Milei prohíbe homenaje a víctimas de la dictadura militar

Milei enfrenta denuncias de corrupción mientras bloquea homenaje a víctimas de la masacre de Trelew: Fusilados 16 presos políticos

Milei enfrenta denuncias de corrupción mientras bloquea homenaje a víctimas de la masacre de Trelew: Fusilados 16 presos políticos

Regeneración, 1 de septiembre 2025– El gobierno argentino atraviesa denuncias por presuntos sobornos que involucran a figuras del entorno presidencial.

Ahora se añade una creciente tensión política tras la prohibición del homenaje a las víctimas de la Masacre de Trelew.

Ambos hechos colocan en el centro del debate el rumbo del oficialismo y su relación con los consensos democráticos que marcaron los últimos cuarenta años.

La negativa a autorizar el acto en el penal de Rawson, significó un quiebre en una tradición de más de veinte años.

22 de agosto

Cada 22 de agosto se recuerda allí el fusilamiento de dieciséis presos políticos en la Base Aeronaval Almirante Zar, en 1972.

Este año, por decisión oficial, familiares y sobrevivientes no pudieron realizar la conmemoración.

El gesto fue interpretado como un movimiento político que busca relativizar los crímenes de la represión ilegal y disputar el sentido de la memoria histórica.

La Masacre de Trelew fue un crimen de Estado y un hecho trágico ocurrido en Argentina el 22 de agosto de 1972

Además, considerado como una de las primeras manifestaciones del terrorismo de Estado en el país.

Horror

15 de agosto de 1972: Un grupo de 25 presos políticos, militantes de Montoneros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson, en la provincia de Chubut.

Sin embargo la mayoría de los fugados no lograron escapar, ya que los vehículos que los esperaban no llegaron.

Por ello, diecinueve de ellos, luego de rendirse públicamente ante un juez y periodistas en el aeropuerto de Trelew, fueron devueltos a la Base Aeronaval Almirante Zar.

Seguidamente, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, los 19 prisioneros políticos que se encontraban en la base de Trelew fueron sacados de sus celdas.

Y luego fusilados por un grupo de la Armada Argentina.

Las autoridades militares justificaron la masacre alegando un nuevo intento de fuga, pero los tres sobrevivientes desmintieron esta versión.

Mismos que dieron testimonio de que fueron despertados, formados en fila y ametrallados sin previo aviso.

De los 19 prisioneros, 16 murieron y 3 sobrevivieron, aunque gravemente heridos.

Víctimas y sobrevivientes

Por otra parte, se destaca que entre los 16 fusilados se encontraban figuras importantes de las organizaciones armadas.

Incluyendo a Ana María Villarreal de Santucho (esposa de Mario Roberto Santucho) y Susana Lesgart.

Al tiempo que Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar sobrevivieron.

Mismos que fueron clave para denunciar lo ocurrido, sin embargo más tarde fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

El 15 de octubre de 2012, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los militares Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino.

Lo anterior, por los 16 homicidios y 3 tentativas de homicidio. Los crímenes fueron declarados de lesa humanidad.

Análisis

La prohibición del homenaje a Trelew opera como un indicador de la estrategia gubernamental.

No se trata de una decisión administrativa, sino de una amenaza a los derechos humanos que busca consolidar apoyos en sectores críticos de la memoria democrática.

Sin embargo, esta línea conlleva un riesgo: abrir un nuevo frente de conflicto en medio de un escenario de fragilidad política y económica.

Símbolo histórico

La Masacre de Trelew simbolizó, en su tiempo, la decisión estatal de aniquilar opositores por fuera de la legalidad.

Medio siglo después, la discusión se traslada a cómo un gobierno interpreta y gestiona esa memoria.

Bloquear un acto conmemorativo no elimina la demanda social de verdad y justicia.

Por el contrario, vuelve a instalar el dilema sobre qué democracia se construye cuando se intenta silenciar a las víctimas del pasado.