Consuelo Porras tiene solo 3 meses más en el cargo, sin embargo, la investigación en su contra por adopciones ilegales está en curso
Regeneración, 19 de febrero de 2026 – Este miércoles, el gobierno de Guatemala notificó que ha solicitado a la Fiscalía una indagatoria sobre una supuesta implicación de la fiscal general, Consuelo Porras, en adopciones ilegales en la década de 1980, según un grupo de expertos de la ONU.
Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación (PGN), que actúa como representante legal del Estado, presentó la denuncia.
Aunque es poco probable que la acusación avance en los tres meses que le quedan a Porras en su cargo, ella calificó las imputaciones como «falsas».
Relatores y expertos de la ONU han pedido que se realice una investigación independiente sobre la supuesta involucración de la fiscal en las adopciones ilegales.
Se dice que esto ocurrió cuando ella ocupó el cargo de directora, administradora y “tutora” de un hogar estatal para niños en 1982.
Denuncia
La PGN «entregó la denuncia correspondiente al Ministerio Público (Fiscalía).
Activando el mecanismo legal que permite que los hechos sean examinados de manera independiente, objetiva y cumpliendo el debido proceso».
Esto fue declarado en una conferencia de prensa por el director de la institución, Julio Saavedra.
El funcionario indicó que «los hechos deben ser aclarados a través de investigaciones institucionales imparciales y conforme a la normativa».
También comentó que la PGN ha solicitado a la Fiscalía que se le permita ser «querellante adhesivo» para colaborar con la investigación.
Expertos
Los expertos de la ONU afirmaron haber recibido datos sobre «al menos 80 niños indígenas que fueron víctimas de adopciones internacionales ilegales».
Esto ocurrió después de «su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996», durante el conflicto civil en Guatemala.
La fiscal general, de 72 años, negó «categóricamente» las acusaciones.
Además, solicitó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que dichas alegaciones «sean revisadas, aclaradas y corregidas».
Elección fallida
La denuncia emergió el mismo día en que Porras no logró ser elegida como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), un puesto que le brindaría inmunidad.
La fiscal está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran «corrupta» y «antidemocrática».
Esto se debe a que ha iniciado procesos penales contra exfuncionarios antimafia, periodistas y líderes comunitarios.
Además, hace dos años, intentó bloquear la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.
