Asociaciones plantean ley de Aguas; buscan que Consejos administren el líquido y no Conagua

Anuncian iniciativa ciudadana de ley de Aguas para garantizar derecho humano al agua, se amparan contra decretos de privatización de EPN, rechazan fracking, entre otras medidas

 

Regeneración, 14 de agosto de 2018. Organizaciones campesinas, civiles y académicos de todo el país se reunieron para plantear la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA) con el propósito de que tanto ciudadanía y Gobierno participen en la distribución equitativa del recurso natural.

Presentó dicha iniciativa la asociación «Agua para todos, Agua para la vida», que aglutina a 80 organizaciones de todo el país, de acuerdo con 20 minutos.

La ICLGA también tiene el propósito de restaurar cuencas y aguas subterráneas, así como dar acceso equitativo del agua para uso personal y soberanía alimentaria.

Además propone que se reemplace a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en un Consejo Nacional de Aguas y Cuencas, que estará dividido 28 Consejos de Aguas y Cuencas Regionales.

De esta manera, los consejos regularían las obras hídricas y definirían qué áreas deben ser protegidas, así como asignar la cantidad de agua para uso personal y servicios públicos.

Las concesiones serían también otorgadas por estos Consejos.

La iniciativa contempla el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas sobre los cuerpos de agua en sus territorios.

Finalmente, la ICLGA será presentada durante la próxima legislatura, que inicia en septiembre, para que el Congreso la analice y la apruebe si así lo considera conveniente.

Entre los problemas relacionados al agua que se trataron en la conferencia, se mencionó el uso del recurso como objeto de venta y no como derecho fundamental, la forma en que las presas han afectado a las comunidades, las concesiones injustas que otorgan el control total del líquido vital a empresas privadas y el uso del agua para prácticas como el fracking (fractura hidráulica para extraer petróleo) que causan daños en el medio ambiente.

Julio César Cervantes, representante de la Central Campesina Cardenista, señaló que confía en la promesa del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de revertir los decretos ejecutados por Enrique Peña Nieto que promueven la privatización del 60% de las aguas nacionales, especialmente en el sureste de México.

AMLO promete revertir privatización del agua, firmada por Peña Nieto

Oscar Monroy Hermosillo, ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidente de la comisión de cuenca de los ríos Amecameca y la Compañía, denunció que en que en todo el país existen ejemplos como todos los anteriores, por lo que es necesario impulsar la Ley General de Aguas.

 

Reúne Diócesis de Chiapas 40 mil firmas contra decretos de privatización de Peña Nieto

La diócesis de San Cristóbal, Chiapas, anunció la recabación de 40 mil 400 firmas que respaldan el amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos contra los decretos que firmó Enrique Peña Nieto y con los que autorizó la explotación del agua de 300 cuencas en 20 estados de la República, con lo que trasnacionales tendrán acceso a explotar los mantos acuíferos.

De acuerdo con La Jornada, representantes de la Coordinación de Derechos Humanos de la diócesis afirmaron que dichos decretos son preocupantes y exigieron a los gobiernos federal y estatal derogarlos:

«Estamos preocupados por las acciones de los gobiernos federal y estatal, que están despojando los territorios de los pueblos y dando concesiones a las empresas nacionales e internacionales para realizar proyectos consistentes en minas, hidrocarburos, y ahora el agua.

«Exigimos a los gobiernos federal y estatal la derogación de los decretos de la reserva de agua para uso público y humano, ambiental y generación de energía eléctrica; la cancelación definitiva de los megaproyectos en minas, hidrocarburos, represas y cualquier proyecto que despoje los territorios de los pueblos originarios.

«El 6 de junio pasado fue la coronación de tres décadas de graves violaciones a nuestros derechos humanos y como pueblos indígenas, no obstante haber legislado y puesto en la Constitución tales derechos».