En Nuevo León se dictó sentencia por la ejecución arbitraria de un matrimonio a manos del Ejército.Para el centro de derechos humanos, la sentencia marca un precedente dentro de la “deficiente” política de militarización que permanece en Nuevo León, pues “los militares no están capacitados para hacer labores de seguridad pública y además son puestos en una situación vulnerable. La participación de los militares en la seguridad representa un riesgo de violaciones a los derechos humanos”.
El 20 de julio de 2015, el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, Eustacio Salinas Wolberg, dictó sentencia para el caso de la ejecución extrajudicial de Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Peña Chavarría, ocurrida el 3 de marzo del 2010, en Anáhuac, Nuevo León. Incialmente, los esposos quedaron atrapados y fueron heridos durante un fuego cruzado entre delincuentes y militares, y cuando Rocío bajó de su vehículo a pedir ayuda fueron acribillados por los soldados. Cuando estos se percataron de su error, “sembraron” armas en el vehículo del matrimonio.
El juez resolvió que quedó plenamente comprobado el delito de violencia contra las personas causando homicidio simple intencional, cometido por el cabo de caballería Juan Ortiz en contra de Rocío y Juan Carlos, que tienen dos hijas. Con respecto al delito de simulación de pruebas y dar parte contrario a lo que se sabía, el juez resolvió absolver a los militares Alain Josué Reyes y a Francisco Meléndez, respectivamente.
Aunque la sentencia –que todavía no está ratificada- es “una pequeña luz de justicia” para Rocío y Juan Carlos, CADHAC señaló que existían elementos para sentenciar por homicidio calificado en lugar de homicidio simple y para sancionar a los otros dos militares involucrados. CADHAC, los familiares de Rocío y Juan Carlos, y el ministerio público, analizan los recursos legales disponibles para lograr la modificación de la sentencia.
CADHAC resaltó que fue la valentía y constancia de los familiares de Rocío y Juan Carlos lo que logró que se consiguiera justicia, y reconoció el apoyo que la sociedad y los medios brindaron al caso. Este caso “abre esperanza para que la justicia a víctimas de violaciones a derechos humanos y graves delitos cometidos por funcionarios públicos sean sancionados a fin de evitar que se repitan”, finalizó la organización.