Los proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros o energéticos violan los derechos de la población, en particular de los indígenas y propician la violencia, según informe de la ONU.
Leticia Ánimas
Regeneración, 11 de diciembre de 2017. Huauchinango, Puebla.- La instrumentación de megaproyectos de la industria extractiva y energética en las sierras Norte, Nororiental y Negra de Puebla ha propiciado la violencia e inseguridad en las comunidades, situación en la que las autoridades son responsables “por omisión”, se estableció en el Resumen Ejecutivo del Informe sobre Derechos Humanos elaborado por la Universidad Iberoamericana.
De acuerdo con el capítulo Derechos al Territorio y a la Territorialidad que aparece en la síntesis del documento “Derechos Humanos en el Estado de Puebla: su progresividad a partir de procesos históricos y contextos actuales”, dado a conocer este día, a partir del año 2012 los estamentos de gobierno han favorecido las condiciones para la criminalización y el despojo de las poblaciones originarias habitadas por nahuas, totonacas, tepehuas y hñahñus.
Además de que los proyectos mineros, de fractura hidráulica, hidroeléctricos o la instalación de gasoductos son apoyados también por los “cacicazgos regionales” que tienen el control político del territorio.
“A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio se favoreció una intervención en el territorio que, desde las instituciones de gobierno propició la inversión de capital privado hacia proyectos de desarrollo e infraestructura, vinculados con una economía neoextractiva, que en el estado de Puebla se dio a través de la minería a cielo abierto, los proyectos de generación de energía, la fractura hidráulica, los gasoductos, la geotermia. Que han generado un retroceso en los derechos para la población que habita los sitios cercanos, favoreciendo la acumulación para las empresas”, se precisó.
El gobierno, se indicó, ha tenido un papel preponderante en esta regresión “emitiendo los permisos, promoviendo los proyectos, salvaguardando la infraestructura y, a decir de los propios pueblos, hostigando y criminalizando a la población”.
De igual manera el derecho a la consulta de los pueblos originarios ha sido vulnerado debido a que “no cumple con los estándares internacionales, se realiza cuando los proyectos ya están en marcha, no establece el consentimiento como la posibilidad de negarse al proyecto por parte de la comunidad, por lo que ha generado un rechazo a estos mecanismos”.
El estudio, se estableció, da cuenta además de aumento de las distintas violaciones de derechos humanos en el estado de Puebla y las condiciones que afectan de manera diferenciada a indígenas, mujeres, niños, población LGBTTTI o con discapacidad y su agravamiento por la falta de acceso a la justicia y la omisión de las autoridades en su deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violaciones.