En la lógica de Beltrones, tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto habrían tenido que pasar por el trámite de la coalición porque, según los resultados oficiales, ninguno de ellos superó el margen de 42 por ciento de los votos: 35.89 por ciento para el panista y 38.21 para el mexiquense.
Tales porcentajes fueron obtenidos mediante sendos fraudes electorales. En realidad Calderón quedó cuatro puntos porcentuales por debajo de de López Obrador, pero coronó una ventaja insignificante (0.56 por ciento) con el trasvase masivo de votos priístas, gestión que tuvo a Elba Esther Gordillo como operadora principal (léase La cocina del diablo. El fraude de 2006 y los intelectuales, de Héctor Díaz-Polanco). Peña compró cerca de 5 millones de sufragios mediante tarjetas Monex y Soriana, dinero en efectivo y productos diversos. Incluso con los medios fraudulentos empeñados, ambos obtuvieron votaciones relativamente exiguas, pero lo que manchó de ilegitimidad sus respectivas administraciones no fue una débil representatividad sino las escandalosas adluteraciones de la voluntad popular.
Eso explica que panistas y priístas hayan tenido que echarse la mano para consolidar presidencias que son productos del fraude. Si Calderón logró incrustarse en Los Pinos y mantenerse allí fue porque los priístas se lo permitieron. En su sexenio se volvió inocultable la coalición de factodel PRIAN, que venía gestándose desde tiempos de Salinas y que se consolidó en los sexenios de Zedillo y de Fox. El peñato se estrenó con el Pacto por México, que amplió la alianza para convertirla en PRIANRD y que agrupa, además del partido del sol azteca, al Verde, el Panal y demás. Uno y otro se vieron forzados a subsanar su falta de legitimidad mediante un acuerdo bajo la mesa (el primero) y explícito (el segundo) que si bien no incluyeron el reparto de puestos en el gabinete sí llevaron a la distribución de toda suerte de canonjías e impunidades para formaciones opositoras que sólo lo eran en el papel.
La esencia de la ingobernabilidad e ilegitimidad crecientes que experimenta esa coalición no reside desde luego en las disposiciones electorales pasadas o vigentes sino, como ya se ha dicho, en la determinación de violarlas para mantener el poder, pero también en los propósitos y contenidos de ese poder, que básicamente se resumen en tres puntos: mantener y profundizar el programa económico neoliberal; garantizar la impunidad de los antecesores por los sucesores, al margen de qué colores y siglas se encuentren en los cargos, y preservar la corrupción en la administración pública y la política como fuente de enriquecimiento personal y faccional.
En consecuencia, si el PRIANRD fuera a conservar el poder presidencial otros seis años, la figura de la coalición sería innecesaria e irrelevante porque ya tiene sobrada experiencia una forma más flexible de compartir el gobierno: la colusión, mencionada con agudeza por el reportero Arturo Cano en la plática con Beltrones.
Tal vez el veterano priísta esté sopesando la posibilidad de que en 2018 el fraude no baste para impedir que alguien ajeno a esa coalición prianrredista llegue al gobierno y en la pertinencia de idear mecanismos para atarle las manos a fin de asegurar la supervivencia de las mafias del poder. O será que piensa en la estabilidad política, la consolidación democrática y el bienestar de México.
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