Después del escándalo de la Casa Blanca, The Wall Street Journal publicó en enero de 2015 que el primer mandatario adquirió una casa en Ixtapan de la Sal en 2005, cuando era gobernador mexiquense, al empresario Roberto San Román Widerkehr, quien desarrolló el exclusivo campo de golf en esta zona veraniega y que posteriormente ganó más de 100 millones de dólares en contratos de obra pública
Regeneración, 16 de agosto del 2016.-Los medios internacionales que investigan sobre las propiedades inmobiliarias del primer círculo presidencial “faltan a la verdad”, especulan “de manera dolosa” y hasta “orientan a sus reporteros a predecir el futuro”, como en el caso reciente de The Guardian, o “carecen de rigor” al hacer la conversión de “viejos” a “nuevos pesos”, como sucedió con la agencia Reuters, o ignoran que al primer mandatario mexicano “no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”, en respuesta a The Wall Street Journal.
Ese es el tipo de expresiones utilizadas por el vocero presidencial Eduardo Sánchez que desacredita, pero no aclara las dudas y menos aporta información. El regaño, los reproches, el silencio o la descalificación a lo publicado han sido el método sistemático de Sánchez para enfrentar los crecientes escándalos en torno a las propiedades inmobiliarias de la primera dama Angélica Rivera, del presidente Enrique Peña Nieto y hasta del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, exhibido por The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg.
El caso más reciente ocurrió con el periódico británico The Guardian, a raíz de la publicación de un reportaje firmado por los reporteros José Luis Montenegro y Julio C. Roa. El texto revela que el empresario mexicano Ricardo Pierdant, amigo de Enrique Peña Nieto desde los tiempos de estudiantes en la Universidad Panamericana, le pagó 29 mil dólares de impuestos al departamento que aparece como propiedad de la primera dama Angélica Rivera.
Según el reportaje, Rivera ocupa no sólo el departamento 304 que adquirió desde 2005 por 1.8 millones de dólares sino también el 404, adquirido desde 2009 por Pierdant y registrado a nombre de la empresa Biscayne Ocean Holdings. Ambos están en la misma torre de condominios en Key Biscayne, una de las zonas más exclusivas de Miami.
Pierdant es señalado en el texto como un “potencial contratista” del gobierno federal porque “hay reportes de que una de las compañías del empresario, Grupo Pierdant, está en la contienda para ganar contratos gubernamentales para desarrollar puertos marítimos en México”.
En Estados Unidos, Pierdant es cofundador de la empresa DecoBikes, un programa para compartir bicicletas en Miami y San Diego. “El aparente conflicto de interés entre su otra compañía, Grupo Pierdant, y la primera dama, hace eco del ocurrido con la Casa Blanca”, anotó The Guardian.
Antes de la publicación de este reportaje, el área de investigación de la cadena televisiva Univision reveló que Angélica Rivera liquidó los 1.3 millones de dólares que le restaban a su adeudo por 35 años en 2011, “dos meses después de haber contraído matrimonio con Peña Nieto”.
Pierdant no respondió ni a The Guardian ni a Univision cuando le solicitaron aclarar porqué la compañía Biscayne Ocean Holdings, de su propiedad, pagó los impuestos del departamento 304 a nombre de la primera dama, en el condominio Ocean Tower One.
“Después de ese pago de marzo de 2014, en que la compañía de Pierdant liquidó los impuestos de ambos departamentos, los años siguientes la empresa de la primera dama ha cubierto los suyos. Pierdant, por su parte, adeuda actualmente al condado de Miami 86 mil dólares de los impuestos del apartamento a nombre de una compañía de él, por los años fiscales 2014 y 2015, según registros públicos de Miami-Dade”, abundó la nota de Univision, firmada por Gerardo Reyes, Peniley Ramírez y David Adams.
La Disputa con The Guardian
El mismo martes 9 de agosto que se publicó el reportaje de The Guardian, el vocero Eduardo Sánchez arremetió contra el medio británico, pero no respondió la duda fundamental: por qué y a cambio de qué Pierdant pagó los impuestos de una propiedad de la primera dama.
Sánchez afirmó que era “falso” que el departamento referido sea “el hogar” de Angélica Rivera y consideró como “una especulación a todas luces dolosa” afirmar que Ricardo Pierdant sea un “contratista potencial” del gobierno. “El señor Pierdant no ha celebrado contratos con el gobierno de la República y tampoco participa en algún proceso en curso”, sentenció el vocero.
“Lamento que The Guardian oriente a sus reporteros a predecir el futuro, más que a confirmar la veracidad de su información”, arremetió Sánchez y desacreditó la veracidad del medio, aludiendo a una disculpa pública sin especificar a cuál se refería.
“En el pasado reciente, The Guardian ha publicado información sobre temas relacionados con nuestro país que ha sido desmentida. En algún caso, tuvo que ofrecer disculpas a sus lectores porque no pudo sostener la veracidad de lo publicado. Siento mucho la falta de profesionalismo de este medio que afecta, sobre todo, a sus lectores”, pontificó el vocero presidencial, ex responsable jurídico de Grupo MVS y ex diputado federal priista.
Consultada por Proceso ante esta afirmación de la presidencia de la República, la vocera de Guardian News & Media, Katie Thompson, afirmó lo siguiente:
“The Guardian mantiene una profunda responsabilidad al reportear en México. Reafirmamos esta historia y jamás hemos pedido disculpas por ninguno de nuestros reportajes previos en México”.
En junio de 2012, en plena campaña presidencial, la corresponsal de The Guardian Jo Tuckman investigó y publicó documentos para respaldar el vínculo entre Televisa y Enrique Peña Nieto, entonces candidato presidencial del PRI, muy similares, pero diferentes en sus montos y especificaciones a los contratos que Proceso publicó desde octubre de 2005.
Tuckman también dio a conocer el llamado Equipo Handcock, un grupo secreto dentro de Televisa que trabajaba para la campaña de Enrique Peña Nieto y de otros priistas en el Estado de México. El equipo estaba comandado por Alejandra Lagunes, ex directiva de Google y actual responsable de la comunicación digital del gobierno federal.
Grupo Televisa amenazó a The Guardian con un juicio por difamación que hubiera sido largo y costoso para la compañía británica. Además, el entonces embajador de México en Gran Bretaña, Eduardo Medina Mora, presionó y cabildeó para provocar un desmentido del rotativo, cosa que no ocurrió.
El 3 de febrero de 2013, The Guardian no publicó una “disculpa” sino un documento de aclaración señalando que sus reportajes no tuvieron la intención “de sugerir que estos documentos constituían una prueba concluyente de parcialidad o sesgo informativo por parte de Televisa”.
Reciente el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que exoneró a la campaña de Peña Nieto de gastos irregulares o de trato preferencial con Televisa, The Guardian afirmó que aceptaba la resolución de los tribunales mexicanos.
Los reportajes de la edición on line y de la versión impresa de The Guardian no fueron bajados ni modificados, según aclararon a Proceso fuentes del propio grupo editorial británico.
Con Walls Street Journal y Reuters
Eduardo Sánchez también ha protagonizado diferendos con otros medios internacionales, a raíz de coberturas críticas o de reportajes también sobre presuntos conflictos de interés entre Peña Nieto, su secretario de Hacienda, Luis Videgaray y empresarios contratistas del gobierno.
Después del escándalo de la Casa Blanca, The Wall Street Journal publicó en enero de 2015 que el primer mandatario adquirió una casa en Ixtapan de la Sal en 2005, cuando era gobernador mexiquense, al empresario Roberto San Román Widerkehr, quien desarrolló el exclusivo campo de golf en esta zona veraniega y que posteriormente ganó más de 100 millones de dólares en contratos de obra pública. El periódico aclaró que durante el gobierno federal de Peña Nieto, el empresario San Román ha ganado contratos por 555 millones de pesos, tres a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otros 12 a través del Fondo Nacional para Desastres Naturales.
En su respuesta del 21 de enero de ese año, el vocero Eduardo Sánchez afirmó que Peña Nieto adquirió “legalmente” esa propiedad en Ixtapan de la Sal y que la ha manifestado en sus declaraciones patrimoniales tanto como gobernador del Estado de México como presidente de la República.
“La constructora a la que se refiere la nota participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y los mismos fueron resueltos conforme a la ley por los servidores públicos encargados de dichos procesos. Al presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”, afirmó Sánchez, como si en esta declaración exonerara a Peña Nieto de cualquier favoritismo.
Sánchez no negó que San Román hubiera sido beneficiado con contratos de obra pública de la SCT, pero afirmó “a manera de contexto” que la secretaría dirigida por Gerardo Ruiz Esparza –el mismo personaje vinculado al escándalo de la Casa Blanca y los contratos de Grupo Higa- “ha otorgado 6,534 contratos a más de 4 mil empresas, en los términos de la legislación aplicable y por los servidores públicos encargados de ello”.
The Wall Street Journal volvió a publicar, en marzo de 2015, nuevas revelaciones inmobiliarias relacionadas con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien señaló en diciembre de 2014 como responsable de posible conflicto de interés al adquirir su mansión en Malinalco.
Según el reportaje de marzo de 2015, Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, le vendió a Videgaray, sin beneficio social alguno, la mansión de Malinalco por 7.5 millones de pesos, que había adquirido 10 meses antes. Es decir, no hubo ninguna ganancia, a pesar de que en el mismo periodo de 2011 y 2012 el índice de precios al consumidor aumentó 3.5 por ciento.
Este caso generó un mayor escándalo cuando la agencia Bloomberg informó, en agosto de 2015, que Grupo Higa cobró un cheque de 6.6 millones de pesos (unos 500 mil dólares) por el pago de la propiedad de Malinalco hasta inicios de diciembre de 2014, casi un año después de que el cheque fuera emitido y días antes de que The Wall Street Journal revelara el caso.
Bloomberg informó que los documentos obtenidos revelaban que Videgaray no cerró el trato de compra-venta de su mansión en Malinalco sino hasta el 28 de noviembre de 2013, casi un año después de que tomó posesión como secretario de Hacienda. En ese periodo, compañías de Juan Armando Hinojosa Cantú ganaron contratos de cuatro bancos de desarrollo en los que Videgaray preside el consejo de administración como titular de Hacienda.
En ese escándalo, el vocero presidencial no emitió respuesta alguna. Videgaray mandó una aclaración a Bloomberg afirmando que el cheque con el que se liquidó la operación de compra-venta de Malinalco “sería cobrado una vez que fuera liberada a mi favor, mediante escritura pública, la hipoteca constituida sobre el inmueble, correspondiendo a la parte vendedora realizar los trámites necesarios para dicha liberación. A partir de la entrega del cheque, ya no dispuse de los recursos en espera de que concluyera el trámite notarial”.
En otras palabras, Videgaray se lavó las manos de cualquier responsabilidad, pero no aclaró nada sobre los créditos a Grupo Higa por parte de cuatro bancos de desarrollo.
En mayo de 2015, la agencia de noticias británica Reuters realizó una investigación sobre la propiedad de Peña Nieto en Valle de Bravo –una de las 8 que aparece en su declaración patrimonial, 5 de ellas obtenidas mediante “donación”- y detectó que pagó sólo 5 mil dólares por este terreno de mil metros cuadrados.
En su declaración patrimonial hecha pública en 2013 resultó que “la propiedad fue valuada en sólo 11,200 viejos pesos o cinco dólares de aquella época”.
“Diez abogados y profesores de derecho en importantes bufetes y escuelas de leyes mexicanas que fueron consultados por Reuters dijeron que la declaración incorrecta podría traer problemas legales al presidente”, afirmó la nota.
En su respuesta a Simon Gardner, reportero de Agencia Reuters, Eduardo Sánchez le reprochó que no sabe convertir montos de viejos a nuevos pesos, que su nota carecía de rigor y que “tergiversa la realidad” porque “no sólo omite calcular la inflación en México en el transcurso de estos 33 años y la plusvalía de los inmuebles en el país con el paso del tiempo, sino, lo más elemental, el desliz del tipo de cambio peso-dólar –más de 1,800 %- de esa fecha para acá, por lo que la valuación que usted hace carece de rigor y tergiversa notoriamente la realidad”
Luna de Hiel con Medios Extranjeros
La luna de miel con la que inició Peña Nieto en 2012 con los medios internacionales se ha transformado en una amarga luna de hiel, desde que el término Mexican Moment, acuñado por el columnista Thomas Friedman en The New York Times se transformó en el Mexican Murder, frase empleada por The Washington Post, a raíz de los hechos sangrientos ocurridos en Tlatlaya, Iguala y Apatzingán, en el segundo semestre de 2014.
La situación empeoró con la revelación de la propiedad inmobiliaria de Peña Nieto de la Casa Blanca, investigación encabezada por el equipo de reporteros de Carmen Aristegui en noviembre de 2014, y la torpe respuesta gubernamental ante el escándalo y la sucesión de nuevas revelaciones de conflictos de interés, contradicciones en las declaraciones patrimoniales y propiedades inmobiliarias del propio presidente de la República, de la primera dama Angélica Rivera y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, principalmente.
Todavía en agosto de 2014, tras la aprobación de las leyes secundarias en materia energética, Enrique Peña Nieto escribió un artículo autoelogioso a sus reformas en el diario británico The Financial Times en el cual auguró que estos cambios legislativos “van a generar más confianza en la estabilidad de nuestro país y consolidar su posición entre los mercados más atractivos del mundo para la inversión extranjera”.
El 17 de septiembre, mes y medio después de la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, la revista Esquire y la agencia de noticias norteamericana AP publicaron testimonios de testigos de la masacre en el poblado mexiquense que involucraban a militares en los fusilamientos.
El escándalo de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014, aunado a la matanza de Tlataya modificó la cobertura de los principales medios internacionales ante el gobierno de Peña Nieto.
El 9 de octubre la influyente revista británica The Economist consignó la mala respuesta de Peña Nieto ante ambas tragedias y The New York Times afirmó en una editorial que “la crisis generada por el crimen organizado puede ser aún peor de lo que el gobierno mexicano ha reconocido”.
La falta de resultados creíbles en la investigación provocó un alud de crónicas, reportajes y editoriales críticos en The Washington Post, Los Angeles Times, The Guardian, The Wall Street Journal, The Financial Times, El País y El Mundo.
Tres días después que el procurador general Jesús Murillo Karam diera a conocer su “verdad histórica” sobre los sucesos de Iguala, el 7 de noviembre de 2014, Los Angeles Times sintetizó así la crisis peñista: “su palacio está en llamas, las calles de su capital repletas de manifestantes enojados, su gobierno envuelto en la más grave crisis social hasta la fecha; sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto, hizo lo que muchos ejecutivos acosados desean hacer. Se salió del país”.
En medio de la crisis de Ayotzinapa, el escándalo de la Casa Blanca provocó un tsunami de notas negativas para el peñismo en el extranjero. Desde enero de 2015, The Economist publicó el polémico editorial “El Pantano Mexicano” donde afirmó que el presidente mexicano “no entiende que no entiende”. Desde entonces, la situación empeoró con los mensajeros. Y el operador ha sido su vocero Eduardo Sánchez.