Organizaciones de la sociedad civil indicaron que las medidas realizadas por el Estado son “cosméticas” y no existen mecanismos efectivos que coadyuven a la búsqueda de personas desaparecidas.
Regeneración, 6 de julio de 2016.- Con un informe alternativo al realizado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), organizaciones sociales que acompañar y representan a familiares de personas desaparecidas, manifestaron su preocupación debido al aumento de las desapariciones en el país y la impunidad en que se mantienen la mayoría de los casos.
El Comité de la ONU estableció tres recomendaciones sobre las que el Estado debía informar en un plazo de un año. Las recomendaciones eran abordar la necesidad de que el Estado establezca un Registro Único de Personas Desaparecidas, un Mecanismo Transnacional de Búsqueda y Acceso a la Justicia y medidas para fortalecer la búsqueda inmediata y, en caso de fallecimiento, la restitución digna de los restos. El estado informó sobre su cumplimiento en febrero de 2016.
Ante ello, las organizaciones indicaron que las medidas realizadas por el Estado son “cosméticas”. Dijeron, por ejemplo, que el Registro Único de Personas Desaparecidas (RNPED) no cumple con los estándares del CED, pues omite información fundamental que permitiría determinar si se trata de una desaparición forzadas, además que invisibiliza a personas migrantes, niños, niñas y adolescentes.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), se congratularon con la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y la apertura de su Titular, pero también señalaron su preocupación por la falta de recursos y personal y la resistencia a remitir casos que vinculan a la delincuencia organizada.
Además, dijeron que debido a la falta de reglas operativas, de personal y la ausencia de colaboración eficaz por parte de algunas áreas de la PGR, no se puede afirmar que exista una efectiva ejecución del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.
“A pesar del cambio de Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas a Fiscalía, esta instancia carece de recursos y personal suficiente y especializado. En el caso del Protocolo Homologado de Búsqueda e Investigación del Delito de Desaparición Forzada, en la práctica no existen las instancias de coordinación ni personal ministerial suficiente tanto a nivel federal como estatal. A esto se suma la colusión de autoridades y el hecho de que las autoridades competentes desconocen el protocolo. Persisten prácticas de estigmatizar y criminalizar a las víctimas o pedir sumas de dinero para desincentivar la denuncia y evadir su responsabilidad de iniciar la búsqueda”, expusieron.
En el documento se subraya que “la dilación en la implementación de la base de datos Ante Mortem/Post Mortem y la falta de una política de exhumación e identificación de restos humanos en fosas clandestinas han obligado a las organizaciones de familiares a iniciar búsquedas por sus propios medios en al menos siete estados a pesar de los riesgos”.
Además, otros puntos que preocupan a las organizaciones son la falta de implementación de medidas cautelares y la falta de actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Con información del Sistema Integral de Información en Derechos Humanos.