Para Chalchihuitán Caravana humanitaria, mañana 19 de abril; exigen parar acciones armadas, desarticulación de paramilitares y se proteja integridad de desplazados
Regeneración, 18 de abril del 2018. Organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, entre ellas Melel Xojobal de Chiapas, realizaran una caravana humanitaria en solidaridad con niñas, niños y adolescentes desplazados de las comunidades de Chalchihuitán, Chiapas.
Al informar lo anterior en redes sociales reiteraron su exigencia para que «se detengan las acciones armadas en la región«.
También demandaron «se desarticulen y castiguen estos grupos armados, así como a las autoridades que los protegen«.
Así mismo pidieron que «se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades«.
Reiteraron las condiciones que prevalecen en la zona, misma que dieron a conocer mediente una acción argente a enero de este año.
En dicha acción urgente se detella que está «en riesgo la vida de familias desplazadas-retornadas en Chalchihuitán»
Aseguraron que el retorno de algunas comunidades se realizó «bajo presión del gobierno de Chiapas y sin condiciones de seguridad«.
Señalaron que lo anterior es un «certificado de impunidad al grupo armado de corte paramilitar de Chenalhó».
Así mismo alertaron sobre la continuidad de la violencia generalizada en el territorio comunal de Chalchihuitán
Tal como lo señalamos en enero de este año, manifestaron tener información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y de que de ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades –Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon– son 3858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres).
Según testimonios, «nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas«.
Lo anterior sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados.
«Desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad«, aseguraron.
En ese sentido a principios de año mil 165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continúa haciendo el grupo armado de corte paramilitar; según manifestaron los organismos defensores de derechos.
«Es grave que, como diversos testimonios confirman, continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región«, manifestaron.
Lo anterior tiene «como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero«.
Remarcaron que «siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones».
En estas condiciones, el riesgo de una masacre es claro; puntualizaron.
De ocurrir una masacre «la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihuitán, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero»
Puntualizaron que los retornados «van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada».
Varios de los retornados y retornadas van «enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia».
Los organismos humanitarios señalaron que lo anterior evidencía «que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas».
Lo anterior implica que «no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas/os y desplazadas/os, ahora retornadas/os».
Siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, dijeron.
Lo ante dicho «demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal».
Además, indicaron, «no obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó».
«Al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance, pues –reiteramos–, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad«.
Tal como lo manifestaron los organismos defensores de la infancia y de los derechos humanos, estas mismas condiciones prevalecen aún.
Y es en este contexto que se organiza la caravana humanitaria que partirá a Chalchihuitán el dia de mañana.
Reiteraron entonces la vigencia de la Acción Urgente, misma que se puede firmar aquí.