En EU, más de 500 agentes fronterizos han sido acusados de tráfico de drogas, sobornos, brutalidad doméstica y durante arrestos así como asesinatos, en un periodo de dos años
Regeneración, 13 de octubre del 2018. Más de 500 empleados de la agencia principal de seguridad de la frontera de Estados Unidos fueron acusados de tráfico de drogas, aceptación de sobornos y una variedad de otros delitos durante un período de dos años, según los informes publicados el viernes.
Ron Nixon, de New York Times, señaló lo anterior según los informes, publicados por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de Aduanas y Protección de Fronteras y su Oficina de Responsabilidad Profesional.
El informe abarca los años de 2016 y 2017.
Los arrestos más comunes se relacionaron con mala conducta relacionada con drogas o alcohol; los informes concluyeron que 109 empleados se enfrentaron a ese tipo de cargos en 2016 y 119 en 2017.
La mala conducta doméstica o familiar fue la segunda razón más común para el arresto de los empleados de la agencia fronteriza: 51 en 2017, frente a los 44 del año anterior, según los datos, informó el corresponsal de seguridad nacional del diario.
Nixon recordó que Aduanas y Protección Fronteriza tiene un presupuesto de más de $ 15 mil millones y es la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza.
La institución norteamericana «emplea a más de 60,000 personas, lo que la convierte en la agencia de cumplimiento de la ley más grande de los Estados Unidos», precisó el periodista.
Aduanas y Protección Fronteriza ha sido acusada de uso excesivo de la fuerza contra los migrantes.
Las estadísticas
En 2017, según los informes, la agencia abrió 252 casos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes fronterizos, frente a 338 en 2016.
Doce casos de fuerza excesiva en 2017 resultaron en lesiones graves o la muerte de una persona, por debajo de 23 en 2016, según los datos.
Los informes siguen a varios actos de violencia de alto perfil este año por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza alrededor de Laredo, Texas, enfocando la atención nacional en la agencia.
El New York Times detalla que el mes pasado, un agente que había trabajado en la Patrulla Fronteriza durante 10 años fue acusado de matar a cuatro mujeres y agredir a un quinto en un período de dos semanas.
El agente, Juan David Ortiz, de 35 años, fue arrestado luego de huir de la policía estatal de Texas que lo había confrontado en una gasolinera.
«Lo encontraron escondido en un estacionamiento de un hotel en una autopista interestatal», precisó el corresponsal, que también cubre temas relacionados con la migración.
En mayo, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó y mató a Claudia Patricia Gómez González, una guatemalteca de 19 años que había cruzado la frontera ilegalmente cerca de Laredo.
Las autoridades dijeron que el agente había estado buscando actividades ilegales en un área residencial cuando fue atacado con objetos contundentes por un grupo de personas que incluía a la Sra. Gómez.
Un residente que presenció el tiroteo disputó el relato de los funcionarios, incluyendo detalles sobre dónde ocurrió y si el grupo usó armas.
Ambos casos ocurrieron en 2018 y no se incluyeron en los informes publicados el viernes.
El objetivo de los informes
Los funcionarios de la agencia dijeron que la publicación de los informes anuales subraya el compromiso de la agencia con la transparencia y las acciones rápidas para eliminar a los empleados que violan la ley o las políticas internas.
También dijeron que los informes muestran que la mayoría de los empleados realizan sus tareas sin meterse en problemas.
«Estamos hablando de una fracción de la organización», dijo Matthew Klein, comisionado asistente de la Oficina de Responsabilidad Profesional.
Ron Nixon es corresponsal de seguridad nacional del New York Times.
60 millones de dólares en acuerdos para silenciar familiares y víctimas
En febrero de este año The Guardian publicó que de 2005 y hasta julio de 2017, el Gobierno estadounidense ha pagado 60 millones de dólares en acuerdos para silenciar a familiares y víctimas por muertes, lesiones, casos de violencia injustificada y deportaciones de ciudadanos, entre otros.
«Desde que asumió el cargo, Donald Trump ha presionado para expandir las fuerza de Patrulla en la frontera sur», señala el medio británico.
«(Pero) la revisión de datos de acuerdos legales y los detalles encontrados en los registros judiciales despiertan inquietudes sobre la interacción de los agentes con civiles, tanto nativos como inmigrantes».
De acuerdo con la investigación, el Gobierno federal ha resuelto al menos 20 reclamos por muerte injusta en nombre de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) desde 2003, en incidentes que incluyen disparos, golpes, y colisiones.
Además, 47 millones de dólares se destinaron a pagar acuerdos con víctimas de accidentes ocasionados por la conducción imprudente de vehículos de la CBP.
Seis de los accidentes fueron mortales y 18 terminaron con lesiones graves, incluidas amputaciones y discapacidad.
En tanto, cuatro personas, incluidos dos ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente, llegaron a un acuerdo monetario tras haber sido deportados erróneamente.
También se pagaron más de 650 mil dólares a cuatro personas que recibieron disparos y sobrevivieron, señala el medio.
Otros 6 millones de dólares fueron destinados para pagos a hombres y mujeres que aseguraron haber sido arrestados por prejuicios raciales, detenidos durante horas y, en algunos casos, agredidos.
Víctimas describen haber sido apuntadas con un arma en la cabeza y recibir golpizas en los puestos de control, cruces, en el desierto, en un aeropuerto, frente a sus hijos e, incluso, en su propia casa.
El análisis de The Guardian, difundido por la agencia AP, se produce después de que el agente Lonnie Swartz fuera absuelto en abril de un cargo de homicidio por disparar 16 veces desde suelo estadounidense al adolescente mexicano José Antonio Elena Rodríguez en Nogales, Sonora.
Según Chris Rickerd, de la ONG Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, los pagos revelan un patrón de conducta indebida mucho más amplio, pues muchos de los reclamos ni siquiera llegan a la justicia.
«Los tribunales cierran la puerta (a las víctimas), no sólo en el dinero que piden en las demandas, sino para presentar una queja y ser escuchadas», aseguró a The Guardian.