Un testigo protegido de Estados Unidos, identificado como “Ángeles” entregó 500 mil dólares, del Cartel del Golfo, a Cabeza de Vaca.

¿Cabeza de Vaca, el candidato del Cártel del Golfo?

Regeneración, 9 de marzo del 2021. De acuerdo con la declaración de un testigo protegido de Estados Unidos, el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, financió su campaña a la alcaldía de Reynosa en el 2004 con dinero del Cártel del Golfo.

Cuando Cabeza de Vaca llegó al cargo se dedicó a cumplir las órdenes de este grupo del crimen organizado, señaló el testigo “Ángeles”.

El testigo es identificado como Antonio Peña Argüelles, y cuyos documentos fueron reunidos por Alejandro Rojas Díaz Durán.

Peña Argüelles recibió una pena de dos años y medio en abril del 2014, pese a estar acusado de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.

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El 23 de enero del 2012 funcionarios de la extinta Procuraduría Federal de la República (PGR) acudieron a la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas.

Allí entrevistaron al testigo “Ángeles”, quien indicó que él era la conexión entre el gobernador Tomás Yarrington y el Cártel del Golfo.

El priista fue quien le solicitó a “Ángeles”, en septiembre del 2004, conseguir dinero con el Cártel del Golfo para financiar a García Cabeza de Vaca.

Al día siguiente el hombre se traslado a Reynosa para solicitarle una reunión y el dinero a Héctor Sauceda, alías El Caris.

La reunión entre «Ángeles» y «El Caris»

La reunión se llevó en un estacionamiento de un centro comercial; allí Peña Arguelles le dijo a El Caris que el gobernador operaria a favor del panista.

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Señaló que, si Cabeza de Vaca resultaba ganador, podría servirle en las operaciones del Cártel del Golfo.

Al día siguiente El Caris le entregó una bolsa con 500 mil dólares y le dijo al testigo que ese era el apoyo del Cártel del Golfo para Cabeza de Vaca.

“El candidato Francisco García Cabeza de Vaca me dijo que estaría a las órdenes para lo que se les ofreciera”, según declaró Peña Arguelles.

Actualmente, esos documentos están en posesión de la Fiscalía General de la
República (FGR),
quien ha solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador.

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