Las graves violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes analizadas en el dictamen incluyen la masacre de San Fernando de agosto de 2010, las fosas clandestinas descubiertas en ese mismo municipio en abril de 2011, la masacre de Cadereyta en mayo de 2012, y las redadas, amenazas, y acoso contra los defensores de migrantes en tránsito y los albergues y caravanas de migrantes en todo el país.
Por Concha Moreno | Periodistas-es
25 de agosto, 2014.-Tamaulipas, Estado mexicano situado en el Golfo de México, fronterizo con Texas, cuenta con un municipio que se menciona demasiado a menudo por una tragedia sin resolver: en San Fernando fueron asesinados 72 inmigrantes hace cuatro años, concretamente el 22 de agosto. Los autores eran integrantes del crimen organizado (Zetas, presumiblemente) con la aparente ayuda de varios policías locales.
Los inmigrantes fueron ejecutados por la espalda y muchos de ellos presentaban también el tiro de gracia. Los cuerpos estaban apilados a la intemperie y, curiosamente, fueron encontrados por elementos de la Armada 24 horas después de que ocurrieran los hechos. Sólo hubo un superviviente, que fue quien relató los hechos en que perecieron 58 hombres y 14 mujeres. A él no le perdonaron la vida, sino que la salvó al fingirse muerto.
Este hombre afirmaba que los agresores eran integrantes de Los Zetas, y que asesinaron a los migrantes –a quienes tenían secuestrados– porque no les entregaron el dinero exigido para dejarlos libres, y porque se negaron a formar parte de ese grupo delictivo.
Durante el año siguiente, en ese mismo municipio se descubrieron cerca de 200 cuerpos más en fosas comunes, parte de los cuales podrían pertenecer a personas migrantes aún sin identificar.
A los pocos días, el gobierno federal anunció que se pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros de personas migrantes.
No obstante, entre los meses de abril y mayo de 2011 se volvieron a encontrar 193 cadáveres en 47 fosas clandestinas, también en San Fernando, entre los que se encontraban personas migrantes mexicanas y de otros países, en donde tampoco se siguieron procedimientos adecuados ni se han esclarecido los hechos; hay más de 150 cuerpos sin identificar.
Posteriormente, el 13 de mayo de 2012, aparecieron 49 torsos humanos a la altura de Cadereyta, Nuevo León (Estado colindante con Tamaulipas), con un cartel en el que los Zetas se atribuían los hechos. De acuerdo con el procurador de justicia de Nuevo León, entre las víctimas podría haber personas migrantes en situación irregular.
La verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida hasta la fecha, ni los responsables han respondido ante la justicia. La identificación plena y fidedigna de todos los restos también sigue pendiente, aún quedan once cuerpos sin reconocer. La falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido grave.
El papel de las organizaciones de DDHH
A finales de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh) presentó una recomendación que se quedaba corta frente a la situación que abordaba: no calificaba los hechos como violaciones graves a derechos humanos, no ofrecía una explicación sobre lo ocurrido, no tomaba en cuenta a las víctimas ni a sus familiares, ni otorgaba una reparación integral del daño.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su reciente informe sobre los derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, expresa su preocupación por la falta de asistencia que el Estado mexicano ha brindado a los familiares de migrantes desaparecidos, la falta de coordinación entre las autoridades del orden municipal, estatal y federal en lo que respecta a la identificación de cadáveres y a la cadena de custodia que se debe seguir una vez que son hallados en las fosas clandestinas, los problemas de metodología de diagnóstico en el proceso de recolección y análisis de restos, incluidos la identificación y el uso de genética forense, así como la falta de atención de familiares de los y las migrantes desaparecidos.
En este sentido, recomienda implementar el Protocolo para el Levantamiento e Identificación de Cadáveres y Restos Humanos, crear un banco de datos de información forense a nivel nacional, que integre a otros bancos de la región, que cuando se tengan indicios de que los cadáveres pertenezcan a personas migrantes se les proteja de cualquier innovación y no sean cremados ni enviados a fosas comunes.
Finalmente, la CIDH recomienda la creación de un mecanismo nacional que facilite el intercambio de información sobre restos no identificados y personas mexicanas y centroamericanas desaparecidas en México, debe integrarse en uno regional similar, ambos deben contar con la participación de la sociedad civil.
En cuanto a Amnistía Internacional, esta organización ha hecho un llamamiento urgente y enérgico a las autoridades federales y estatales para que cumplan con las medidas anunciadas y que sigan las recomendaciones emitidas por la Cidh para garantizar la seguridad de las personas migrantes en el país; que informen a la sociedad sobre las acciones que están tomando y sus resultados; y que esclarezcan los hechos ocurridos en San Fernando, otorgando una reparación integral a las personas que fueron víctimas.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)
Coincidiendo con este cuarto aniversario del caso de San Fernando, también se han presentado las conclusiones preliminares que formarán parte del dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que se enfocan en sentar las bases para someter a juicio internacional a autoridades del estado mexicano, de los Estados Unidos de América, y de los estados de origen de los migrantes en tránsito.
Señalan a esas autoridades como corresponsables de una política de “persecución y exterminio”, por fallar en sus obligaciones de prevenir violaciones generalizadas a los derechos de migrantes en tránsito. Esto ha resultado en violaciones graves, masivas, y recurrentes de la normatividad internacional y de los marcos jurídicos nacionales pertinentes, que se tienen que abordar como crímenes de estado y crímenes de lesa humanidad, dentro del marco del Artículo VII del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
De la misma forma se señala al gobierno estadounidense como responsable por los efectos derivados de la imposición del libre comercio en México y en Centroamérica, así como por la militarización de la frontera. Las graves violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes analizadas en el dictamen incluyen la masacre de San Fernando de agosto de 2010, las fosas clandestinas descubiertas en ese mismo municipio en abril de 2011, la masacre de Cadereyta en mayo de 2012, y las redadas, amenazas, y acoso contra los defensores de migrantes en tránsito y los albergues y caravanas de migrantes en todo el país.
Los referidos actos y omisiones juntos constituyen un contexto de terror y criminalidad estatal que configuran una política de persecución y exterminio contra los migrantes en tránsito por territorio mexicano, incluyendo tanto a los de origen mexicano como a los de otros países de origen. Estos crímenes son el resultado de la subordinación de las autoridades mexicanas a los supuestos imperativos de la “seguridad nacional” (“securitización”) y del “libre comercio” impuestos por los Estados Unidos. Estas políticas necesariamente implican la militarización de las fronteras, la criminalización de los flujos de migrantes indocumentados y de sus protagonistas, y la mercantilización de los migrantes, que los convierte en factores estructuralmente esenciales pero coyunturalmente desechables.
El TPP es el tribunal de conciencia más antiguo (fundado en 1979) y más generalmente reconocido y respetado en el mundo, que es heredero del Tribunal Russell de los años sesenta. El Tribunal Russell, que incluyó entre sus fundadores a figuras como los filósofos Bertrand Russell, Jean Paul Sartre, y Simone de Beauvoir, y al expresidente mexicano Lázaro Cárdenas (de 1934 a 1940), fue el primero en aplicar las normas emanadas de los juicios de Núremberg contra los criminales de guerra del régimen nazi, y a los crímenes estadounidenses en Vietnam.
El TPP fue la primer instancia internacional, en 1984, que calificó el terrorismo de estado del régimen de Ríos Montt en Guatemala como genocidio contra los pueblos indígenas, y ha incluido en su organización a figuras como el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, y a los escritores Eduardo Galeano, Julio Cortázar, y Gabriel García Márquez.