A cuatro años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y 50 del 68, no se han logrado imputar cargos por esos crímenes de Estado.
Regeneración, 26 de septiembre de 2018.- No hay peor símbolo del fracaso de la procuración de justicia en este sexenio, como la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque está incompleta, llena de irregularidades y es fallida, consideró el columnista Salvador García Soto de El Universal.
En su columna Serpientes y Escaleras, García Soto señala que a cuatro años de la Noche de Iguala aún no se pueden responder a preguntas básicas sobre el caso, como quién y por qué los mataron con tanta saña.
“A pesar del esfuerzo gubernamental y de enormes recursos públicos invertidos para construir una ‘verdad histórica’ hoy totalmente desacreditada y cuestionada, no han servido para responder con total certeza y contundencia a preguntas básicas de un crimen que dejará sin resolver el gobierno de Enrique Peña Nieto”, escribió.
De las 130 personas en la cárcel, ninguno dio el paradero concreto de los normalistas y en cambio se denunciaron torturas, jamás de detallaron las declaraciones de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda; por si fuera poco, no se fincaron responsabilidades contra el exgobernador ángel Aguirre por sus vínculos documentados con los Abarco y menos se respondió la pregunta más grave “¿cuál fue el papel real de la Policía Federal y el Ejército mexicano, con su 27 Batallón de Infantería y por qué hay testimonios que indican que nunca actuaron para defender del secuestro y el asesinato a los normalistas?”, dice el columnista.
Aunque desde hace cuatro años, la sociedad y las organizaciones se han movilizado para decir “ya basta” y han clamado “nunca más una noche como la de Iguala”, pero siguen apareciendo cuerpos por doquier, se han realizado masacres, matanza y ejecuciones masivas.
La actuación del gobierno mexicano sigue poniendo el dedo en la llaga como hace 50 años con la matanza de Taltelolco, y confirma lo que es obvio: “lo mismo en el caso Ayotzinapa que en el del 2 de octubre, podrá haber acusados, autores materiales, chivos expiatorios y hasta alguno que otro inocente obligado a declarar bajo tortura, pero nunca se podrá saber la verdadera identidad de los responsables intelectuales, de los que dieron la orden de retener, torturar masacrar y desaparecer a los estudiantes”, señala el periodista.
Es hasta este 2018, 50 años después de la masacre de Tlatelolco, que una comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reconoce oficialmente que sí, que “fue el Estado”. “Cuántos años más tendremos que esperar para saber quién dio la orden de desaparecer y matar a los 43 normalistas y por qué las instituciones de seguridad del Estado mexicano no hicieron nada para evitarlo?”.