Cuatro años después del desastre ambiental en los ríos Sonora y Bacanuchi, Grupo México ha instalado 3 de las 36 plantas potabilizadoras, y de ésas, ninguna sirve
Regeneración, 7 de agosto de 2018. A cuatro años del desastre ambiental que provocó Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, donde arrojaron 40 millones de litros de sulfato de cobre, contaminando 5 mil 573 hectáreas de cultivo, Grupo México sigue sin cumplir sus compromisos para resarcir el daño.
Recordemos que el 6 de agosto de 2014 se derramó el sulfato de cobre, provocando el “peor desastre ambiental” de la historia de México, que también afectó a 73 mil cabezas de ganado, además de provocar severos daños en las vías respiratorias, riñones y aparato digestivo en al menos 381 personas, en una población regional de 22 mil.
Luego de lo sucedido, Grupo México tomó una serie de compromisos, entre los que estaban la reactivación económica de la zona, edificar un hospital para atender a los afectados, mantener nuevos pozos de agua e instalar 36 plantas potabilizadoras, de las que se construyeron tres, pero ninguna sirve.
La mina responsable del “accidente” es Buena Vista del Cobre, de Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea (segundo hombre más rico del país). Pese al dinero de Larrea, la complicidad de las autoridades y la falta de interés del magnate, tienen a las personas de la zona en la miseria.
Una de las afectadas, Luz Mercedes Apodaca, aún espera el hospital especializado que prometieron. Su rostro tiene llagas desde aquel 6 de agosto en que decidió mojarse la cara para refrescarse con agua del río, sin saber que había sido contaminado.
En lugar del hospital, las autoridades se conformaron con una pequeña casa adecuada como clínica, en la comunidad de Ures, alejada de los demás municipios afectados.
Los compromisos no se han cumplido. Reportajes de la prensa nacional han documentado que Grupo México sólo instaló 3 de 36 plantas potabilizadoras, que no existe el hospital y hay en general indolencia ante la situación que viven las personas del lugar..
La complicidad de las autoridades estatales y federales es clara. En abril de 2017, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Wenceslao Cota Montoya, afirmó que no se necesitaban las 36 plantas potabilizadoras y que con 9 serían suficientes. Sólo se construyeron 3. Los responsables del Fideicomiso no han dado la cara frente a los habitantes de los 8 municipios afectados.
¿Cómo es posible que un hombre tan rico como Larrea ni siquiera pueda pagar las afectaciones que provocaron sus negocios? A cambio de eso, ha expandido sus operaciones en Perú y Estados Unidos, ya no sólo en minería, sino en sectores como infraestructura y transporte.
Vía LSR y Homozapping.