El escándalo de los presos políticos palestinos

En junio de 1967, 19 años después de que su estado se hubiera constituido sobre el 78% de Palestina (es decir un 40% más de lo previsto por el plan de reparto de las Naciones Unidas), las fuerzas armadas israelíes tomaron el control del 22% restante. Casi inmediatamente instauraron dos prácticas altamente criminales: la que consiste en ayudar a los colonos israelíes a apoderarse de tierras palestinas y a instalarse en ellas, así como las detenciones masivas de palestinos encarcelados, más o menos tiempo, en prisiones israelíes. Dos prácticas que no son solo moralmente condenables, sino que también son criminales en el estricto sentido jurídico: el derecho humanitario de la guerra, en este caso la 4ª Convención de Ginebra, prohíbe tanto una como otra, y las califica de infracciones graves, es decir, crímenes de guerra (art. 49 y 147).

Más de 700.000 palestinos han sido víctimas de detenciones, de ellos 10.000 mujeres, 7.500 niños y 65 diputados. Para una parte de ellos, la detención habrá durado de 2 días a 6 meses (la visita muy hipotética de un abogado no es posible más que al cabo de 32 días), pues todos no serán objeto de un procedimiento o de ese no-procedimiento, de hecho verdadero "carta de cachet" (una orden de encarcelamiento discrecional del antiguo régimen en Francia ndt), que constituye la detención administrativa.

El ejército israelí opera en los checkpoints y en incursiones en las ciudades, pueblos y campos de refugiados de Cisjordania, antes a la luz del día y actualmente más frecuentemente por la noche, despertando brutalmente a los ocupantes de una casa y humillando ante sus familiares a la persona que ha elegido detener. Hoy la toma con los pueblos de Cisjordania que resisten de forma no violenta al muro y las colonias israelíes que les roban el agua y la tierra.

Los niños palestinos -es decir, los menores de menos de 18 años que las fuerzas israelíes se autorizan a detener, encarcelar y juzgar en cuanto tienen 12 años- pagan estos últimos tiempos un pesado tributo a la represión israelí, puesto que son alrededor de 7.000 los detenidos desde 2000. Es una cifra considerable (126.000 a una escala de Francia, 18 veces más poblada que los Territorios palestinos ocupados), sobre todo si se compara con el número mucho más débil de detenciones de niños durante la primera Intifada en la que, sin embargo, se encontraban en primera línea. Con toda evidencia, los militares israelíes y los miembros del Shin Bet apuestan por la fragilidad de estos niños, a los que la tortura o el simple temor a la tortura suponen que harán hablar: testimonios de niños son en cualquier caso presentados actualmente ante los tribunales militares israelíes contra los dirigentes de la resistencia popular no violenta.

Actualmente, 6.000 prisioneros políticos palestinos pueblan las prisiones israelíes, de ellos 33 mujeres, 202 niños (40 de ellos tienen entre 12 y 15 años), 18 diputados entre los que está Marwan Barghuti condenado, como otros 801 palestinos, a varias veces cadena perpetua.

¿Dónde y en qué condiciones están detenidos y que ocurre para quienes, como Salah Hamuri, tienen que enfrentarse con la famosa justicia militar israelí?

Los lugares y condiciones de detención

Los presos políticos palestinos están repartidos en 20 prisiones y centros de detención situados en Israel, en violación del artículo 49 de la 4ª Convención de Ginebra. Centros de detención temporal, consagrados al interrogatorio de los prisioneros, se encuentran en los Territorios Palestinos Ocupados, particularmente en Ofer, en el sur de Ramalá y en Etzion cerca de Hebrón. Están situados en el recinto de colonias judías y están constituidos de tiendas a menudo muy desgastadas que abrigan a entre 25 y 30 personas en las que las condiciones de detención son particularmente inhumanas y degradantes.

Como subraya la Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos, las condiciones de detención infligidas a los prisioneros políticos palestinos no respetan ninguno de los estándares internacionales. La alimentación es de mala calidad y es insuficiente; los sanitarios son insuficientes en relación a la sobrepoblación de los campos; ningún recambio de vestimenta es proporcionado; el servicio médico, ya deficiente en el universo carcelario, es aún más dramático para los palestinos. El conjunto de estos problemas está reforzado, para los prisioneros detenidos en Israel, por las dificultades que encuentran sus familias para obtener permisos de visita. De su parte, el CICR se enfrenta a muchos obstáculos por parte de las autoridades israelíes, cuando, varias veces al año, organiza para las familias transportes colectivos hacia las prisiones israelíes. Y 634 presos no pueden desde hace 2 años recibir ya ninguna visita de sus familias que viven en la banda de Gaza.

Una parte de las presas palestinas están detenidas en la prisión de Ramleh donde están reagrupadas de seis en seis en celdas de 14 m2. Además, a veces, las ponen junto a detenidas israelíes de derecho común que les insultan y amenazan. En lo referido a los niños, las autoridades militares israelíes decretan que toda persona que tenga 16 años es mayor, violando en esto la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y su propia ley que fija la mayoría penal en 18 años. Y detienen y encarcelan a los niños palestinos desde la edad de 12 años, cuando la convención de la ONU no prevé esta posibilidad más que a partir de los 14 años. Muchas otras disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) son violadas por las autoridades israelíes; ninguno de esos niños tiene la posibilidad de proseguir su escolaridad y, en cuanto a las visitas de sus familias y un mínimo de atención médica, están tan mal como los adultos.

La práctica de la tortura

Aunque su país haya ratificado la Convención Internacional contra la Tortura, así como el pacto relativo a los derechos civiles y políticos, y que incluso una disposición del Código Penal israelí prohíba la tortura, los militares israelíes y el personal del Shin Bet hacen sufrir la tortura sistemáticamente a los prisioneros políticos palestinos.

Esta práctica conoció una breve interrupción entre finales de 1999 y comienzos de 2002, tras una sentencia pronunciada el 6 de septiembre de 1999 por la Corte Suprema de Israel. Pero las malas costumbres reaparecieron con el desencadenamiento de la segunda Intifada y se volvieron de nuevo una regla desde el comienzo del año 2002. Las ONGs israelíes de defensa de los derechos humano como B´Tselem y Hamoked indican que en el momento actual más del 85% de los prisioneros palestinos ha sido, y lo sigue siendo, víctima de torturas.

El recurso a la tortura física contra los palestinos comienza con su arresto. Esposados y con la cabeza cubierta con una bolsa de plástico, son generalmente golpeados por los militares que les transportan hacia los centros de interrogatorio. Luego, pueden sufrir el aislamiento en celdas estrechas y húmedas por períodos de 30 a 90 días o la privación de sueño, a veces durante 10 días, sin olvidar la obligación que se les impone de desnudarse completamente cada vez que salen de la prisión y vuelven a ella.

En los interrogatorios, son a menudo golpeados o violentamente sacudidos, pero el método más frecuentemente utilizado es el Shabah que consiste en atar los brazos del prisionero a su espalda cuando está sentado en una silla a la que han recortado las patas de delante; es una posición extremadamente dolorosa que se le inflige durante 18 a 22 horas seguidas, durante varios días.

Justicia de pacotilla o detención administrativa

El régimen de las encarcelaciones y de las detenciones está regulado por órdenes militares que se inspiran a menudo de los textos represivos en vigor bajo el mandato británico. La autoridad militar israelí fija así, según su parecer, los períodos durante los cuales los palestinos pueden ser detenidos sin tener acceso a un abogado (32 días actualmente) y sin ser objeto de un procedimiento judicial (6 meses y 12 días).

Si hay procedimiento, se desarrollará en un período que puede durar 3 años, ante las jurisdicciones militares israelíes: tribunales militares cuyas decisiones pueden ser diferidas a una corte de apelación, igualmente militar. Ante tales jurisdicciones que tienen su sede en el recinto de las prisiones y centros de detención, los presos palestinos no gozan jamás de un proceso equitativo y comparecen por otra parte, la mayor parte de las veces, sin defensor, como han constatado los investigadores de la ONG israelí Yesh Din que han seguido 800 de sus audiencias. Al término de un informe (del que informó el periódico Le Monde el 8 de enero de 2008) titulado "justicia de pacotilla", Yesh Din dibuja un cuadro terrorífico de estas jurisdicciones militares. En cuanto a las penas pronunciadas, son desmesuradas: las penas de prisión exceden a menudo los 50 años y alcanzan incluso 20 veces la pena perpetua. Los niños palestinos son también alcanzados puesto que uno de ellos ha sido condenado a perpetuidad, se les ha condenado a penas de 2 a 5 años y penas de 5 años al 36% y el 10% de ellos.

No es extraño que ya el 95% de los palestinos que son llevados ante tales jurisdicciones opten por "confesarse culpables".

Como ha hecho Salah Hamuri, a comienzos de 2008, reconociéndose falsamente culpable de haber tenido "la intención de atentar contra la vida" del rabino extremista Sofer, para que la justicia militar abandonara el otro "crimen" por el que le perseguía desde hace 3 años (la pertenencia a un partido progresista, el FPLP) y que fuera condenado así a 7 años de prisión en lugar de al doble.

Pasados los 6 meses y 12 días, todos los presos palestinos no son objeto de un proceso o de una medida de liberación. Algunos son enviados a una prisión especial, Ketziot que está situada en el desierto del Neguev, por períodos de 6 meses, indefinidamente renovables, en virtud de un sistema proveniente del derecho del mandato británico: la detención administrativa. Se suman allí a veces a presos que ya han cumplido sus condenas. Muchos menores (chicos y chicas) y responsables palestinos han sufrido este régimen. Los prisioneros de Ketziot, cuyo número ha podido alcanzar los 1.600, son hoy 253, de ellos 3 mujeres y 15 diputados.