En Iguala, Guerrero, matanza de normalistas

    1 de octubre de 2014.-Vuelve a correr la sangre de estudiantes normalistas rurales en el estado de Guerrero, derramada por policías municipales y cuerpos francos de sicarios. De esta suerte, el gobierno mexicano comprueba, por enésima vez, su incapacidad de mantener la seguridad pública y de respetar el libre tránsito de los habitantes de nuestro país, así como queda en claro que a las demandas de las masas se responde con balas y terrorismo, quizás con la intención de amedrentar a sectores movilizados y en vías de movilización. Con estos pasos, difícilmente podrá el mexiquense comprador de la presidencia promoverse en la ONU y otras instancias internacionales en las que presume tratar muy bien a los indígenas, tener un gobierno transparente y respetar los derechos humanos.

    Iguala, Guerrero

    Los hechos de Iguala

    Cerca de las 21:00 horas del 26 de septiembre del año en curso, 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, Guerrero, tras efectuar una recolección de dinero para coadyuvar en los gastos de su plantel, se encaminaban hacia Chilpancingo desde Iguala de la Independencia, pero varias patrullas buscaron impedir el paso a los camiones que salían de la central de autobuses. Los estudiantes fueron rodeados, al colocarse los vehículos policíacos atrás de la columna de camiones. Los normalistas bajaron de los autobuses y se enfilaron hacia la patrulla estacionada frente a los autobuses. Los policías municipales, sin advertencia alguna, empezaron a lanzar ráfagas de tiros, hiriendo a Aldo Gutiérrez Solano, nativo de El Refugio, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, a quien días después sus padres decidieron que le desconectaran el respirador artificial, debido a su estado de muerte cerebral. Los normalistas fueron bajados del camión y colocados en el suelo. Los demás estudiantes se dispersaron tomando distintos rumbos. Los policías municipales abandonaron el lugar y se llevaron detenidos a alrededor de 20 alumnos de Ayotzinapa en cinco patrullas.

    Cuando los normalistas, a las 24:00 horas, informaban acerca de los acontecimientos a los medios de información, arribaron elementos paramilitares en una camioneta RAM color rojo desde la cual dieron inicio a una balacera, siendo asesinados Daniel Solís Gallardo y una persona aún no identificada por sus familiares, y heridos graves cinco alumnos de Ayotzinapa. Dos de los profesores que se hallaban en el lugar, también fueron lesionados.

    El 27 de septiembre, los estudiantes visitaron los separos de la policía preventiva para comprobar la integridad física de los compañeros detenidos, pero no encontraron a ningún estudiante ingresado. Hasta la fecha, existen 57 normalistas desaparecidos, incluidos los aprehendidos por policías municipales. Por la tarde, fue localizado el cadáver de Julio César Fuentes Mondragón con evidentes huellas de tortura, sin ojos y desollado del rostro.

    Tales son los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala de la Independencia, conforme a la descripción que hacen el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y los diarios guerrerenses.

    Los paramilitares atacaron, asimismo, un camión que llevaba de Iguala a Chilpancingo a jugadores de Avispones, equipo de futbol de la tercera división, en el cual fueron acribillados el joven deportista David Josué García Evangelista; el conductor del vehículo, Víctor Manuel Lugo Ortiz, y la señora Blanca Montiel Sánchez, que viajaba en un taxi. Resultaron lesionados, igualmente, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Alfredo Ramírez García, y el secretario de Finanzas, Fernando Zúñiga.

    La matanza de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, refleja con claridad el grado de descomposición a que ha llegado el régimen antinacional y entreguista de Enrique Peña Nieto y su contlapache en la entidad suriana, el gobernador “perredista” Ángel Heladio Aguirre Rivero. De todas las promesas hechas por los gobiernos neoliberales de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y el actual tlatoani comprador de la Presidencia de la República, no se ha cumplido una sola. Al contrario, México tiene un crecimiento económico mediocre, las riquezas naturales del país son entregadas a los monopolios extranjeros, el desempleo continúa creciendo, la dependencia alimentaria aumenta, la soberanía nacional es vendida a Estados Unidos, y, como corolario de la kakistocracia priista y panista, el represor de Atenco ofrece la sangre de los mexicanos para ofrendarla en guerras imperialistas de los gringos, supuestamente para realizar acciones “humanitarias” bajo la bandera de la Organización de las Naciones Unidas. El país camina, sin duda, hacia atrás, y esto seguirá ocurriendo mientras no se alcance la movilización política general de la clase obrera y el pueblo.

    En ese ascenso del retroceso económico y social, se complica la situación política en el estado de Guerrero y en todo el país. De las promesas de Enrique Peña Nieto acerca de superar los hechos de sangre del criminal de guerra Felipe Calderón Hinojosa; la creación de empleos formales, bien remunerados y masivos, y el crecimiento económico sostenido, a los campesinos e indígenas, trabajadores asalariados, estudiantes y pobladores de la patria chica de Ignacio Manuel Altamirano y de todo el país, sólo se les ofrece como “logros” notables y visibles el asesinato de líderes, activistas y elementos populares; el encarcelamiento de dirigentes indígenas, campesinos, sindicales y de la izquierda opositora; la desaparición de participantes en el movimiento social; la represión de algunas acciones de masas; la desnacionalización de la economía mexicana; la reprimarización de la formación social mexicana; la polarización social; la pérdida de la soberanía nacional ante el vecino septentrional, y la corrupción.

    Un reguero de sangre en los caminos del Sur

    El arribo por segunda ocasión de Ángel Heladio Aguirre Rivero a la gubernatura del estado de Guerrero, ha significado y significa una espiral de violencia reaccionaria y antipopular. Sin la intención de hacer un examen exhaustivo de los asesinatos políticos en la entidad sureña, cabe hacer mención de los siguientes: Javier Torres Cruz, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, el 18 de abril de 2011; Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, normalistas de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011; Andrés Rosales Aguirre, organizador del Movimiento Regeneración Nacional, en Cutzamala de Pinzón, el 12 de enero de 2013; Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, de la Unidad Popular de Iguala, el 3 de junio de 2013; Raymundo Velázquez Flores, líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata y secretario general en Guerrero del Partido Comunista de México, y dos de sus camaradas, a principios de agosto de 2013; Rocío Mesino Mesino, lideresa de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, el 19 de octubre de 2013; Luis Olivares Enríquez, militante del PCM, y su esposa, de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, el 10 de noviembre de 2013, y Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez, dirigentes campesinos de El Paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez, el 16 de noviembre de 2013. La lista anterior sólo es ilustrativa, y de ninguna manera incluye a todos los caídos.

    Los asesinatos en el estado de Guerrero, tienen sus correspondientes en otras entidades federativas. Así, en Oaxaca han sido liquidados físicamente Bernardo Vásquez Sánchez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, en 2012; Nicolás Estrada Merino, del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en 2013; Arturo Pimentel Salas, del Frente Nacional Indígena y Campesino, en 2013, e Ignacio García Maldonado, de Comuna Oaxaca, el 29 de marzo de 2014. En Puebla han caído en 2014, Antonio Esteban Cruz, líder nahua de la Sierra Norte, el 4 de junio; Óscar Samuel Malpica Uribe, ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla, militante de izquierda y distinguido intelectual, el 2 de julio, y José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, niño de San Bernardino Chalchihuapan, el 19 de julio, días después de recibir una bala de goma en la cabeza. En otras entidades fueron acribillados Ygnacio López Mendoza, alcalde del Partido del Trabajo en Santa Ana Anaya, Michoacán, el 6 de noviembre de 2013; Juan Carlos Gómez Silvano, zapatista, en San Sebastián Bachajón, Chiapas, el 21 de marzo de 2014; José Luis Solís López (Galeano), profesor zapatista, en La Realidad, Chiapas, y Ramón Corrales Vega, líder campesino sinaloense, en mayo de este año. El 25 de enero de 2014 murió el activista Juan Francisco Kuykendall Leal, a consecuencia de las heridas recibidas el 1 de diciembre de 2012, día de la toma de posesión de la Presidencia de la República por Enrique Peña Nieto.

    Otras formas de represión

    Paralelamente a las muertes producto de la violencia gubernamental, patronal y del crimen organizado, han crecido con fuerza los presos políticos. Para ilustrar este fenómeno, se mencionan sólo algunos dirigentes, activistas y militantes del movimiento social y la izquierda que han sido recluidos en prisión: Gonzalo Molina y Nestora Salgado, líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero; Mario González García, militante anarquista, detenido en la represión del 2 de octubre de 2013; Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores, Jazmín Velázquez Ramírez, Victorina Ramírez y otros miembros del Frente Popular en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en la entidad poblana, desde abril de 2014; Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, y Mario Luna Romero, vocero de la tribu yaqui. También estuvieron encarcelados, siendo liberados poco después, Felipe Rodríguez Aguirre, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, del Estado de México, y David Venegas, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad.

    Además de los asesinatos y encarcelamientos, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se han producido acciones represivas contra manifestantes opositores del fraude electoral, normalistas de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, trabajadores de la educación, policías comunitarios, universitarios, campesinos e indígenas. Permanecen, asimismo, como desaparecidos muchos militantes de izquierda y del movimiento social de las gestiones gubernamentales anteriores, en tanto que se han agregado otros en el actual periodo presidencial.

    Significado de los asesinatos del 26 y 27 de septiembre

    Los asesinatos de los miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, Daniel Solís Gallardo, nativo de Zihuatanejo, de la Costa Grande de Guerrero; Julio César Fuentes Mondragón, nacido en la capital federal, y Aldo Gutiérrez Solano, por la forma en que ocurrieron, por los métodos utilizados y por la respuesta de los órganos gubernamentales, es útil hacer algunas consideraciones.

    En la persecución y matanza de los estudiantes campesinos de Ayotzinapa, participaron, según afirman muchos testigos presenciales, elementos de la policía municipal y un “comando” de civiles armados con “cuernos de chivo” que no sólo dispararon contra los normalistas y maestros, sino que lanzaron ráfagas de balas sobre camiones y otros vehículos en circulación. De acuerdo con varios analistas políticos e integrantes de organizaciones sociales de Guerrero, la Ciudad de México y otros lugares, tales pistoleros están al servicio de bandas delincuenciales, de empresarios mineros y madereros, de organismos de derecha y del gobierno neoliberal, generando con ello el renacimiento de grupos al estilo de los “halcones” que concretaron la matanza del 10 de junio de 1971. En otras ocasiones, como el 12 de diciembre de 2011, se ha hecho referencia a estos grupos irregulares de creación oficial, de paramilitares y de guardias blancas. Si esto es así, no queda sino arribar a una conclusión: los gobiernos del centro y de Guerrero están embarcados, ante el fracaso total de su programa económico, en una política que combina las acciones judiciales de carácter represivo, con el Ejército en funciones policiales y con formaciones irregulares creadas por el gobierno, las grandes empresas y las bandas del crimen organizado y el narcotráfico. Dicho en otras palabras, la colombianización del Estado mexicano.

    Los estudiantes normalistas han señalado que en los hechos intervinieron también policías estatales y federales. No debe dejarse caer en saco roto tal señalamiento.

    La responsabilidad de la izquierda perredista

    Los militantes del ala izquierda del PRD deberían hacerse eco de los estudiantes normalistas y las organizaciones populares guerrerenses que demandan procesar y sancionar a los policías municipales responsables de las ejecuciones extrajudiciales, así como a las autoridades municipales que consintieron las violaciones a los derechos humanos; procesar judicialmente a las autoridades estatales y federales que permitieron estas acciones anticonstitucionales; presentar con vida a los 57 estudiantes desaparecidos y garantizarles su integridad física; garantizar la atención integral, médica y psicológica, de los estudiantes lesionados; reparar los daños a las víctimas y sus familiares; garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes que han denunciado los hechos y de los defensores de derechos humanos, y, en especial, exigir revocación de mandato y juicio político al gobernador de la entidad y al presidente municipal de Iguala. 

    Situación jurídica 

    Iñaky Blanco Cabrera, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dio a conocer, el 29 de septiembre retropróximo, que se busca en tres sitios a los 57 compañeros de Ayotzinapa desparecidos. 

    Dado el asesinato de siete personas y la existencia de alrededor de 25 heridos, la PGJE acusó de homicidio calificado a 22 policías municipales de Iguala de la Independencia, de los cuales 16 resultaron positivos en la prueba de radizonato de sodio, que demuestran la utilización de sus armas. Además, el funcionario guerrerense reconoció el uso excesivo de la fuerza pública e incumplimiento de los protocolos de seguridad para disuadir manifestaciones. 

    Para variar, acusó a los normalistas de apedrear a los tecolotes uniformados, sosteniendo que tiene pruebas de ello. Sencillamente ridículo: si la emprenden contra uno a balazos, para asumir una posición correcta, según el procurador del estado de Guerrero, debe ofrecerse la otra mejilla. Vaya lógica de provocador. 

    Eso, sí, debe reconocerse, ratificó la presencia en los hechos, de individuos vestidos de negro y encapuchados, es decir, los sicarios del crimen organizado, paramilitares o guardias blancas. 

    El apoyo del pueblo 

    La solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa ha sido y es estupenda en Guerrero, Oaxaca y otras entidades federativas, con la participación destacada de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En la Ciudad de Oaxaca se celebró una manifestación solidaria, encabezada por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En Chilpancingo, se efectuó el 29 de septiembre una marcha por la mañana, congregando a más de 3 mil normalistas, maestros y padres de familia, que al recorrer las calles recibieron grandes muestras de apoyo. En el Congreso local, manifestantes solicitaron una reunión con diputados para plantear la demanda de revocación de mandato y juicio político del gobernador del estado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, mas no encontraron a ningún representante “popular”. Sobresalieron por su participación en la marcha, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, el Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero, el Frente Estatal de Maestros de Educación Superior y cientos de afiliados a la FECSM de Chihuahua, Michoacán, Aguascalientes y Morelos. 

    Por la noche del mismo día, cerca de mil ciudadanos y adolescentes desfilaron por la capital estatal, con velas, para demandar a las autoridades federales y estatales hacer justicia a los estudiantes victimados y al futbolista David Josué García Evangelista. En esa fecha, las nueve normales públicas del estado suriano llevaron a cabo un paro de labores de 24 horas. En Acapulco e Iguala se efectuaron, también, actos públicos de protesta por la masacre y en solidaridad con los normalistas agredidos. 

    Para finalizar, en la República Mexicana existe una organización estudiantil representativa, con una historia de luchas victoriosas y forjadora de dirigentes, cuadros y activistas combativos y capaces: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Con seguridad, los golpes que le han propinado los gobernantes represivos no desmoralizarán al estudiantado normalista del campo y su organización de vanguardia. De seguir los pasos que exige la situación, cabe esperar, la FECSM obtendrá la conquista de sus demandas centrales y no permitirá ser destruida por los personeros de la antipatria: el régimen neoliberal del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, la derecha del PRD y los partidos bonsái paleros de la administración incapaz e ineficiente de Enrique Peña Nieto. 

     

    *Este artículo está apoyado en documentos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, el Taller de Desarrollo Comunitario, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, y artículos, notas y editoriales de La Jornada y El Sur (Acapulco).