Aprueban reglas para sanción a ‘El Bronco’ por desvío de recursos

Sanción directa podría tomar la forma de apercibimiento, amonestación, multa, destitución del cargo o inhabilitación, esto tras juicio sumario


Regeneración, 24 de septiembre del 2019. El Congreso de Nuevo León aprobó las reglas procesales para aplicar una sanción directa al gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.

La sanción incluye a Manuel González, secretario General de Gobierno, por las irregularidades en la recolección de firmas para la candidatura independiente a la presidencia, del mandatario estatal.

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este lunes las reglas procesales para el juicio sumario para aplicar una sanción al gobernador.

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Aprobación por mayoría
Las reglas procesales se aprobaron 38 votos a favor y dos abstenciones. Las diputadas Ivonne Bustos y Claudia Tapia votaron en abstención.
Por su parte, Mariela Saldívar se excusó de la votación porque fue la promovente de la denuncia junto con el ahora senador, Samuel García.
A Rodríguez Calderón y a Manuel González, tras ser citados en audiencia, se les aplicará una sanción directa, descartándose el juicio político.

Desde apercibimiento hasta destitución del cargo

La sanción directa para ambos por haber desviado recursos públicos para fines electorales puede ser apercibimiento, amonestación, multa, destitución del cargo o inhabilitación.

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Al reanudar los trabajos, la Comisión estableció en el dictamen del acuerdo que se está dando cumplimiento a la orden que dio la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esa autoridad ya resolvió que ambos funcionarios desviaron recursos, por lo que ahora toca al Congreso aplicar la sanción.

La sanción directa que impulsa el Congreso es un procedimiento especial diferente al juicio político.

El acuerdo indica que se les citará en audiencia y enseguida se emitirán las sanciones para ambos funcionarios en una sola sentencia.

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Ante la ausencia de normas específicas, de aclara que el Congreso es el único órgano competente para sancionar a seis funcionarios que no tienen superior jerárquico en el caso de delitos electorales.

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