En una investigación reciente, el periodista catalán, Oriol Malló relata la reconquista de México y de América Latina por parte de las grandes empresas españolas. Malló documenta, por primera vez, las razones económicas que llevaron al gobierno español a apoyar el fraude electoral en México en 2006. 
Los gobiernos de Carlos Salinas, Zedillo, Fox y Calderón entregaron al capital español bancos, contratos, para la perforación y explotación de áreas estratégicas de petróleo y luz eléctrica (actividades restringidas al Estado), playas para sus grandes cadenas hoteleras, líneas aéreas y telefonía celular. Y van por más. Gracias a la cooptación y la corrupción, el conglomerado español ha monopolizado obras públicas, agua, energía, turismo, medios y telecomunicaciones. Incluso reportan ganancias de 40 por ciento en México a pesar de la crisis.
“La nueva élite neoliberal –escribe en su libro- formada al calor por Carlos Salinas de Gortari, Carlos Menem y Fujimori, tomó como bandera la democracia oligárquica española y su milagro económico, hoy en ruinas, mientras Felipe González pilotaba este proyecto de desembarco imperial bajo cobertura política y financiera de los Estados Unidos. Así emergieron, en los noventa, las poderosas redes de españolas que son hoy el principal ariete contra el cambio y la soberanía de Latinoamérica”.
La amplia red de intereses españoles en México abarca desde BBVA Bancomer, Santander, Serfin, hasta Repsol, Iberdrola, Mapfre, Riu, Melià; el tren suburbano construido por la empresa CAF, grupos empresariales como HIDAFA; empresas mediáticas como Telefónica o Prisa y su periódico El País.
En El cártel español. Historia crítica de la reconquista de México y América Latina (Editorial Foca, 2011), Oriol Malló desvela las razones, el funcionamiento y las redes de poder que se mueven alrededor de las multinacionales españolas y los motivos de su apoyo a la campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de julio del 2006.
“El gobierno español apoya a quien haga negocios con las multinacionales españolas o esté en disposición de hacerlos. López Obrador no dio un solo contrato a empresas españolas cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal. Nunca aceptó negociar bajo mano con cabilderos corporativos como el ex presidente español Felipe González, la empresa eléctrica Iberdrola o la actual reina del sexenio, la también española OHL, cuyo presidente, José Andrés de Oteyza, fue secretario de patrimonio y fomento industrial con López Portillo (1977-1982), y está en vías de privatizar la red de autopistas urbanas del área metropolitana de la Ciudad de México. Incluso AMLO se negó a reconocer los contratos leoninos que tenía el gobierno el Distrito Federal con EUMEX, empresa de publicidad estática, dependiente de la influyente corporación hispánica Fomento de Contratas y Construcciones. Fue una ardua batalla legal, que incluyó las mañas y amenazas de esta empresa y sus protectores, desde el abogado Diego Fernández de Ceballos hasta la embajadora de España, Cristina Barrios”.
“La actitud nacionalista de López Obrador en el Distrito Federal ante las demandas del cártel español incidió en las elecciones presidenciales del 2006”, asegura el periodista. Es una historia más de la corrupción y del colonialismo en México.
Los intereses de la corona española en Pemex (Contralínea, 20 de febrero de 2011)
Por enésima ocasión le negaron el acceso. El director general para México del consorcio español Abengoa, Luis Rancé Comes, ordenó al personal de seguridad impedir el paso de una obstinada empresaria de Campeche que, insistente, reclamaba el pago de los trabajos que su pequeña compañía hizo para Telvent, subsidiaria de Abengoa, en una obra encomendada por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Envuelta en su impecable traje sastre, sofocada aún por el largo viaje, Susana Salinas se topó de frente con el musculoso brazo de un hombre que, flanqueado en la puerta, le impedía cruzar el umbral. De un empellón, Susana se abrió paso hasta la recepción. Segura de que Rancé y el director de proyectos Alejandro Guerrero de nuevo la evadirían, decidió improvisar un plantón.
De su portafolio, extrajo un folder en el que escribió: “¡Luis Rancé, exijo mi pago!”. Extendiéndolo de frente, entre sus manos, se sentó a esperar una audiencia fallida. De la dirección general, llegó la respuesta: “No le pagarán y no regrese”, machacó el guardia y la expulsó.
Un año antes, en septiembre de 2006, Telvent contrató a Industrias y Publicidad Noble, la compañía de Susana Salinas, para que realizara los patines para la inyección de nitrógeno en la planta de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Jalpa de Méndez, Tabasco. “Nos pagaron la primera y la segunda estimación de obra; luego, nada. Nos dijeron que siguiéramos trabajando, que nuestro dinero estaba seguro. Nosotros seguimos. Teníamos 20 trabajadores en campo más los supervisores. Para cubrir gastos, tuvimos que pedir créditos y dejamos en fianza el patrimonio familiar. Al fin que estábamos con una empresa española que cobraría a Pemex muchos millones, pensábamos. Nuestro pago estaba asegurado, o al menos eso creíamos”.
A punto de terminar los trabajos, la compañía aún no les abonaba nada. Susana decidió apersonarse en las oficinas de Abengoa. Por más que intentó sensibilizar a los españoles al exponer su desesperación de que los créditos para costear el contrato generaban interés sobre interés, regresó a Campeche con la cuenta vacía, pero con la promesa de que, en cuanto concluyera la obra, le liquidarían y le darían nuevos trabajos.
El 98 por ciento del trabajo estaba cumplido cuando Telvent le rescindió el contrato con el argumento de incumplimiento. “Me informaron que no me pagarían porque todo estaba mal. Era absurdo, porque tengo las bitácoras de obra que el director del proyecto, Alejandro Guerrero, y su jefe Ignacio Mérida firmaron de conformidad en cada avance”, dice y muestra los documentos, todos con el visto bueno de los directivos de Telvent. Con la documentación certificada por un notario público, decidió reclamar su pago en tribunales al grupo Abengoa. “Entonces –prosigue–, no sabía con quién me enfrentaba”.
Los beneficios de Calderón
Entre los accionistas y directivos de Abengoa, figuran Carlos Borbón dos Sicilias, Emilio Cassinello y Paula Chaves, reputados políticos españoles, aristócratas, funcionarios y sus familiares. El primero no sólo es primo hermano del rey Juan Carlos I, sino su consejero y representante empresarial, de allí que la prensa española identifique al grupo Abengoa como una de las firmas en las que el rey tiene sus intereses económicos.
El consorcio ingresó al mercado mexicano en 1993 como Sainco (Sociedad Anónima de Instalaciones de Control). Para Carlos de Borbón, el mercado no le era ajeno, dado su encargo como funcionario del Banco de México, según inscribe su biografía oficial. Tampoco a Emilio Cassinello, directivo de Abengoa que entre 1982 y 1985 fue embajador de España en México.
En 1997, registraron la subsidiaria Abengoa México e ingresaron como presidente del corporativo a Luis Rancé Comes, directivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro, el hombre de las relaciones públicas y políticas desde el sexenio de Vicente Fox. Se trata de uno de los empresarios que aparece en las indagatorias que la Secretaría de la Función Pública integró en 2005 como parte de una red de empresarios y empresas supuestamente favorecidas con contratos irregulares de Pemex Refinación asignados durante la administración del hoy senador Juan Bueno Torio.
Pero ha sido el gobierno de Felipe Calderón el que ha entregado a Abengoa el mayor número de contrataciones en su historia de negocios en nuestro país, por montos que le aportan el 50 por ciento de los ingresos totales que el corporativo obtiene en América.
Ello sin duda es del agrado de Carlos de Borbón, esposo de la princesa Ana de Orleans, primero en el puesto de la línea de sucesión a la corona después de los descendientes directos del rey Juan Carlos. No en balde Felipe Calderón ha recibido una suerte de distinción, como la condecoración de la Orden Isabel la Católica, que en junio de 2008 recibieron él y su esposa Margarita Zavala de manos del rey Juan Carlos.
El consorcio tiene registrados como proveedores del gobierno federal a sus empresas Abengoa; Abener; Abener Energía, SA; Abener México, SA, de CV; Abener Energía El Sauz, SA de CV; Telvent Energía, y Medio Ambiente, SA (antes Sainco); Telvent México, SA de CV; Telvent Energía, SA; Telvent Git; Befesa México; Befesa Limpiezas Industriales, SA de CV; Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV; todas domiciliadas en el 174 de la calle Bahía de Santa Bárbara, colonia Verónica Anzures, Distrito Federal, a unas calles de la sede de Pemex. También a las firmas Telvent Tráfico y Transporte, SA, y Telvent Git (en Madrid, España) y Abener Energía (en Sevilla, España).
Entre 2008 y 2010, a nombre de Abengoa México facturaron 8 mil 176 millones de pesos a Pemex. Uno de estos contratos, asignado en 2009 por Pemex Gas y Petroquímica Básica para la transformación del agua desmineralizada a vapor, representó un monto de 7 mil 429 millones 410 mil pesos.
Telvent Energía, por ejemplo, facturó más de 600 millones de pesos a Pemex Refinación por implantar el sistema SCADA en siete poliductos. A Telvent México, III Servicios le pagó más de 100 millones de pesos por un diagnóstico de riesgos de estaciones de bombeo de ductos de Pemex Refinación (Pajaritos, Progreso, Juan Díaz Covarrubias, Loma Bonita, Tierra Blanca, Arroyo Moreno, Mendoza, Maltrata y San Martín Texmelucan), trabajos que, según su naturaleza, debía hacer la paraestatal.
El gobierno de Calderón les entregó también créditos de Nacional Financiera (Nafin) por montos que fueron clasificados como “confidenciales”, según la respuesta que Nafin dio a Contralínea mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Subcontratación, el método
Sin infraestructura ni planta laboral, Abengoa recibe contratos de obra, servicios y suministros por adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Pemex, por ejemplo, le ha adjudicado unos 50 proyectos, algunos estratégicos y costosos, como la automatización de procesos en las terminales de almacenamiento y distribución de combustibles del país.
Entre ellos, la instalación del calentamiento de crudo ligero en la Sonda de Campeche, contrato 418815809, por 324 millones de pesos; la ingeniería, adquisición, instalación y pruebas para el Proyecto del Sistema Supervisorio Operativo de Procesos para las instalaciones del Activo Integral Ku-Maloob Zaap –420836814– por 110 millones 425 mil 854 pesos; la construcción de líneas del sistema de deshidratación de crudo para el traslado del aceite a la Terminal Marítima de Dos Bocas –420847804–, por 73 millones 847 mil 375 pesos.
También, el reacondicionamiento de la subestación eléctrica de potencia Samaria, del Activo de Producción Samaria Sitio Grade, contrato 415112993, por 6 millones 501 mil pesos; el acondicionamiento de instalaciones para inyección de aguas residuales en el Campo Hormiguero, contrato 4169088180 por 15 millones 625 mil pesos; el acondicionamiento de instalaciones para inyección de aguas residuales en el campo José Colomo, contrato 4169088190 por 12 millones 458 mil pesos; y la construcción y puesta en operación de separadores trifásicos de hidrocarburos en el Activo Integral Bellota Jujo, contrato 425029819 por 68 millones 780 mil pesos.
Pero las adjudicaciones no parecen del todo legales, revela Armando Barragán, exejecutivo del consorcio Abengoa, cuya relación con la empresa inició durante su periodo como directivo de Pemex Refinación, y justo cuando los españoles iniciaron su relación contractual en la paraestatal. Entonces, como director de proyectos, “recibí la instrucción de ayudar a la compañía y yo los ayudaba”, admite.
—¿A cambio de dádivas?
—Ellos lo manejan de una manera muy diferente, de una forma política y de allí manejan todo. Todo lo que tengan que otorgar, lo otorgan.
—¿Cómo qué?
—Lo que requieran; lo que les estén pidiendo.
—¿Le tocó conocer lo que dan a los funcionarios a cambio de los contratos?
—A mí, por ejemplo, una vez me dijeron mis jefes de Pemex que me iba de viaje a España, y bueno, a mí Pemex me pagaba todo. Ellos (Abengoa) me dijeron: “¿Y si te damos el boleto de avión para tu familia?”. “Mmm… pues me los llevo”, respondí. Y me proporcionaron los boletos.
Al cabo del tiempo, la relación se hizo tan estrecha y para el grupo Abengoa resultó tan rentable que, cuando a Armando le rescindieron su contrato en Pemex, “por no ayudar a una empresa priista”, dice, lo integraron como directivo del consorcio. La finalidad era que con sus contactos y amigos operara los contratos que Pemex les adjudicaría.
“Cuando salgo (de Pemex), y como conozco mucho, pues me contratan para que les ayude. Me dicen: ‘Ayúdanos. Tú conoces a todo mundo y puedes ayudarnos’. Me fui con ellos. Pudimos hacer el trabajo más rápido.”
Operaciones oscuras
La carta fuerte del grupo Abengoa en sus propuestas contractuales es un supuesto know how y tecnología. Su ejecutivo, Armando Barragán, dice que no hay tal, que “no tienen tecnología; la que venden a Pemex es canadiense y el software es lo mismo que los mexicanos. En realidad, no ofrecen nada”. Aunque lo que les ha resultado más lucrativo, explica, “son los contratos leoninos que firman con subcontratistas en los que al final son ellos los que terminan costeando los trabajos que Abengoa cobra”.
Lo que le ocurrió a Susana Salinas y su empresa Industrias y Publicidad Noble no es un caso aislado.
Una vez que la firma obtiene un contrato, recluta compañías locales a las que presentan en Pemex y CFE como si fuesen parte de su plantilla, narran otros tres empresarios. Si bien podría suponerse que representan una opción de empleo para docenas de compañías mexicanas, el resultado es completamente opuesto, pues en la ejecución de los contratos les abonan sólo las primeras estimaciones de obra, condicionándoles el pago al término total de los trabajos; pero cuando su conclusión se acerca, les rescinden el contrato y hacen válidas las fianzas de los subcontratistas. Por ello, las relaciones contractuales entre el grupo Abengoa y muchos de sus subcontratistas terminan dirimiéndose en los juzgados.
El contrato que Pemex Refinación le asignó a Telvent para automatizar las TAD es representativo: el 95 por ciento de las subcontratistas demandó a la compañía por supuesto fraude. Armando Barragán, responsable del grupo Abengoa en este contrato, explica las razones:
“Los contratos eran leoninos; estaban pactados a precio alzado, por lo que no podían hacerse modificaciones de obra ni de monto, pero en ellos se estipulaba mucho menos obra que la que era en realidad, para que sus precios fueran menores. Ya cuando empezaban a trabajar y se daban cuenta que era mucho más obra, pedían que se modificara el contrato. Como eran compañías que trabajaban de buena fe, se les decía ‘te voy a hacer los ajustes’, se confiaban y decían ‘ok, yo trabajo’. Luego se argumentaba que incumplieron y se les aplicaban penalidades del 20 por ciento por 10 días de atraso y 2 por ciento diario. Al final, las contratistas le debían a la compañía.”
—¿Esto es deliberado?
—Sí, es deliberado. Saben que no te vas a dar cuenta.
—¿Cuántas empresas calcula durante el tiempo en que usted trabajó y que terminaron en pleito?
—Como el 95 por ciento. Yo estuve trabajando con ellos cerca de ocho años. Los contratos grandes que yo manejaba de aproximadamente 30 compañías, 25 salieron con problemas. Pero el problema no termina allí, sino que ellos se cobran de mala fe. Dicen “a esta compañía la vamos a penalizar”. Llega un momento en que entregan los equipos, terminan los trabajos y no les pagan. Porque a muchas compañías, aunque entreguen a tiempo, les descuentan muchísimo.
Armando Barragán devela detalles que explican las ganancias del grupo Abengoa:
“Como corporativo, trabajan un sistema denominado pago por banco a 180 días. Cuando el proveedor lleva la factura, ellos la revisan. En la revisión se pueden tardar de 15 días a dos meses. Cuando la aceptan, te dan la instrucción: ‘si quieres cobrar la llevas al banco’, y de sus líneas de crédito te pagarán 180 días después, pero si quieres cobrar antes deberás pagar comisión por factoraje. Cuando quieren perjudicar a una compañía, se van con el factoraje más alto, más intereses, de entre 8 y 10 por ciento.
“Ellos se quedan con la mitad de los intereses o los puntos TIE que se manejen; la otra mitad es para los bancos. Es dinero fresco que entra a la compañía nuevamente. Ya seas contratista o proveedor, te aplican un descuento obligado que lo aceptas o lo aceptas porque normalmente el consorcio se queda con los contratos grandes (del gobierno). Entonces no te queda más que irte con él a venderle.
Los supuestos defraudados
En 2007, PEP contrató al grupo Abengoa para proporcionar el servicio de “voz y datos” en más de 170 pozos, con el cual la paraestatal debía disponer de información en tiempo real durante la operación de los pozos. Se les encargaron también los sistemas satelitales.
Adrián Fernández Delfín, un empresario tabasqueño que hasta antes de Abengoa daba ambos servicios a Pemex de manera directa, fue subcontratado a través de Telvent. Los españoles, dice, lo localizaron a través de los mismos funcionarios de Pemex que les asignaron el contrato.
“En la zona de Veracruz, realicé todos los servicios de los sistemas satelitales y de comunicación de voz y datos. Luego los de voceo y alarmas audibles para los pozos desde Ciudad del Carmen hasta Reynosa. Ellos ganaron la licitación, pero no sé cómo si no tenían personal para estos trabajos; me buscaron ya cuando los tenían asignados. Uno se pregunta ‘¿cómo le hacen?’. Son muy raras las facilidades que tienen para ganar un concurso sin que acrediten ninguna infraestructura, pues a nosotros Pemex nos pide acreditarlo.
“Empecé a trabajar con ellos en 2007. Desde el inicio, no querían pagarme los trabajos, que ellos llaman ‘órdenes de compra y pedidos’. Me dijeron que cuando terminara, me pagarían; y trabajé con ellos hasta 2009. Cuando reclamaba mi pago, me salieron con que yo les debía. Luego, de plano, me dijeron que no me iban a pagar. Presenté una demanda en Tabasco, pero la diligencia fue en México. Fui a hablar con Alejandro Guerrero (directivo de Abengoa) y me mandaron la guardia de seguridad para sacarme”, detalla en entrevista.
Por los servicios de sistemas de intercomunicación, Telvent facturó a PEP casi 18 millones de pesos. Por los servicios de intercomunicación para prevención y respuesta a emergencias, 23 millones de pesos.
Jorge Cámara Domínguez, de Ingeniería Cadeli, es un caso excepcional entre los subcontratistas de Abengoa. En 2009, logró ganar el juicio ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contra el consorcio, integrado en el expediente 651/2007.
Cadeli es una empresa mexicana especializada en sistemas contra incendio, proveedora del gobierno federal y del sector privado desde hace 25 años. En los contratos que Refinación adjudicó a Telvent para automatizar las terminales de abastecimiento y distribución, se requería de equipos que sólo Cadeli maneja. Pero en lugar de que Pemex se los adjudicara de manera directa, fue un funcionario de la paraestatal, dice Cámara, el que le recomendó a los directivos de Telvent subcontratarlo.
También le pagaron sólo las primeras estimaciones; la misma historia descrita: rescisión del contrato antes de cubrir los pagos, penalizaciones, hasta que el asunto llegó a tribunales. Pero Cámara aporta un dato que explica por qué Abengoa logra hacer válidas las fianzas, incluso sin informar a los subcontratistas:
“El truco lo hacen con las fianzas para hacerlas válidas y de esa forma recuperar los primeros pagos que le dan a la subcontratista. Hacen negocios con las afianzadoras para poder cobrar con la simple reclamación, y que después la afianzadora se pelee con el contratista para recuperar su dinero. El negocio se hace con los grandes brokers de las fianzas. El acuerdo es ‘yo reclamo la fianza, tú me pagas’ y después la afianzadora recupera su dinero.”
Enrique Santoscoy, de Integral Safety Systems México y de
Comercialización Técnica del Norte, se vio de pronto con las afianzadoras reclamándoles el pago que supuestamente hicieron al grupo Abengoa por sus “incumplimientos”. Es uno de los subcontratistas que la española reclutó para automatizar las terminales de Pemex Refinación. Le encomendaron las de Acapulco y Tepic.
“Cuando deciden cancelarte el contrato, te ejecutan las fianzas inmediatamente y la afianzadora te las cobra. Estás en dos pleitos legales: uno contra Telvent y otro contra la afianzadora. Ellos le apuestan a que tú no tengas capacidad financiera para defenderte. En un contrato de 4 millones de pesos, te demandan por 20 millones. Le apuestan a que no te defiendas y no le metas dinero bueno al malo. Por lo tanto, ya no les cobras. Pero su estrategia no es no cobrarte, sino hacer válidas las fianzas. Si sacamos el monto o la cantidad de empresas que trabajamos en ese proyecto, que fueron alrededor de 10 y a todas las demandaron por 20 millones de pesos, son 200 millones de pesos los que van a deducir de impuestos.”
—¿Acudieron con los directivos de Pemex para exponerles la situación?
—Así es, pero la respuesta fue que éste era un pleito entre particulares. La verdad es que el consorcio tiene muy buenas influencias; definitivamente sus relaciones son mucho más fuertes que las de nosotros.
Protección oficial
En julio de 2009, Javier Peña Gamboa publicó en su blog la denuncia que su compañía presentó en contra de Telvent por supuesto fraude. De todos puntos, del país le llegaron comentarios de subcontratistas de Abengoa en situaciones similares. Pensando en que en bloque obligarían a los españoles a cumplir sus obligaciones contractuales, Javier pensó organizar a los subcontratistas. La respuesta, dice, “fueron amenazas de directivos de la empresa”.
“Hago responsable públicamente a todos los directivos de Telvent si algo le ocurre a mi persona. Sí tenemos miedo mi familia y un servidor de lo que nos puedan hacer, pero estamos sacando fuerzas para luchar por nuestra dignidad, nuestro patrimonio y, sobre todo, para que más de 20 padres de familia no pierdan el sustento que les representa trabajar en esta pequeña empresa”, inscribió en su blog en octubre de ese año.
Javier Peña Gamboa es un hombre serio. En Campeche se le conoce como uno de los primeros empresarios de la zona en afiliarse al Partido Acción Nacional, y de ser quien, en la década de 1990, presentó a los Mouriño –Manuel Carlos y su hijo Juan Camilo– con el presidente de su partido, Felipe Calderón Hinojosa, en la ciudad de México.
“Nosotros nos preguntamos: ‘¿De veras tienen un padrino tan poderoso que los protege e influye para que hagan tantos negocios?’”, rememora Javier Peña, quien, junto con otros subcontratistas, documentó sus casos ante la Presidencia de la República y la Dirección General de Pemex. Incluso tuvo ocasión de comentarlo personalmente al titular de la paraestatal. Confiaba que el presidente Calderón atendiera el caso. La respuesta fue el mutis oficial y la asignación de nuevas y más redituables contrataciones para el grupo Abengoa, y en la vida pública, numerosos encuentros de Felipe Calderón y de su gobierno con el rey Juan Carlos y la realeza española.
Bajo los cuestionados esquemas de trabajo descritos por sus subcontratistas, el grupo ha recibido contratos para construir terminales, líneas de transmisión y subestaciones de la CFE; infraestructura, tratamiento de aguas, remediación de pozos, alarmas, automatizaciones, sistemas de control de emisiones y servicios tecnológicos para Pemex, entre otros.
Accionistas y gestores de alto nivel
Abengoa es una empresa de origen sevillano, fundada en 1941 por Javier Benjumea Puigcerver, fallecido en 2002. En las primeras décadas, junto con sus hijos Javier y Felipe Benjumea y sus sobrinos Joaquín Abaurre y José Luis Aya, manejó la firma como una pequeña empresa familiar, hasta que la fue capitalizando con contratos de los ayuntamientos y las relaciones públicas y políticas que iba tejiendo.
Diversas notas periodísticas de la prensa española documentan que bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción por una simulación en la compra de sus acciones –de Xfera por Telvet–, la familia Benjumea decidió abrir su negocio a influyentes personajes de la políticas y en la función pública de España, lo que además le garantizaba contrataciones gubernamentales. Actualmente, el directivo de mayor envergadura pública es Carlos de Borbón Dos Sicilias.
Nacieron el mismo año, se criaron bajo el mismo techo, se educaron en las mismas escuelas. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón Dos Sicilias, sucesor de Francisco Franco, nació en Roma el 5 de enero de 1938. Su primo Carlos María Alfonso Marcelo de Borbón Dos Sicilias vino al mundo 11 días después. Cursaron juntos el bachillerato en Las Jarillas y luego en el Instituto de San Isidro, en Madrid.
A sus 26 años de edad, al morir su padre, el infante Alfonso de Borbón, Carlos se convirtió en jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, luego en duque de Calabria y también en conde de Caserta. Catorce años después, su primo Juan Carlos subía al trono de España, heredero de la Dinastía de Borbón.
En 1994, Juan Carlos le dio a su primo el título de infante de España, distinción que sólo se otorga a los hijos del rey y al príncipe de Asturias. Con dicho título, Carlos de Borbón recibe trato de alteza real. Así, Juan Carlos dejó clara la cercanía y confianza con su primo, según consideraciones de la prensa.
Carlos de Borbón es el hombre de los negocios del rey Juan Carlos. “Compagina su labor profesional, vinculada al mundo de las empresas y las finanzas, con la defensa de la naturaleza, y representa al rey en todas las actividades que el monarca le encarga”, cita su biografía en la página oficial de la Casa Real de Borbón (www.constantinianorder.org).
Amén de su parentesco, en los círculos empresariales a Carlos de Borbón se le identifica como el operador de los negocios privados del rey. De allí que se aluda a los beneficios que en aquel país se le han dado a Abengoa, como ahora se hace también en México, particularmente con la feria de contrataciones entregadas por el gobierno federal.
Además de su alteza real Carlos de Borbón Dos Sicilias, como reza el directorio de Abengoa, entre sus directivos y accionistas aparecen diplomáticos de carrera como Emilio Cassinello Auban; políticos y exministros de gobierno, como el de Presupuesto de Felipe Aznar, Ricardo Martínez Rico o Cándido Velasquez, del círculo estrecho de Felipe González o Paula Chaves Iborra, involucrada en un escándalo de tráfico de influencias para favorecer al consorcio con un contrato que le adjudicó su papá, Manuel Chaves, presidente del Partido Socialista Obrero Español, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno, para construir la Ciudad Digital de Almería, proyecto de 27 millones de euros del presupuesto público de esa localidad.
Contralínea solicitó entrevista con Luis Rancé para saber su postura respecto de la información planteada por los subcontratistas y su excolaborador en Abengoa. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Fuente: Contralínea 221 / 20 de febrero de 2011
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