Las cifras de Segob son escandalosas: 63 mil 816 expedientes de muertes. El gobierno maquilla lo evidente, señala la investigación realizada por Zeta que arroja cifra: 78 mil 109 homicidios en el gobierno priista.
Regeneración, 7 septiembre 2016.- El número de asesinatos cometidos en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto es incalculable. Hay un intento débil y refutable del gobierno federal por contabilizar la cantidad de víctimas de lo que se convierte en una de las principales causas de muerte en el país.
Por sí solas las cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob) son escandalosas: hay 63 mil 816 expedientes judiciales relacionados con muertes violentas en lo que va del gobierno priista. Desde luego esto no fue tema de relevancia en el Cuarto Informe presidencial.
Y México está lejos de conocer con precisión cuántas vidas se pierden a causa de la violencia y la inseguridad.
El gobierno maquilla lo evidente: la violencia y la ausencia de un plan para combatir a la delincuencia, proporcionar seguridad o procurar justicia. Sumando los tres años concluidos (2013, 2014 y 2015) que Peña Nieto lleva en el poder, en promedio cada año se contabilizan 21 mil 199 homicidios dolosos.
Sin embargo, el país de muerte no fue plasmado en el Cuarto Informe de Gobierno de Peña. Ocultar y disimular el ambiente de guerra y la pérdida del estado de derecho no evita la realidad que sacude con sangre al país.
La investigación realizada durante semanas por Zeta arroja la cifra: 78 mil 109 homicidios dolosos en el gobierno priista.
La cantidad es resultado del número de víctimas registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informes homologados de las entidades, consultas en procuradurías o fiscalías estatales y algunas referencias del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Segob.
Sin embargo, la cifra podría ser mayor. La incertidumbre de la cantidad exacta nace principalmente por el número de personas desaparecidas, homicidios que son dolosamente clasificados como suicidios en varios Estados, y la falta de autoridad en algunas zonas dominadas por grupos armados, donde se cometen ejecuciones sin que las fuerzas policiacas o de justicia acudan.
Los más de 78 mil homicidios dolosos documentados son quizá sólo una parte de la cara de muerte y crimen que el gobierno pretende no reconocer.
En esta nota se proporciona la tabla de las personas ejecutadas con arma de fuego o con arma blanca durante el mandato peñista. Como se aprecia, los estados más violentos, con base en el mayor número de ejecutados, son: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas.
Si se considera únicamente lo que va de 2016, de enero a julio (al cierre de este trabajo aún no había concluido agosto), las 10 entidades con más ejecutados quedan así:
- Estado de México, 1 mil 326
- Guerrero, 1 mil 267
- Chihuahua, 771
- Jalisco, 723
- Sinaloa, 698
- Baja California, 660 (de los cuales 490 se cometieron en Tijuana)
- Ciudad de México, 654
- Michoacán, 643
- Veracruz, 606
- Tamaulipas, 605.
Haciendo el mismo ejercicio, pero proporcional a su población, es decir, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, los cinco estados con más violencia son:
- Colima, 45.94 por cada cien mil habitantes
- Guerrero, 35.31
- Sinaloa, 20.10
- Baja California, 17.17
- Morelos, 16.98
Respecto a Morelos, Alberto Capella Ibarra, comisionado estatal de Seguridad Pública, asegura en entrevista que las cifras que tiene el Mando Único son “las mismas prácticamente” que las registradas por el Secretariado Ejecutivo Nacional, pues “ya existe un sistema estadístico que se alimenta mes con mes. Nosotros somos transparentes y manejamos lo que es”.
La explicación del Mando Único no es en vano, pues la desconfianza en las versiones oficiales es más que normal. Por ejemplo, las cifras que el Secretariado ha documentado desde 1997 se refieren a la “incidencia delictiva”, esto es, las averiguaciones iniciadas por homicidio y no al número de víctimas, aunque últimamente ha comenzado a generar ese trabajo.
Para poner de muestra lo arriba citado están las cifras ambas oficiales entre la incidencia delictiva que maneja la Segob y los datos de las defunciones por homicidio del Inegi.
En 2013 el Secretariado registró una incidencia de 18 mil 332, mientras que el Inegi dio cuenta de 23 mil 63 víctimas. Lo mismo en 2014, cuando el primero documentó 15 mil 653 y el segundo 20 mil 10; 2015 no fue la excepción: 17 mil 28 casos por parte de la Segob y 20 mil 525 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El doctor Hiram Beltrán Sánchez es un investigador de la Universidad de California en Los Ángeles que publicó un artículo en enero de 2016 sobre el impacto de los homicidios en la esperanza de vida de los mexicanos.
El académico considera que “el problema que tenemos en México con los homicidios es que hay una lucha constante para poder saber si la información (oficial) es la apropiada y si están codificando bien, o están enmascarando la información”.
Sin embargo, dice, la realidad actual es que en el país “el impacto en la esperanza de vida es mucho menor de lo que debe existir, porque sabemos que hay muertes que se clasifican de otra manera, a pesar de que efectivamente fueron homicidios”.
Al comparar las conclusiones del estudio con la situación actual del país, Beltrán Sánchez observa cómo la violencia pasó de estar focalizada en algunos estados la mayoría en el norte a una distribución geográfica más generalizada.
“Cuando hablamos de los homicidios como una epidemia nos referimos a la forma en que cambia este patrón. Si vemos la información más reciente, los datos muestran que la violencia se extendió en todo el país prácticamente”.
Por ejemplo, en 2010, entidades como Colima y Zacatecas tenían cifras tan bajas de homicidios que ni siquiera figuraban entre los principales estados; “ahora Colima tiene una tasa más alta que Guerrero”, apunta.
De ahí, el experto refiere la importancia de obtener información más precisa para saber “cómo se está transmitiendo” el fenómeno y detenerlo.
Ismael Urzúa Camelo, exsubprocurador de Justicia en Aguascalientes y exfuncionario de la Segob, también sabe que las cifras exactas son difíciles de conocer. Pero indica que las “deducciones” son más fáciles, sobre todo a partir del elemento de “averiguaciones que tenga la PGR por delincuencia organizada en una entidad o región, cómo se reflejan en cuanto al homicidio. Si hay muchas averiguaciones, unas 15 o 20 por delincuencia organizada, se supone que debería haber un incremento en homicidios”.
El ahora asesor del Senado de la República formula la interrogante: “¿Por qué los homicidios se mantienen estáticos, en su mismo nivel, si hay mucha delincuencia organizada? Porque sucede que la delincuencia los mata y los familiares, muertos de miedo, ya no denuncian; no quieren saber nada”.
Además de que “cuando alguien que sufrió lesiones, muere, la autoridad no actualiza la información, la averiguación sí, pero en la estadística ya no lo dan de alta”, concluye.
Para Santiago Roel, director de la organización ciudadana Semáforo Delictivo, el incremento de 17% en los homicidios dolosos en el primer semestre de 2016 en comparación con el mismo periodo de 2015 es consecuencia de las disputas entre los cárteles.
Sin embargo, el consultor, quien creó el mecanismo de medición de incidencia delictiva, el cual califica con verde, amarillo o rojo, según la situación de seguridad del país y en cada entidad, ve en el uso de las fuerzas policiales para el combate a las drogas el trasfondo del problema.
“La administración actual no quiere adoptar un cambio en las políticas de drogas por temor a pagar el precio en 2018, y por ese costo político seguiremos sufriendo la inseguridad en todo México”, consideró.
En entrevista con este semanario, el especialista señala que mientras en 2015 la información de Semáforo Delictivo alimentada a su vez de Lantia Consultores indicaba una media de 677 ejecuciones del crimen organizado al mes, para julio de 2016 se contabilizaron mil 80 homicidios relacionados con delincuencia organizada.
“En el primer semestre del año, 56% de los homicidios en México son ejecuciones del crimen organizado, pero hay estados donde esta cifra está arriba de 80%, como Guerrero, Colima y Tamaulipas”, indica.
Roel relaciona los constantes incrementos de índices delictivos en aquellos estados con la presencia de dos a cuatro grupos delictivos en competencia por la plaza.
Un informe de la firma especializada en seguridad Stratfor, titulado Los cárteles en México se seguirán erosionando en 2016, proyecta que continuará la tendencia de fragmentación de cárteles, la cual se ha mantenido desde hace más de 20 años.
Tales divisiones ocurrirán dentro de las mismas organizaciones criminales, principalmente el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. “Ningún grupo criminal se mantendrá inmune a la descentralización y la reducción”, sentencia el reporte.
Es precisamente en la estrategia de combate al narcotráfico donde Santiago Roel ve el principal problema del gobierno mexicano, ya que la política antidrogas “le da el poder del mercado a las mafias; esto nos genera no sólo violencia de alto impacto, sino corrupción de alto impacto donde puede colapsarse la autoridad por plata o por plomo”, opina.
“Después de más de nueve años con esta estrategia de incremento de violencia en la guerra contra las drogas, cuando todos los indicadores son patéticamente negativos, ¿por qué tanta terquedad en una estrategia que no funciona? Ni nos protege de consumos (de droga), ni logra la paz”, exclama desde el auricular de su teléfono.
Con información de Proceso