Huauchinango, Pue.– Miembros del Consejo Xängü yä mui de la sierra otomí-tepehua notificaron formalmente al gobernador Rafael Moreno Valle que en asambleas 32 comunidades decidieron rechazar el gasoducto Tuxpan-Tula de la empresa TransCanada y exigieron no ser criminalizados ni reprimidos por esta causa.
Los indígenas acudieron a la sede del poder Ejecutivo estatal para notificar los acuerdos tomados en Cristo Rey, El Saltillo, Montellano, Los Ángeles, Cruzsanta, Tlalcruz, Zoyatla, Aguacatitla, Paciotla, Cuauneutla, Acalapa, Tapayula, Zacapehuaya, San Pablito, Xochimilco, Xolotla y Atla.
Indicaron que la decisión fue tomada en uso de su derecho de elegir sus formas de desarrollo y pidieron a Moreno Valle que el gobierno –en todos sus niveles- respete esta determinación y no se les criminalice ni se use la fuerza pública en su contra, pues se cometerían más violaciones a sus derechos humanos.
Indicaron que la voluntad de impedir el paso de la tubería que transportara gas natural desde el sur de Texas para la generación de electricidad es compartida por sus vecinos de las localidades de San Nicolás, Santa Mónica, Tenango, Peña Blanca, El Nante, Colonia Ermita, Ejido López Mateos, San Pablo, El Ahuacate, Xindó, Los Ahilares, El Damó, El Bopó, La Concepción y Zacacuautla en el estado de Hidalgo.
Indicaron que hasta este momento, tanto la empresa TransCanada como el gobierno ha violado sus derechos a la libre asociación, autodeterminación y autonomía, así como a la consulta libre, previa e informada que no han sido respetados.
“Nuestra decisión está sustentada en acuerdos tomados en asambleas, tomando en cuenta nuestros usos y costumbres y considerando los más altos valores de nuestra cultura y nuestras tradiciones”, precisaron.
“Por tal razón, acudimos a usted confiados en que el Estado en sus diferentes órdenes de Gobierno, actuará en plena observancia del marco de legalidad, para que todos nuestros derechos sean garantizados de acuerdo a nuestra Carta Magna, y sean respetados, ya que representan el interés de nuestros pueblos, nuestras familias y nuestro futuro”.