El Poder Judicial de Perú revocó la orden de impedimento de salir del país contra Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Desastre
Regeneración, 12 de enero de 2024. La Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Así, informó este viernes el Ministerio Público.
-«El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública».
Además, dice que_
«El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022», conforme publicó la Fiscalía en su cuenta en la red social X.
Perú
Cabe destacar que el exmandatario se encuentra recluido desde ese día en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 18 meses.
Asimismo, pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
Por otra parte, el Poder Judicial de Perú revocó la orden de impedimento de salir del país durante un plazo de 36 meses impuesta a Keiko Fujimori.
Esto es como se sabe, hija del expresidente Alberto Fujimori.
Así lo ha decidido la Segunda Sala Penal de Apelaciones del país, que ha tomado la misma decisión respecto a Mark Vito, exmarido de Fujimori.
Así como a los exdirigentes de Fuerza Popular José Chlimper, Piere Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama y Adriana Tarazona, recoge la emisora RPP.
Y es que es investigada por posible blanqueo de capitales en el marco de las campañas electorales de la excandidata.
Así, en 2016, el partido informó de que se había recabado unos 4,6 millones de soles (1,1 millones de euros); pero un informe de la Fiscalía señaló que solo pudieron justificar un 30 por ciento de esa cantidad.
Además, Fujimori ha sido encarcelada por esta pesquisa en dos ocasiones de manera preventiva.
Mal
Por otra parte, portales destacan que el Congreso de Perú ha promulgado cambios a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para normalizar tierras deforestadas ilegalmente por la tala.
Así como cultivos extensivos de palma, actividades que eventualmente disfrazan negocios de criminalidad organizada como el narcotráfico y la minería ilegal.
El pretexto del Parlamento y sus aliados para legislar a favor de redes ilícitas es una regulación de la Unión Europea (EUDR).
Y, misma que bloquea la importación de café y cacao producidos en tierras deforestadas hasta 2020.
Según el Congreso; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; y la patronal de la gran empresa (Confiep), la legislación evita perjudicar a miles de caficultores.
Sin embargo, especialistas estatales y de la sociedad civil denuncian que al no sancionar la deforestación, facilita la operación de organizaciones criminales en territorios de pueblos indígenas.