El organismo indicó que esta ley da pie a que se vulneren las libertades básicas reconocidas y que se violen los derechos humanos.
Regeneración, 17 de diciembre de 2017.- Si el presidente Enrique Peña Nieto no veta la Ley de Seguridad Interior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpondrá una acción de inconstitucionalidad porque la ley abre la puerta a la violación de las libertades básicas.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, informó que, si la Ley se publica en el Diario Oficial de la Federación, se tienen 30 días para analizar y ejercer la acción legal.
“Una vez agotado el proceso legislativo de aprobarse la ley de seguridad interior, tenemos 30 días a partir de su publicación; desde luego haremos el análisis constitucional respectivo y ejerceríamos, en su caso, la facultad que nos da la Constitución”, escribió en Twitter.
Además, en un comunicado, la CNDH pidió a Peña Nieto que haga observaciones al proyecto de ley pues es facultad del Ejecutivo desechar la norma aprobada por el congreso o, en otro caso, devolverla a la cámara de origen con algunos señalamientos para que se discuta de nuevo.
El organismo indicó que esta ley es contraria al sentido y contenido de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, ya que da pie a que se vulneren las libertades básicas reconocidas y que se violen los derechos humanos.
Por ello, la CNDH dijo que, aunque respeta la determinación del Legislativo, también le preocupa que “el contenido de la ley en cuestión contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos”.
La Comisión lamentó que el Legislativo haya desaprovechado la oportunidad de realizar la discusión en un entorno de reflexión y construcción “donde no solo se escucharan planteamientos, sino que también se permitiera el debate libre plural e informado de posturas y conocimientos sobre el tema, tal y como lo solicitaron expertos, académicos, organizaciones civiles y organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales”.
Y, agregó que los problemas de seguridad y justicia que hay en el país deben tratarse con un enfoque integral “partiendo de una lógica preventiva, más que reactiva, y se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas”.
“Además del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles”, añadió.
Cabe mencionar que con base en el artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución, la CNDH cuenta con la legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte sobre leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la misma Carta Magna.
Con información de Milenio