Guatemala: 22 municipios inician movilizaciones tras 15 días de medidas de excepción. Piden que no se extienda el actual decreto de 30 días
Regeneración, 24 de septiembre del 2019. Guatemala y su recurrencia en los estado de excepción como forma de gobierno se analizan para contextualizar el anuncio de movilizaciones por parte de sectores campesinos de 22 municipios, que viven la conculcación de derechos.
Por Ollantay Itzamná*
Cuando el alemán Carl Smihtt, a principios del siglo XX, elaboraba su teoría política sobre “Estado de Excepción”, como una extrema medida para preservar el “bien público”, lo planteaba pensando en estados modernos que gozaban de buena salud.
El aparente Estado de Guatemala, cada vez con más evidencias de cooptación interna, y en acelerado proceso de entropía, desde la firma de los Acuerdos de Paz (1996), aplicó estados de excepción en 22 oportunidades.
Es decir, casi un Estado de Excepción por año.
Desde el 2010 a la fecha, los diferentes gobiernos aplicaron 5 estados de sitio.
El defenestrado gobierno de Otto Pérez aplicó 2 estados de sitio, y el actual gobernante, Jimmy Morales también ya dictó 2 estados de sitio.
Esta constatación histórica evidencia que en Guatemala las medidas de Estado de Excepción son casi una regla constante en la gestión del Estado.
Por tanto no son ninguna medida de excepción, mucho menos para proteger el “bien público”.
Estado de sitio ¿para qué?
El gobierno de Otto Pérez, en 2012 dictó Estado de Sitio en el norte del Departamento de Huehuetenango para proteger militarmente el proyecto hidroeléctrico de una empresa española de la protesta indígena del lugar.
De igual forma, en 2013, dictó Estado de Excepción en municipios del Departamento de Santa Rosa y Jalapa para proteger a la empresa minera canadiense de la repulsa social.
En 2014, dictó Estado de Sitio, en San Juan Sacatepéquez, para proteger el proyecto de la empresa Cementos Progreso S.A.
En 2017 y 2019, Jimmy Morales, dictó estados de sitio en municipios de diferentes departamentos del país con el argumento de “lucha contra la narcoactividad”.
Pero, a la fecha, no capturan a ningún narcotraficante.
Más por el contrario la floreciente industria del narcotráfico, cada año que pasa, adquiere carta de ciudadanía privilegiada en Guatemala.
Lo que sí es evidente fue que estas medidas de excepción se utilizaron para intimidar, desmovilizar y castigar a los procesos organizativos de resistencias comunitarias frente a las industrias narco extractivas.
Acaban de presentar el primer informe de los resultados del Estado de Sitio vigente en 22 municipios del país:
“80 personas detenidas en estado de ebriedad…”
Indígenas y campesinos anuncian movilizaciones para resistir al Estado de Sitio
En este contexto, cuando transcurren casi dos semanas del actual Estado de Sitio declarado en 22 municipios del país, comunidades organizadas en resistencia a nivel nacional, articulados en el movimiento Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), anuncian acciones colectivas de protesta en las calles.
Si acaso el actual gobernante no levanta dicho Estado de Sitio al cumplirse los 30 de días de su vigencia legal.
En los últimos años, estas comunidades organizadas en resistencia, se autoproclaman defensores comunitarios de derechos.
Y, se han constituido, en los hechos, quizás en el último bastión de la conciencia y dignidad de los pueblos que se resisten a claudicar ante la hegemonía desordenada del sistema narco-neoliberal en la región.
El objetivo reiterado de estas comunidades organizadas en resistencia es la construcción del Estado Plurinacional, con autonomías territoriales, mediante un proceso constituyente.
Sin embargo, al parecer, no están dispuestos aceptar a que el Estado criollo “abuse” de sus mecanismos legales para intimidar, desmotivar o aniquilar los procesos organizativos de resistencia para restaurar la Vida en Guatemala.
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*Ollantay Itzamná es defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos