Gobierno de la CDMX va por los “montachoques” y prestamos gota a gota; este es el plan

La iniciativa de la jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada propone hasta 15 años de prisión y agiliza el combate a la extorsión.

La iniciativa de la jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada propone hasta 15 años de prisión y agiliza el combate a la extorsión.

RegeneraciónMx, 11 de noviembre de 2024. La Ciudad de México se prepara para enfrentar la extorsión con mayor rigor, tras el anuncio de una iniciativa para reformar el artículo 148 Quarter del Código Penal.

La propuesta fue hecha por el gobierno de Clara Brugada, quien busca aumentar las sanciones de 5 a 10 o incluso hasta 15 años de prisión para quienes cometan este delito.

Además, se pretende que la extorsión sea perseguida de oficio, lo cual permitiría agilizar las investigaciones y sanciones.

“No queremos dar tregua para combatir este delito y con esta estrategia vamos a detener y desalentar estas prácticas que se han convertido en un flagelo para los habitantes de la Ciudad de México”, declaró Brugada.

En complemento a esta reforma, Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana, anunció la implementación de un nuevo modelo de atención a víctimas de extorsión; el cual contempla tanto el ámbito telefónico como el presencial.

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Además, este modelo incluirá la creación de un centro de atención disponible las 24 horas a través del número 55 50 36 33 01; para que los ciudadanos puedan denunciar estos casos de manera rápida y segura.

Gobierno de la CDMX creará una Fiscalía Especializada

Asimismo, se establecerá una Fiscalía Especializada en el Combate a la Extorsión que brindará acompañamiento integral a las víctimas; protegiendo tanto a las personas afectadas como al lugar de los hechos.

Vázquez también destacó los avances logrados en 2024 y mencionó la detención de 305 personas involucradas en delitos de extorsión y el seguimiento de mil 874 casos de llamadas extorsivas.

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Además, se reforzarán las medidas para prevenir las llamadas extorsivas que se originan desde centros penitenciarios; lo que supone un esfuerzo adicional para proteger a la ciudadanía frente a este delito en crecimiento.

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