*En el caso de los normalistas de Ayotzinapa, el propio expediente de la PGR señala que mandos del Ejército sabían cómo operaba Guerreros Unidos, informa el semanario Proceso. De acuerdo con declaraciones ministeriales, en la trama del 26 y 27 de septiembre se entrelazan acciones de jefes y tropa en Iguala y Cocula. El propio expediente de la PGR señala a militares
Gloria Leticia Díaz | Proceso
Regeneración, 4 de enero de 2015. De acuerdo con las declaraciones ministeriales que forman parte del expediente de la PGR sobre el caso Ayotzinapa –a las que tuvo acceso Proceso-, en la trama de lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre en Iguala se entrelazan acciones de mandos y tropas del Ejército que contribuyeron a crear el clima de impunidad criminal que desembocó en los asesinatos y las desapariciones forzadas de los normalistas guerrerenses. Los testimonios muestran que la PGR conocía incluso la actividad delictiva de los Abarca y la red de corrupción de la cual aún trata de zafarse, ante la opinión pública, el procurador Murillo Karam
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, está empecinado en atribuir toda la responsabilidad de la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa al crimen organizado en colusión con autoridades municipales, a fin de salvar la imagen de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, tiene elementos para considerar la presunta responsabilidad de mandos militares en la tragedia que puso en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Protesta frente a cuartel militar de Iguala
El expediente del caso (más de 50 tomos) contiene declaraciones ministeriales rendidas por los testigos e inculpados ante agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, donde se advierte que por lo menos los comandantes de los batallones de Infantería 27 y 41, de Iguala y Teloloapan, así como de la Octava Región Naval, con sede en Acapulco, estuvieron al tanto del poder corruptor y de la capacidad de fuego del cártel Guerreros Unidos, al que la PGR atribuye la tragedia.
La penúltima semana de 2014 el presidente municipal de Cocula, el priista César Miguel Peñaloza, permaneció en instalaciones de la SEIDO para rendir su segunda declaración ministerial. La dependencia pretendía inculparlo, pero el Juzgado Primero en Procesos Penales con sede en Matamoros, Tamaulipas, ordenó su liberación por falta de pruebas.
“Altos funcionarios” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejercieron presión sobre Peñaloza, desde que llegó al cargo en octubre de 2012, para que designara titulares de la Dirección de Seguridad Pública municipal al teniente Tomás Bibiano Gallegos y el mayor Salvador Bravo Bárcenas, ambos retirados, según publicó el pasado 30 de diciembre el diario La Jornada.
El primero fue asesinado en noviembre de ese año y el segundo está libre bajo reservas de ley, tras declarar como testigo el pasado 15 de octubre ante la SEIDO.
Esto último lo comprobó la reportera al consultar las primeras declaraciones recabadas por agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, dependiente de la SEIDO, e integradas en las averiguaciones previas 816/2014 y 846/2014, y en la indagatoria HID/SC/01/758/2013, así como el acta circunstanciada 18570/2013 de la Coordinación General de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDCS).
Según el diario, el segundo de Bravo Bárcenas, César Nava González, también fue militar. Detenido en noviembre pasado en Colima, está recluido en el penal de máxima seguridad de Occidente, en Jalisco, y es señalado como uno de los principales operadores de la desaparición de los estudiantes.
Al revisar las citadas declaraciones ministeriales se pudo determinar que Honorio Antúnez Osorio, Ignacio Hidalgo Segura, Wilber Barrios Ureña, expolicías inculpados, admitieron su pasado militar.
El testimonio de Bravo revela que los mandos militares en Guerrero sabían que sus subalternos estaban involucrados con la delincuencia organizada. El 15 de octubre, ante el agente Juan Eustorgio Sánchez Conde y el defensor público federal Dante Bretón Boschetti, el exdirector de Seguridad Pública de Cocula sostuvo que en agosto de 2013 denunció a su segundo, César Nava González, ante el comandante del 27 Batallón de Infantería, por arrebatarle el control de la fuerza policial a base de amenazas contra su familia.
Responsabilidad militar
Según el mayor retirado, a Nava González le tomó poco más de dos meses hacerse del mando. En junio llegó a las oficinas de Bravo Bárcenas y pidió trabajo. Lo acompañaban Ismael Palma Mena, Pedro Flores Ocampo, Ignacio Aceves Rosales y Jesús Palma Arroyo, también consignados por las desapariciones forzadas.
Pronto el director de Seguridad Pública empezó a “notar ciertas irregularidades”, entre ellas, que Nava llevó a personal policial a practicar tiro al basurero de Cocula utilizando parque que, según él, le pertenecía, pero lo hizo sin autorización de la comandancia del 27 batallón, como lo establece el protocolo.
Bravo Bárcenas narró los detalles de la conversación en la que Nava González, a mediados de julio, le advirtió que a partir de ese momento él tomaría las decisiones en la policía. Cuando el mayor retirado replicó, le dijo: “Esto es lo que más te conviene, ya tengo a toda tu familia”, y le mostró fotografías de su casa y de sus hijos. Eso lo “atemorizó bastante” y, “por temor a represalias”, se desentendió de la operación policial.
En cuanto a los hechos del 26 y del 27 de septiembre, el exdirector de Seguridad Pública de Cocula refiere que no se enteró de lo ocurrido porque sus días de descanso eran viernes, sábado y domingo. Y aunque en sus datos generales informó ser vecino del municipio de Iguala, dijo que supo de los ataques a los normalistas hasta el día 29, porque en la comunidad de la que es originario, Atzcala (en el mismo municipio de Cocula), “no hay señal de ninguna compañía telefónica”.
En el interrogatorio que le hicieron el agente de la SEIDO y el defensor de oficio no se desprende cuestionamiento alguno a Bravo Bárcenas para precisar si dio seguimiento a su denuncia ante el representante de la Sedena.
En el periodo señalado en esa declaración estuvo al frente del 27 Batallón de Infantería el coronel Juan Antonio Aranda Flores, quien tomó posesión del cargo en octubre de 2011 y ha sido señalado por acudir con frecuencia a los actos públicos del entonces alcalde de Iguala José Luis Abarca, procesado por delincuencia organizada y homicidio.
Aranda Flores fue relevado al frente del batallón en el último trimestre de 2013 por el coronel José Rodríguez Pérez, quien el 29 de septiembre les dijo a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos que se enteró “al último” de los ataques, negó saber “si la Policía Municipal disparó”, y rechazó haber participado en detenciones de policías agresores y de normalistas.
Sin embargo, Rodríguez Pérez tampoco fue ajeno a la situación de violencia extrema en el norte del estado, derivada de la complicidad de policías y Guerreros Unidos.
De acuerdo con la declaración ministerial que Ernesto Pineda Vega, preso en el penal de Acapulco, rindió ante autoridades del fuero común el 1 de mayo pasado, a principios de 2014 él presentó denuncias “ante el 27 y 41 Batallón Militar y después a la Marina” sobre la forma de operar de Guerreros Unidos, que “controlan los pueblos de Cocula, Iguala, Tepecoacuilco (…) y hasta el Balsas”.
Identificado en medios locales como “dirigente social y fundador” de la colonia San Miguelito, Pineda Vega fue detenido el 23 de abril de 2014 acusado de secuestro. Se dijo cercano al líder campesino Arturo Hernández Cardona, asesinado con otras dos personas en mayo de 2013, crímenes por los que también se procesa al exalcalde de Iguala.
En la comparecencia ministerial, el procesado se dijo víctima de autoridades municipales y de la procuraduría local, sólo por tener “mucha información” de la complicidad de Abarca y su entonces secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, con Guerreros Unidos, “ya que este grupo de gentes han secuestrado a innumerables personas y desaparecido a otras tantas”.
Cuatro meses antes de la tragedia de Iguala, Pineda Vega sostuvo que proporcionó a las Fuerzas Armadas datos de aquellos que para la PGR son los responsables intelectuales o materiales de los ataques armados del 26 y 27 de septiembre pasados, o sólo forman parte de la estructura de Guerreros Unidos: El May, El Chuky o El Pelón, El Gordo, La Muerte, Tuerto (encargado de las armas) y El Gil, el gallero de Pueblo Viejo identificado como Gildardo López Astudillo.
Omisiones de la PGR
También la PGR ha sido debidamente informada del entramado de complicidad entre la delincuencia organizada y las autoridades estatales y municipales guerrerenses.
En los documentos revisados por la reportera destaca un oficio del 25 de septiembre de 2013, clasificado como “extra urgente” por el agente de la UEIDCS, en el cual solicita a la Coordinación General de Delegados de la PGR los antecedentes penales de Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero; del exalcalde José Luis Abarca Velázquez; de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, así como de su suegra, María Leonor Villa Ortuño, y sus cuñados Guadalupe, Salomón, Mario y Alberto –estos dos fallecidos–; así como de Mario Casarrubias y Víctor Hugo Aguirre Garzón.
Esa búsqueda arrojó que en 2010 y 2012 la PGR abrió tres averiguaciones previas contra Abarca y una contra su esposa, de las cuales se mantenía vigente una sobre el exalcalde: la PGR/GRO/IGU/M-I/061/2012, por delincuencia organizada.
El escándalo internacional por la desaparición de los normalistas reactivó las indagatorias contra Abarca que estaban en la congeladora o avanzaban muy lentamente, como las que se le abrieron por los asesinatos de los líderes perredistas Arturo Hernández Cardona y Justino Carvajal Salgado, éste síndico municipal de Iguala y sobrino del exsenador Félix Salgado Macedonio.
Mientras Abarca es procesado por delincuencia organizada, secuestro y homicidio, hechos ocurridos antes de septiembre pasado, a María de los Ángeles Pineda Villa, cuyo arraigo vence este lunes 5, la PGR no le ha imputado delitos federales.
Pero la revisión de las declaraciones ministeriales revela otras complicidades y omisiones.