Por Nils Castro/Alai*
A mediados del siglo XX, el gobierno de Washington exhibía a Puerto Rico como “la Vitrina del Caribe”, el modelo soñado para los países mesoamericanos y unos decenios después igualmente lo hicieron los predicadores neoliberales y los apologistas de los TLC. Sin embargo, hace ya un par de décadas la economía de la isla se congeló y desde hace 10 años constituye una catástrofe cuyas crecientes calamidades atormentan el empleo, la alimentación, la seguridad social, la salud, la criminalidad y la estructura demográfica de la población. Ahora una deuda pública impagable dio pie a que The Economist califique a la isla como “la Grecia del Caribe” y más de la mitad de los puertorriqueños señala que la principal causa del desastre es el estatus político que aquellos pregoneros encomiaban: el Estado Libre Asociado.
Por una sentencia que la Corte Suprema estadunidense dictó en 1901 (tres años después de que la armada de su país le quitara esa posesión a España), Puerto Rico “pertenece a” pero “no es parte de” Estados Unidos, y su soberanía corresponde al Congreso norteamericano. En otras palabras, no es un Estado de la Unión sino un “territorio” o, como eso se llama en el resto del mundo, una colonia. Aunque en 1952 Washington le concedió a la isla un estatus que les permite a sus pobladores elegir gobierno local, ellos carecen de soberanía y, por consiguiente, no pueden decidir su propia política económica ni aspirar a auxilios del Banco Mundial, el BID, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ni otras agencias multilaterales. Porque Puerto Rico no puede siquiera decidir qué barcos autoriza a atracar en sus muelles.
Durante más de medio siglo, la isla tuvo interés geoestratégico y albergó bases de la armada estadunidense. Aunque la ocupación norteamericana implantó un modelo de urbanización y de economía que arrasaron la agricultura que antes la sostuvo, el valor militar de su ubicación geográfica justificaba los subsidios que eso costaba. Pero desde los años 80 del siglo pasado ese valor decayó, mientras la resistencia puertorriqueña a las bases militares crecía, y desde hace más de 10 años en Puerto Rico ya no queda ninguna de ellas.
No obstante, el gasto en subsidios prosigue. Dado que el control norteamericano quebró la economía puertorriqueña y la hizo insostenible, ahora el Tesoro federal estadunidense eroga más de US$ 6,000 millones anuales en asistencia a sus pobladores en empleo, nutrición, vivienda, salud y educación. Según el Departamento de Agricultura de EEUU, en 2012 el 37% de los puertorriqueños residentes en la isla recibió asistencia alimentaria, por un total de US$ 2,000 millones. Sin contar que, por efecto del estatus colonial, ellos pueden emigrar libremente a Estados Unidos, lo que disfraza las cifras tanto de los subsidios federales como de las víctimas de la crisis que azota a Puerto Rico.
La crisis se acelera
¿Por qué en el último decenio esa crisis se agravó con tanta rapidez? A mediados del siglo pasado la ocupación estadunidense implantó el estilo de urbanización típico de las afueras de las ciudades norteamericanas, y dirigió la economía puertorriqueña, mediante subsidios, hacia la industria ligera, la química, la electrónica y los servicios, con ruinosas consecuencias para la agricultura y sus derivados. Pero en los años 70 la crisis petrolera mundial hizo fracasar la refinería construida en la isla y los negocios asociados a ella. Washington apeló entonces a legislar incentivos fiscales que atrajeran industrias farmacéuticas a Puerto Rico.
Sin embargo, desde los años 90 Estados Unidos procuró tratados de libre comercio con países del continente, y al cabo México, República Dominicana y Centroamérica pasaron a ser más atractivos para fabricar manufacturas destinadas al mercado norteamericano. Para colmo, en 2006 concluyeron los incentivos para mantener compañías farmacéuticas en la isla y un creciente número de ellas abandonó el país, disparando una mayor crisis del empleo. La cesantía rápidamente sobrepasó el 13%, más del doble que en Estados Unidos.
Por ese tipo de motivos miles de centroamericanos y mexicanos intentan cada año migrar al Norte, y Estados Unidos se los obstaculiza por medio de los cuerpos de seguridad de sus propios países y de la “migra” norteamericana, y deporta a gran parte de quienes logran cruzar. Si bien entre los puertorriqueños la crisis provoca la misma tendencia, ellos arriban con pasaporte estadunidense y las autoridades de la potencia colonial no tienen más remedio que dejarlos entrar. Por esa vía, en los últimos años Puerto Rico perdió 144,000 habitantes, una caída cercana al 3% de su gente. El 40% de las familias que sigue en la isla está bajo la línea de la pobreza y el 42% de quienes se van lo hacen en busca de empleo.
Esto no implica que esos migrantes consiguen mejor vida. La mayor parte ‑‑que ahora va más a la Florida central que a la saturada Nueva York‑‑ pasa a sobrevivir con dramáticas carencias. Entre dificultades para superar la barrera del idioma y los prejuicios raciales, se hacinan en albergues temporales y demoran en retener empleos marginales, en un país agobiado por su propia crisis.
Dicha sangría incluye tanto a profesionales y técnicos como a trabajadores no calificados; hace envejecer la edad promedio de la población isleña, reduce la población productiva y agrega daños adicionales a la economía. Al disminuir la población activa, contrae la demanda, achica la oferta trabajo y los salarios, y al cabo más gente se va. Ahora en la isla quedan 3.7 millones de habitantes y en Estados Unidos hay 4.7 millones de puertorriqueños. Se calcula que entre 2006 y 2011 una cuarta parte del PIB se perdió en este éxodo.
En el corto plazo, uno de sus efectos es la crisis fiscal y presupuestaria que ya quiebra al gobierno isleño y amenaza la gobernabilidad del país. A cuenta de las facilidades que antes el estatus de “territorio” le permitió a los gobiernos locales, estos se endeudaron mucho más de lo admisible. Y ahora, bajo la presión de los acreedores, al no ser un país independiente Puerto Rico carece de los medios que una nación soberana usaría para enfrentar el problema. Y al tampoco ser un Estado de la Unión, está impedida de solicitar las ayudas que la legislación norteamericana prevé para las entidades que sí forman parte de su federación.
Según el Centro para una Nueva Economía (CNE), entidad independiente puertorriqueña, en 2013 la deuda del país ya ascendía a US$ 70,000 millones (unos US$ 19,000 por habitante), lo que representa un 102% del PIB y no se corresponde con lo que la isla produce. En otras palabras, Puerto Rico es estructuralmente insolvente. Su debacle presupuestaria viene de que por más de 20 años nunca generó ingresos suficientes para pagar sus gastos de operación, y en su lugar tomaba préstamos del mercado de bonos, donde multiplicó su endeudamiento hasta llegar al punto donde ya carece de crédito.
Amargo fruto de esta acumulación, en febrero pasado la calificadora Standard and Poor’s degradó la deuda de Puerto Rico hasta la categoría de bonos basura, decisión que días después fue seguida por su homóloga Moody’s. En ambos casos, señalando las dificultades de ese país para financiar un déficit de US$ 2,200 millones, y que todas sus obligaciones están en riesgo.
Hoy el gobierno local declara que su deuda es impagable, padece una insuficiencia fiscal que monta US$ 2,400 millones y, a la vez, está impedido de recurrir a nuevos préstamos en términos “normales”, puesto que no tiene cómo amortizar una deuda de casi US$ 73,000 millones con los bonistas de Wall Street. Ello, sin contar que esa insuficiencia no incluye los US$ 400 millones que faltan en cuentas atrasadas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), ni los US$ 500 millones que el gobierno adeuda a los contribuyentes que han tributado en exceso.
Cuando en marzo pasado el gobierno local intentaba armar su presupuesto de ingresos y gastos para el año 2015‑16 ya había un déficit estructural de US$ 651 millones. Como el nuevo presupuesto costará unos US$ 9,800 millones, concretarlo va a imponer dolorosos recortes.
En Puerto Rico varios servicios son prestados por empresas estatales y el gobierno intenta armar un presupuesto que minimice el despido de empleados públicos. Pero no es capaz de idear una reforma tributaria aceptable y su única propuesta ha sido aumentar el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), que buscó elevar del 7 al 16% y extenderlo a servicios que antes no tributaban, opción electoralmente peligrosa que no logró el apoyo ni de los legisladores del partido gobernante. Al cabo transó por un 11.5%, anunciando que buscará añadir un Impuesto al Valor Agregado (IVA), que el Congreso ya antes ha rechazado.
La senadora independentista María de Lourdes Santiago denunció que el incremento del IVU es un golpe adicional a los trabajadores y a los pobres, en “uno de los países que exhibe una de las mayores brechas de desigualdad en el planeta”. Pero, lejos de ocuparse de mitigarla, el gobierno agota sus pocas facultades buscando “cuadrar” las cuentas entre ingresos fiscales y gastos corrientes, sin siquiera imaginar por sí mismo otra política económica.
Sitiados por el estatus
Ello agrava un conjunto de consecuencias socioeconómicas y humanitarias. Puerto Rico continúa perdiendo seguridad alimentaria y se encamina a una crisis de la atención sanitaria. Luego de que desde los años 50 relegó la agricultura, importa el 87% de los alimentos de consumo diario. Un reportaje del periódico El Nuevo Día el 24 de septiembre de 2014 informó que el déficit de la seguridad alimentaria se debe a que “no estamos organizados como país”, y que “si nos cierran los muelles, nos morimos de hambre”. Esto alude a que, desde 1920, el Congreso norteamericano sometió a la isla a las leyes de cabotaje de Estados Unidos, por lo cual ella solo puede utilizar buques de fabricación, propiedad y tripulación norteamericanas, la flota más cara del mundo. Además de las restricciones que eso le impone a la viabilidad de su economía, le impide a la isla adquirir alimentos frescos.
Al propio tiempo, según el mismo diario relató el 20 de mayo de 2015, la situación fiscal hace disminuir el número de pacientes que acuden a los hospitales, por la reducción de los proveedores de servicios e insumos médicos. Se paralizan las cirugías electivas por los problemas económicos del Plan de Salud del Gobierno. Distintos servicios hospitalarios se interrumpen por el despido de empleados y la sobrecarga de los que quedan para atender a los pacientes. Y se reduce la contratación de especialistas, así como las autorizaciones de hospitalización y de cirugías.
Como el ex gobernador Aníbal Acevedo lo reflejó en unas amargas declaraciones el pasado 24 de junio, mientras Puerto Rico le produjo azúcar y soldados, y mientras ofrecía sus tierras para entrenamiento militar y una economía abierta donde sus empresas prosperaron, Estados Unidos le dijo al mundo que trabajaba junto a la isla; pero ahora que Puerto Rico ha quedado en una profunda crisis que amenaza sus servicios esenciales, Washington se pone a distancia.
Todo eso descarta al viejo cliché de la ideología colonialista según la cual “si no fuera por los americanos aquí estaríamos como en Santo Domingo”. De hecho, pese a sus conocidas dificultades, hoy la economía dominicana anda mejor que la puertorriqueña.
En otras palabras, el gobierno de Puerto Rico está atrapado sin salida, en tanto tiene las manos atadas por el mismo problema que paraliza y agobia a las demás instancias de la economía y la sociedad del país: el dominio colonial que Washington ejerce en la isla desde 1898. Aunque el Estado Libre Asociado ‑‑el ELA‑‑ le permite una limitada administración interna, el gobierno puertorriqueño no está autorizado ni para declararse en bancarrota.
Sin capacidad para concebir otra cosa, el gobierno contrató a una ex jefa de economistas del Banco Mundial, Anne Krugger, para que establezca la hoja de ruta que saque al país del atascadero. El informe Krugger empezó por reconocer que el problema no viene del flujo de efectivo sino del largo atasco del crecimiento, pero de allí derivó el conocido paquete neoliberal de recomendaciones, que enseguida despertó el rechazo de sus víctimas. Entre otras cosas demandó rebajar el salario mínimo, exigir más horas de labor para pagar horas extras, eliminar el Bono de Navidad, disminuir a la mitad las vacaciones pagadas, alargar el período de prueba de nuevos trabajadores (hasta ahora de seis meses) a dos años, facilitar el despido de trabajadores sin consecuencias para el patrono, elevar diversos impuestos, eliminar las amnistías contributivas, cesar parte de los maestros de la enseñanza pública y reducir el salario de los restantes (ya que al disminuir la población bajó la matricula), recortarle el subsidio a la Universidad de Puerto Rico, etc.
Inmediatamente la Unión General de Trabajadores (UGT) denunció que tales políticas no figuran en el plan de gobierno por el que se votó en las pasadas elecciones, ni en el plan de ningún otro partido, y reclamó que las medidas que el grupo de trabajo designado por el gobierno decida adoptar se sometan a referendo, para que el pueblo decida si las avala o repudia. Con lo cual crece una perspectiva similar a la de Grecia, ya no por el volumen de la deuda sino por el rechazo de la población a los nuevos sacrificios que el gobierno pretenda imponerle para apaciguar a los acreedores.
Por lo contrario ¿qqué alternativas pudieran implementarse si Puerto Rico no estuviera sometida al estatus colonial, para poder volverse una economía sostenible y con adecuadas perspectivas de crecimiento y desarrollo? De hecho, la isla dispone de buenas infraestructuras ‑‑carreteras, tendido eléctrico y de comunicaciones, acueductos y drenajes, instalaciones escolares y hospitalarias, puerto y aeropuerto‑‑, pero carece de permiso para gestionarlas en su propio interés. Como hemos dicho, para financiar un mejor aprovechamiento de esas facilidades, bajo esa camisa de fuerza el país no puede negociar apoyos de la banca multilateral de desarrollo, como las demás naciones latinoamericanas y caribeñas.
Tampoco puede solicitar la colaboración de los organismos internacionales apropiados para reanimar la actividad agropecuaria y agroindustrial, y mejorar la producción alimentaria, o para reanimar la industria ligera y el turismo, como la FAO, el PNUD, la ONUDI y la OMT. Ni de los organismos regionales de integración y cooperación, ya que en las condiciones de ese estatus Puerto Rico no pude ser miembro pleno ni asociado del Caricom, de la Asociación de Estados del Caribe, ni de Petrocaribe, como sus vecinas Jamaica y República Dominicana. Como tampoco serlo de la Celac y ni aun de la OEA.
Pese a estar en medio del Caribe la isla no ha podido desarrollarse como centro de enlaces y servicios marítimos regionales, al encontrarse reducida a ser cliente menor de la marina norteamericana de cabotaje.
Sitiada por el ELA, tampoco puede reorganizar en su propio interés sus relaciones económicas, comerciales y financieras con Estados Unidos a través de la negociación de un tratado comercial, como los países centroamericanos y la mayor parte de los estados ribereños de la cuenca del Caribe. Ni decidir su esquema de relaciones con los países europeos o del Pacífico asiático.
En resumen, Puerto Rico es una nación aislada e inmovilizada por su estatus territorial, que la mantiene al margen tanto de los flujos de la cooperación y la solidaridad regionales como de la competitividad global.
México, Regeneración, 13 de julio del 2015 * Texto completo en ALAI – Nils Castro es escritor y catedrático panameño.